En los últimos meses, algunas personas vinculadas a la PUCP han difundido apreciaciones negativas sobre mi persona que se centran en señalarme como homofóbico, misógino y protector de acosadores sexuales. 

Todas las personas que me conocen saben que se trata de acusaciones absurdas, pero es verdad que cuando una acusación se repite insistentemente, puede generar desconcierto.    Es cierto también que en tiempos de posverdad y fakenews mucha gente acepta las cosas negativas sobre las personas que no conocen en las redes sociales.

Ante ese panorama, declaro que rechazo frontalmente toda forma de abuso contra las personas y que considero el acoso sexual una de las más infames.   No se trata solamente de una declaración retórica: he intervenido frente a estos abusos desde antes de ser Defensor Universitario y desde ese cargo he apoyado a todas las personas que han denunciado estos hechos, brindándoles la orientación necesaria para que puedan hacer las denuncias ante la Comisión Especial contra el Acoso que tiene la PUCP desde hace más de dos años.  Es verdad que no todas las personas se atrevieron a denunciar: algunas señalaban que no estaban preparadas para hacer una denuncia por el costo emocional que implicaría. En otros casos, cuando era evidente que el agresor tenía un patrón de conducta, yo asumía la tarea de ubicar a otras víctimas para que presentaran sus denuncias de manera conjunta y así quedara comprobado el peligro que generaba el sujeto.    Evidentemente, frente a personas así lo único que queda es impedir que sigan en la Universidad, mediante el despido o la expulsión. 

En un caso reciente, el responsable era un trabajador, por lo que el caso era responsabilidad de la Dirección de Gestión del Talento Humano (DGTH). Recopilé los testimonios de las estudiantes afectadas, los remití a la DGTH y luego el agresor fue retirado de la Universidad. Otro individuo, que también había acosado a varias personas, renunció después que entregué toda la información sobre él. Lamentablemente, no fue posible sancionarlo, pero al menos ya no es un peligro dentro de la Universidad.

También he tenido que intervenir ante agresiones cometidas por personas externas a la PUCP. Por ejemplo, una trabajadora denunció a un sujeto que ingresaba haciéndose pasar por estudiante. Las normas internas no permitían sancionarlo, pero lo que hice fue gestionar que se le impidiera el ingreso al campus. Debido a que, pese a la orden, lo volvieron a encontrar merodeando, tuve que mostrar personalmente su foto a los vigilantes de la puerta por la que entraba.    En otro caso, en que una alumna fue agredida en una discoteca por un sujeto que no tenía relación con la Universidad, busqué apoyo legal para la víctima haciendo gestiones con un estudio de abogados que accedió a brindarle el apoyo.

De otro lado, varias alumnas y trabajadoras me avisaron que un antiguo agresor se encontraba estudiando un diplomado en la Universidad y que había más de diez víctimas, todas las cuales habían presentado una denuncia ante el Ministerio Público. Los hechos se habían producido hace años, cuando ni el agresor ni las víctimas estaban vinculados a la PUCP, lo cual impedía iniciar algún proceso interno.   Ante esta imposibilidad, tuve que asumir la ingrata tarea de conversar con el propio sujeto y pedirle que se retire de la Universidad.   Inicialmente se negó, pero a los pocos días aceptó y ya no ha regresado.

Durante los dos años que he estado en la Defensoría todas las autoridades, docentes, funcionarios y dirigentes estudiantiles con quienes me he comunicado han intervenido de manera adecuada en la lucha contra el acoso. Varias autoridades o docentes han dado su apoyo a víctimas que estaban demasiado afectadas para denunciar. Hasta el momento no he conocido ningún intento de encubrimiento hacia un agresor. Si lo hubiera conocido, lo habría denunciado como corresponde.  

En cuanto a las acusaciones de discriminador, desde hace más de veinte años lucho contra toda las formas de discriminación en nuestro país, especialmente el racismo.    En la PUCP normalmente no se encuentra racismo explícito, pero pueden darse casos complicados: había un estudiante de intercambio haitiano, que era considerado sospechoso por los vigilantes.   Tras enterarme de situaciones incómodas, me comuniqué con la oficina de seguridad y a los pocos días ya se le veía tranquilo y seguro en el campus, superados los malos momentos.

