El viernes 22 participé, en la Plazuela de San Pedro, en una protesta para exigir el respeto a los derechos de las personas. Lo curioso era, que en este caso, quien vulneraba dichos derechos no era un autoritario Ministro del Interior o una empresa extractiva sin escrúpulos, sino el Defensor del Pueblo y las víctimas eran los trabajadores de la propia Defensoría.    

Esta lamentable historia comenzó el seis de setiembre, cuando el Congreso de la República eligió como Defensor al abogado Walter Gutiérrez, quien ha sido Decano del Colegio de Abogados y director de la revista Gaceta Jurídica, pero carece de experiencia en materia de derechos humanos, más aún frente a un candidato con la trayectoria de Samuel Abad.

Para que Gutiérrez alcanzara los votos que le permitieron asumir el cargo, fue clave que a la mayoría fujimorista se sumara la bancada de PPK. Apenas si cinco congresistas de esta agrupación, entre ellos Alberto De Belaúnde y Gino Costa, se abstuvieron frente a un candidato tan inadecuado. También se abstuvo Guido Lombardi, quien denunció que en el 2009 Gutiérrez abandonó la comisión investigadora sobre la tragedia de Bagua y expresó muchos temores sobre el futuro de la Defensoría.

Los meses que siguieron le han dado la razón. Desde que Gutiérrez asumió la Defensoria del Pueblo, ha realizado nombramientos tan cuestionables como el suyo, entre ellos José Elice, ahora Primer Adjunto. Élice no solamente ha sido asesor de congresistas fujimoristas, sino que dirigió la entidad Reflexión Democrática, que buscaba promover los intereses de las empresas mineras en el Congreso.

Igualmente, es preocupante el nombramiento de Delia Muñoz, como Jefa del Gabinete. La trayectoria de esta abogada no está vinculada a defender a los ciudadanos, sino al Estado, como hizo en el caso de Bagua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al mismo tiempo, muchos valiosos funcionarios se han sentido tan hostilizados que han debido retirarse, quedando seriamente afectadas áreas como las que enfrentan temas constitucionales y derechos indígenas. Hasta la propia Jefa de Administración ha renunciado debido al maltrato contra el personal.

Hace pocos días, sin mayor explicación, se anunció que no se renovaría el contrato a cuarenta trabajadores en diferentes oficinas. Ello motivó a los trabajadores a realizar una protesta a nivel nacional el miércoles 21. Al estilo defensorial tradicional, lo hicieron en la hora de refrigerio, para no incumplir con sus obligaciones. Y al día siguiente, al estilo defensorial actual, a catorce de los que protestaron se les indicó que tampoco se les renovaría su contrato.

Esta evidente represalia generó mucha indignación y por ello se convocó la nueva protesta del viernes. Esa mañana, allegados a Gutiérrez recorrieron las oficinas amedrentando al personal diciendo que quienes participaran serían “los siguientes”.   Otros habían estado llamando a los jefes de las Oficinas Defensoriales en otras ciudades para preguntar quiénes estaban participando en las protestas.   Sin embargo, media hora antes del plantón, los catorce fueron convocados para decirles que se retrocedía en la medida. Probablemente, Gutiérrez se dio cuenta que había ido demasiado lejos. Igualmente, se realizó la protesta, con presencia de tres congresistas, Alberto De Belaúnde, Indira Huilca y Marisa Glave.

Estas arbitrariedades, además, muestran la gran precariedad que origina la condición de CAS para los trabajadores estatales. Precisamente quejarse frente a un abuso implica mayor posibilidad de sufrir represalias. Hace unos meses, conocí a varias víctimas de acoso sexual en una respetable entidad estatal, pero ninguna quiso denunciar los hechos por temor a perder su trabajo y los dos acosadores continúan laborando muy campantes.

Es lamentable que en estos tres meses, además, Walter Gutiérrez se haya mantenido muy distante de los trabajadores. Si realmente le interesa la Defensoría, debería conversar con ellos y aprender así sobre el derecho a la consulta previa, la lucha contra el racismo, los derechos de la población LGTB o los conflictos sociales, es decir los problemas que la Defensoría ha enfrentado en los últimos años y que para él no son tan importantes. Lejos de ello, su gestión ha guardado silencio frente a situaciones tan graves como las torturas en Huaycán y ni siquiera cumplió con presentar el Informe Anual Defensorial haciendo el ridículo frente al mismo Congreso que lo había elegido.

Si Gutiérrez creía que la Defensoría era una oportunidad para afianzar su carrera política, debería darse cuenta que está en el lugar equivocado: la fortaleza de la Defensoría del Pueblo está en su autoridad moral y él la ha perdido con sucesivos errores. Además, también puede originar que la institución pierda parte de su austero presupuesto: la cooperación internacional, que ha ayudado mucho al financiamiento de la Defensoría, puede recapacitar sobre apoyar a una entidad que se pronuncia sobre la marihuana como si fuera una grave violación a los derechos humanos y pide que se investigue el tráfico de órganos.   Hace unos minutos, alguno de los improvisados personajes que han llegado con Gutiérrez me ha vuelto a enviar el comunicado sobre el supuesto tráfico. 

Personalmente, creo que lo mejor para el país sería que Gutiérrez renuncie, pero quienes lo conocen creen que es imposible. Solo queda entonces seguir defendiendo a la Defensoría… del arbitrario Defensor.