El 29 de diciembre del año 2001 estalló un terrible incendio en Mesa Redonda, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno y la Municipalidad de Lima. El fuego se propagó en los almacenes de productos inflamables y en las estrechas calles fue imposible escapar para centenares personas, entre comerciantes y compradores, que perecieron calcinadas.

Pese a la magnitud de la tragedia, dos días después, las celebraciones por el Año Nuevo continuaron en el Perú como si nada hubiera pasado. Para mi perplejidad e indignación, ninguna fiesta fue cancelada y muchas personas siguieron celebrando con los mismos cohetes y cohetones que habían causado la tragedia.

Recuerdo mucho que esa noche llegó a mi mente una frase que muchos de mis amigos ya han pensado. Cuando vi a un hombre al lado de un grifo haciendo estallar cohetes con su hijo, pensé: “Este país no tiene arreglo”.

Cada vez que se produce un nuevo incendio en el Centro Histórico regresa a mí ese sentimiento de frustración, porque estoy convencido de que se trata de desastres totalmente evitables si las autoridades tuvieran voluntad política y compromiso con la vida de los ciudadanos.

Los incendios en Mesa Redonda y otros lugares del centro de Lima no se deben a la mala suerte o a la antigüedad de los edificios: su causa principal es el almacenamiento de productos inflamables en depósitos ilegales. Por eso, dos de los edificios de la Plaza Dos de Mayo quedaron destruidos en sendos incendios en el 2014 y en el 2017. Ese año, otro incendio destruyó uno de los más bellos edificios del Jirón de la Unión, donde antaño funcionaba una compañía de seguros. Ni las áreas de Fiscalización o Defensa Civil de la Municipalidad parecen preocuparse por el riesgo que generan los almacenes ilegales.

Después que en abril del 2019 se produjo otro gran incendio en el Jirón Cusco, la Municipalidad de Lima anunció el reordenamiento de Mesa Redonda y que no se concedería más licencias para el funcionamiento de depósitos. Sin embargo, el problema no son las licencias: a los comerciantes de la zona lo que menos les importa es la formalidad y, en realidad, a los compradores tampoco.

Por cierto, no se trata de pobres empresarios sin dinero para colocar extinguidores: detrás del movimiento económico de Mesa Redonda existen grandes inversionistas informales, que construyen gigantescos depósitos para su mercadería. En la zona de Barrios Altos se alzan decenas de depósitos de más de diez pisos a vista y paciencia de las tres últimas gestiones municipales (Villarán, Castañeda y Muñoz). Para construir esos depósitos, previamente los inversionistas inescrupulosos destruyen quintas y casonas y desalojan a los vecinos porque no tienen título de propiedad.

Por las estrechas calles de Barrios Altos circulan trailers inmensos que abastecen de mercadería a los depósitos. Las vibraciones que estos vehículos ocasionan ponen en peligro otros inmuebles. Por eso colapsó parte del techo de la iglesia de Santa Ana, a cuyo costado precisamente hay otro gigantesco depósito que ningún funcionario municipal ha visto.

En algún caso, se ha logrado que el Ministerio de Cultura disponga la demolición de uno de los depósitos… pero como no cuenta con la maquinaria necesaria para ejecutar la sanción, la resolución quedó en letra muerta.

En el fondo, todo este problema requiere una solución radical y es el traslado de las actividades comerciales de Mesa Redonda, una zona donde no deberían producirse, porque las calles son angostas y los inmuebles son muy vulnerables.

Sería muy positivo que quienes viven en zonas como Lima Norte, Lima Sur o San Juan de Lurigancho no tuvieran que trasladarse hasta Mesa Redonda y hubiera locales mucho más amplios, construidos con licencia y condiciones adecuadas para la venta y el almacenamiento de los productos.

Para ello, claro, se necesita una intervención coordinada de la Municipalidad de Lima con las Municipalidades Distritales, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Producción, Defensa Civil y otras entidades.

Se necesita que el Estado cumpla su labor fundamental de promover que las actividades económicas se lleven a cabo en un contexto de seguridad, en lugar de encogerse de hombros y esperar al siguiente incendio. Es sorprendente revisar la historia y constatar que antes el Estado actuaba así. Por ejemplo, para preservar la higiene y la seguridad de los vecinos, en tiempos de Ramón Castilla se procedió a construir el actual Mercado Central. A comienzos del siglo XX se demolió el sórdido callejón de Otaiza, que se convirtió en lo que ahora es la calle Billinghurst.

Cien años después, en esa misma zona, Mesa Redonda es un símbolo de la abdicación del Estado de sus principales funciones.