El año pasado, dado que no podían tener hijos, los esposos chilenos Jorge Tovar y Rosario Madueño vinieron al Perú para un procedimiento de vientre de alquiler. En agosto de ese año, nacieron sus mellizos, pero, cuando estaban por viajar con ellos a Chile, los esposos fueron detenidos en el aeropuerto y acusados de trata de personas.

La fiscal Edith Chillitupa pidió para ambos prisión preventiva y la juez Elizabeth Castillo dispuso un año de reclusión. A Tovar lo enviaron al penal Sarita Colonia del Callao y a su esposa a una cárcel de Ancón. Debido a que, según las dos desubicadas magistradas, se trataba de unos secuestradores de bebés, dispusieron que les quitaran a sus hijos. Quince días después, cuando la prueba de ADN determinó que Jorge y Rosario eran los padres de los bebés, fueron puestos en libertad.

Un año después, es difícil entender qué llevó a la fiscal y la juez a una decisión tan insensata, pudiendo, con un poco de criterio, pedir que primero se realizara la prueba de ADN y solo disponer la reclusión si el resultado era negativo. Sin embargo, así actúan muchos magistrados peruanos, disponiendo la prisión preventiva con total irresponsabilidad respecto del daño que causan a las personas.

Hace unos meses, la víctima fue la profesora Leonor Velásquez, profesora del colegio Juana Alarco de Dammert, quien perdió el control de su vehículo y tuvo un accidente, atropellando a seis estudiantes que se encontraban en la vereda. Pese a que su conducta había sido un delito culposo, pues ella no estaba ni ebria ni drogada, y, por lo tanto, no debía ser condenada a prisión, el juez Arturo Zapata dispuso que fuera recluida por siete meses en prisión preventiva, pena que todavía está cumpliendo.

La resolución vulneraba los requisitos de prisión preventiva, como son el peligro de fuga (no existía ningún indicio) o que ella no tuviera domicilio o empleo conocidos. Además, el mismo encierro impide que trabaje y que cumpla cualquier indemnización para los afectados.

Abusos como los cometidos contra los esposos chilenos y la profesora Velásquez son muy frecuentes, pero a la mayoría de ciudadanos no les importa. En abril, las víctimas fueron el chofer y el copiloto de un ómnibus incendiado en Fiori, enviados por el juez Carlos Coral a siete meses de prisión preventiva, pese a que era absurdo atribuirles responsabilidad penal.

Muchas personas celebran cuando la víctima es un político, como ha ocurrido con Ollanta Humala o Nadine Heredia. Yo respaldo la lucha contra la corrupción, pero creo que la prisión debe disponerse después de la sentencia, salvo que existan serios indicios de fuga. En todo caso, es preferible que un corrupto fugue a que un inocente vaya a prisión (si alguien considera lo contrario, realmente no entiende lo que son los derechos humanos ni la cárcel).

Aún cinco o seis días de prisión tienen consecuencias permanentes en la salud física y emocional de la persona y también de su familia. Sé de parejas que se han divorciado, de personas que han ido a la quiebra o han caído en el alcoholismo luego de la “prisión preventiva”. Durante el segundo gobierno de Alan García estuve apoyando a varios dirigentes sindicales que sufrieron prisión preventiva y ninguno se recuperó de las secuelas.

Con frecuencia, son las redes sociales y los medios de comunicación los que exigen que se cometan estos abusos, como ocurrió con Melissa Gonzales, una joven que había atropellado a dos personas en la avenida Javier Prado. En este caso, el argumento desquiciado para condenarla fue ¡“discriminación”!. Pedían que se le impusiera prisión preventiva, porque se le había impuesto a la profesora Velásquez. Finalmente, la juez Liliana Chávez dispuso la medida, usando como peregrino criterio que la víctima había viajado al extranjero.

Es verdad que este año la Corte Suprema aprobó un Acuerdo Plenario para restringir la irresponsabilidad de los jueces al disponer la prisión preventiva, pero éste fue desoído por la juez y también por Jorge Chávez, el juez que le impuso 18 meses de prisión preventiva a Fernando Cantuarias, el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. En este último caso, no existen mayores indicios de delito que la vaga acusación de un cuestionado colaborador eficaz. El magistrado había improvisado tanto su resolución que coloca en un párrafo a Pedro Pablo Kuczynski como acusado.

Ante tantos abusos, me sorprende que los organismos de derechos humanos no sean los que más se esfuerzan porque termine la aplicación irracional de la prisión preventiva.

Entretanto, debido a jueces como Elizabeth Castillo, Carlos Coral, Arturo Zapata, Liliana Chávez y Jorge Chávez, muchas personas se encuentran privadas de libertad y sometidas a todo tipo de vejámenes. Triste es un país donde la libertad de las personas se decide por magistrados tan irresponsables.