Hace unas semanas, me pidieron que acompañara a un grupo de jóvenes dirigentes de partidos políticos a recorrer la muestra Yuyanapaq y a conversar al respecto. Los organizadores no habían incluido entre los participantes a gente perteneciente al Frente Amplio, quizás porque pensaban que ya estaban informados.  

Mientras pasábamos ante las fotos que mostraban escenas cuestionantes y dolorosas, me sorprendió que varios jóvenes, lejos de escuchar las explicaciones que daba la guía, se dedicaban a tomarse selfies o a chatear por sus celulares. Alguien podría decirme que las nuevas generaciones tienen “una manera diferente de apreciar la realidad”, pero he visitado el Lugar de la Memoria (LUM) con mis alumnos de la PUCP y siempre han mostrado respeto e interés por lo que veían y escuchaban.

Un rato después, durante el espacio de reflexión, me llamó la atención que ellos insistieran en que les había llamado la atención el impacto del terrorismo.

Al quinto o sexto comentario en la misma línea, intervine para precisar que muchas fotografías de Yuyanapaq mostraban crímenes que no habían sido cometidos por Sendero Luminoso o el MRTA.

-Ni la masacre de Barrios Altos, ni Cayara, Accomarca o Putis fueron cometidas por los terroristas. Tampoco las desapariciones forzadas de miles de personas.

Les expliqué que era necesario recordar los crímenes cometidos por policías y militares, porque muchas de sus causas, como el menosprecio por la población andina, todavía están presentes.

Me escucharon y acto seguido, reanudaron el discurso sobre el daño que el terrorismo había causado. Parecían bloqueados para cualquier sentimiento de autocrítica sobre la sociedad o el rol del Estado. Eso sí, una joven dirigenta añadió que le había sorprendido saber de la muerte de los periodistas en Uchuraccay.

-Ha sido algo nuevo. Nadie de mi familia sabe nada al respecto –añadió.

Yo pensé que quizás no habían querido hablar con ella sobre la masacre. Pensé también que quizás esos jóvenes son muestra de aquellos sectores sociales que tras la captura de Abimael Guzmán o inclusive desde antes, optaron por la indiferencia y el olvido. Pensé que, aunque el LUM y Yuyanapaq se encuentran en instituciones estatales, es muy poco lo que el Estado peruano ha hecho para que la sociedad enfrente las causas de la violencia de las anteriores décadas.

En este contexto de tanta indiferencia, me pareció sumamente trascendental que el viernes pasado, en la conmemoración por el XIII Aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad, la Ministra de Justicia Marisol Pérez Tello haya pedido perdón a nombre del Estado a las víctimas de la violencia. Este pedido de perdón era tanto por los crímenes cometidos por los agentes estatales, como por la impunidad en que habían quedado. Pidió perdón también porque por primera vez el Ministerio de Justicia se hacía presente en El Ojo que Llora.

La Ministra Pérez Tello además señaló algo que todos sabemos, pero que nadie suele decir:

-Cayara, Putis, Accomarca, Soras, Uchuraccay siguen estando en las mismas condiciones y en la misma situación de pobreza extrema, exclusión, abandono y falta de oportunidades que hace 33 años.

Eso es muy cierto y muestra cómo el Estado peruano ha continuado siendo profundamente excluyente y la sociedad ha naturalizado la desigualdad.

En la ceremonia del viernes, la Viceministra de Derechos Humanos Gisella Vignolo anunció también la reapertura del Registro Único de Víctimas, absurdamente cerrado hace unos años y el inicio de las reuniones para poner en marcha la Ley 30470, en relación a la búsqueda de miles de desaparecidos. Señaló que el Ministerio acatará la sentencia que dispone que las personas que sufrieron diversas pérdidas durante el conflicto deben ser indemnizadas por cada una de las afectaciones.

Junto con los avances en los temas de memoria y reparaciones, es fundamental también avanzar en materia de justicia. Este miércoles, después de seis años, por fin se leerá sentencia a Telmo Hurtado, asesino confeso de Accomarca, mientras avanza con lentitud el juicio a los militares que violaron a decenas de campesinas en las bases militares de Manta y Vilca… Y éstos son de los pocos casos que han podido ser llevados a los tribunales.

En realidad, a la voluntad política del Ministerio de Justicia, se debería sumar la intervención de otras entidades. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas y Policiales sistemáticamente se niegan a dar los nombres de los efectivos al mando de los diferentes operativos. El Poder Judicial y el Ministerio Público se muestran sumamente conservadores, al punto que lograr una condena es sumamente difícil.

En cambio, la semana pasada, en Córdoba, Argentina, fueron condenados a cadena perpetua 28 militares vinculados a crímenes de lesa humanidad. Decenas de militares han sido condenados en años anteriores, incluyendo el ex Presidente Videla.

Es urgente avanzar ahora. No podemos esperar a que los jóvenes dirigentes políticos que conocí lleguen al poder.