Otro sector que sufre discriminación en muchas universidades son los alumnos de Beca 18, al punto que muchas veces ellos prefieren ocultar su condición.   Ninguno ha venido a la Defensoría a quejarse de discriminación, sino para buscar ayuda en diversos trámites, especialmente para evitar que pierdan la beca. Es muy duro conocer las situaciones que enfrentan, como problemas familiares, afectaciones a la salud y otras dificultades.   Recuerdo que una de las primeras alumnas a la que le redactamos la solicitud a PRONABEC pensaba que nosotros le cobraríamos por el trámite.

Por otro lado, es paradójico que me acusen de “homofóbico” y “transfóbico”, cuando, hace más de diez años, en tiempos en que la orientación sexual y la identidad de género estaban ausentes de las normas nacionales, con varios colegas decidimos incorporarlos a las Ordenanzas municipales y regionales contra la discriminación que se iban aprobando.  Recuerdo todavía la satisfacción que los colectivos gays tuvieron en Ayacucho cuando por primera vez se aprobó una norma contra la discriminación que sufrían. Desde Abancay hasta Miraflores y desde Jesús María hasta Sullana construimos un primer cuerpo normativo que reflejaba aquello que todavía muchos legisladores no comprendían.

Paralelamente, se hizo necesario difundir las nuevas Ordenanzas entre los funcionarios. A mí me tocó hablar al respecto en lugares tan distintos como Andahuaylas, Huamanga, Chiclayo y Miraflores. En todos esos espacios subsistían muchos prejuicios contra las personas trans y contra los gays, por lo que las charlas debían enfatizar especialmente esta situación.

Años después, en mi primer año como Defensor Universitario en la PUCP me tocó enfrentar los casos de transfobia cometidos por decenas de alumnos en las redes sociales. La víctima había denunciado los hechos sin lograr sanción alguna.    Lo mismo sucedió cuando yo recopilé los nuevos insultos que se venían difundiendo y varios funcionarios me respondían que las normas de la universidad no abarcaban las publicaciones en redes sociales. Por ello, propusimos y logramos que se modificaran los reglamentos disciplinarios para precisar que estaban prohibidas las expresiones discriminatorias y violentas en las redes sociales.

En aquel primer año de mi gestión, la principal demanda de los estudiantes trans era que la Universidad les reconociera su identidad de género y su nombre social, lo que implicaba modificar los documentos internos de identificación.    Esta demanda generó resistencia de los sectores más conservadores o de quiénes no comprendían esta problemática.   Formé parte de la comisión que debía buscar una alternativa legal.

-Lo importante es encontrar alguna universidad Pontificia y Católica que tenga esta política –manifestó un colega.

Me sumergí a buscar alguna en internet y encontré tres Pontificias Universidades Católicas en Brasil que reconocían el derecho de los estudiantes trans a su nombre social, así como la historia de Brigitte LG Baptiste, una bióloga transgénero que es una de las principales docentes de la Universidad Javeriana de Bogotá (también Pontificia y Católica).

En mi argumentación en favor de los estudiantes trans cité también al Papa Francisco y la forma cómo acogió al transexual español Diego Neira, quien fue a visitarlo al Vaticano con su pareja.

Con estos aportes y los de muchas personas, se logró la anhelada reforma en los documentos de identidad.

En una comunidad tan grande como la PUCP existe siempre mucho por hacer en relación a la discriminación. Hay ahora una demanda de los alumnos invidentes porque no se digitaliza a tiempo las lecturas que necesitan. De otra parte, queremos realizar pronto un informe sobre la situación de los profesores mayores, de 70 años o más, y los problemas que enfrentan.

Si bien en una Defensoría Universitaria se atienden los derechos de todos, es necesario dar prioridad a quienes más necesidades tienen.

Los defensores de derechos humanos sabemos que solemos ser descalificados como “defensores de terroristas”, “defensores de delincuentes”, “antimineros”, “rojos” y otras expresiones. Creo que todo esto han dicho de mí.     Las expresiones “defensor de acosadores”, “misógino” , "discriminador" u “hostigador de víctimas” que vienen circulando son falsas como todas las anteriores, pero son especialmente injustas, porque una de las prioridades de mi gestión ha sido que la PUCP sea un espacio seguro para todos, donde nadie sea sujeto de ninguna forma de agresión.