Chachapoyas, sin duda, está muy lejos de Accomarca. No hubo allí mayores enfrentamientos o violaciones a los derechos humanos durante los años del conflicto armado. Sin embargo, un viaje a Chachapoyas en 1999 desencadenó una serie de acontecimientos hasta que por fin, la semana pasada Telmo Hurtado fue condenado a 25 años de prisión por la masacre. 

En abril de 1999, cuando yo trabajaba en el Instituto de Defensa Legal, viajé a Chachapoyas para dar un curso a los Jueces de Paz. Me acompañaba Glatzer Tuesta, que entonces tenía solamente 23 años, supuestamente para hacer un reportaje sobre el curso, pero en realidad tenía otra misión.

Habían pasado 14 años desde que Hurtado dirigió la columna que asesinó a 69 campesinos en Accomarca, incluyendo niños y bebés. El crimen, ocurrido a las pocas semanas del primer gobierno de Alan García, había causado conmoción en la opinión pública, porque se sabía que el régimen de Belaúnde había permitido muchas masacres similares y se esperaba que con el cambio de gobierno esto ya no ocurriría más.

García relevó de su cargo al general Wilfredo Mori, Jefe del Comando Político Militar de Ayacucho. A diferencia de la complicidad del parlamento anterior con los crímenes que ocurrían en Ayacucho, en este caso, se formó una comisión investigadora en el Congreso, ante la cual Hurtado confesó sin mayores remordimientos. La comisión calificó la masacre como “genocidio”, pero la Corte Suprema señaló que correspondía al Fuero Militar juzgarlo y Hurtado desapareció de la escena pública. Para su beneficio, en 1995 Fujimori promulgó las leyes 26479 y 26492 que otorgaban amnistía a militares y policías por las violaciones a los derechos humanos que hubieran cometido.

En 1999, los corresponsales de IDL Radio, donde laboraba Glatzer, denunciaron que en la base El Milagro en San Ignacio (Cajamarca) se cometían levas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. El responsable sería un mayor del ejército llamado Ricardo Hurtado Hurtado, que se jactaba de los crímenes que había cometido años atrás en Ayacucho. En el IDL sospechábamos que el mayor Hurtado podría ser el mismo Telmo Hurtado y el viaje a Chachapoyas fue la ocasión para comprobarlo.

Todavía recuerdo cuando, terminado el curso, Glatzer se bajó del ómnibus en el cruce de Chamaya, para dirigirse a Jaén y luego a San Ignacio. Tantos años después, me pongo a pensar cuán imprudente era que viajara solo, pero efectivamente, en el viaje Glatzer comprobó que Telmo y Ricardo Hurtado eran la misma persona y que había sido ascendido y protegido por las Fuerzas Armadas. Ante el escándalo, Hurtado fue dado de baja y volvió a desaparecer.

Tras la caída de Fujimori y la derogatoria de la Ley de Amnistía, Hurtado huyó a los Estados Unidos, donde fue capturado en el 2007. En el 2011 fue extraditado y comenzó el juicio por la masacre. Un detalle poco difundido es que durante un tiempo, Hurtado compartió la celda con Gregorio Santos, el Gobernador Regional de Cajamarca, quien precisamente es de San Ignacio.

El pasado miércoles 31 de agosto, tras más de doce horas de aguardar a la intemperie, los familiares de las víctimas de Accomarca escucharon por fin la condena a 25 años de prisión para Hurtado, pero también para otros nueve militares, entre ellos el general Mori.

La condena a Mori, implicado también en la masacre de Putis, revela que las masacres que se cometieron en los años ochenta no se debían a la locura o el sadismo de algunos oficiales (como el teniente Roca, protagonista de la película La Boca del Lobo), sino que se trataba de una estrategia planificada intencionalmente por los altos mandos militares.

La desaparición de miles de personas, el exterminio de aldeas enteras, la construcción de hornos para incinerar cadáveres en Los Cabitos, las violaciones de centenares de campesinas, no fueron actos aislados, sino deliberados. Y todo este horror, naturalmente, implica la responsabilidad del gobierno de Belaúnde, a quien muchos todavía pretenden considerar un patricio democrático, pese a todos los horrores que se cometieron (y denunciaron) mientras estuvo en el poder.

Personalmente, yo creo que el crecimiento de Sendero Luminoso se debió precisamente a las atrocidades que cometieron las Fuerzas Armadas entre 1983 y 1985, originando la total deslegitimación del Estado.

En Accomarca, Umasi, Putis y un doloroso etcétera, impacta especialmente el asesinato de decenas de niños, varios de apenas meses de nacidos. Ni siquiera los militares argentinos cometieron crímenes así, porque ellos procuraban entregar a los bebés de sus víctimas. Solamente el más profundo desprecio por la población andina puede explicar que los militares hayan cometido esas atrocidades. Y, además, la convicción de que quedarían impunes.

Estoy seguro de que en estos 31 años muchas veces pareció que nunca habría justicia, pero si se ha logrado es por la actuación valerosa de muchas personas: familiares, abogados, políticos, periodistas. A todos ellos nuestro reconocimiento.