La principal dificultad para hacer un balance de los cinco años del gobierno de Ollanta Humala es que pareciera que se trata de dos regímenes totalmente diferentes: un Estado que buscó beneficiar a los sectores populares con políticas serias, muchas de ellas sin precedentes en el Perú y otro Estado que mantuvo la opción por favorecer a los grupos económicos más poderosos aún cuando esto implicara atentar contra la vida, la salud y la seguridad de los ciudadanos que el otro Estado buscaba apoyar.  

En el caso del primer Estado, la evaluación debería basarse en si estas políticas fueron oportunas y eficaces. En el segundo, se reprodujeron las mismas prácticas de Toledo o García, aunque dichos grupos nunca llegaron a confiar en Humala y lo tuvieron siempre en la mira. Para mí, la destitución de Omar Chehado y la campaña contra Nadine Heredia fueron demostraciones de fuerza para alejarlo de cualquier tentación “chavista”.

Quizás Humala sentía la amenaza de sufrir un juicio político o una destitución como les ocurrió a Lugo en el Paraguay o Zelaya en Honduras. En todo caso, el poder mediático sistemáticamente procuró aislarlo de la población, invisibilizando todos sus logros en el ámbito social. Ni las inauguraciones de hospitales o carreteras eran difundidas. Ni siquiera Humala aparecía en las fotos de las cinco ediciones de Mistura donde estuvo presente.

La misma prensa tan dedicada a cubrir los viajes de otros Presidentes, nunca mencionaba los viajes de Humala al extranjero, salvo los aspectos más anecdóticos o desfavorables, como comparando su estatura con la del rey Felipe o distorsionando su entrevista con el Papa Francisco para hacer creer que había hablado de fútbol y no de pobreza o desarrollo.

En su afán por congraciarse con los poderes económicos, Humala terminó sacrificando el respaldo de quienes habían votado por él en el 2011 y terminaron percibiéndolo como un “traidor”. En Lima, un ejemplo fueron las marchas por la derogatoria de la llamada Ley Pulpín. Sin embargo, lo peor fue que el gobierno recurrió a la violencia para respaldar a empresas cuestionadas por la población como ocurrió en Conga y Espinar, a menos de un año de asumir el poder. De hecho, cualquier situación que ocurría fuera de la capital podía ser objeto de la represión más violenta, desde la protesta contra una cárcel hasta la resistencia a un desalojo, como ocurrió en Cajamarca.

Durante el régimen de Humala, las violaciones a los derechos humanos han alcanzado niveles similares a lo ocurrido durante el conflicto armado: decenas de personas muertas, detenciones arbitrarias, torturas. Ni siquiera los integrantes de ONGs de derechos humanos, la Iglesia Católica o la Defensoría del Pueblo se libraron de ser golpeados. La mayor violencia, debe reconocerse, ocurrió el primer año, durante las gestiones de los Ministros del Interior Oscar Valdés y Wilver Calle. Sus sucesores Wilfredo Pedraza y Walter Albán lograron reducir la violencia policial, que se reanudó bajo la gestión de José Luis Pérez Guadalupe en Tía María y Cotabambas.

Centenares de familias siguen padeciendo las secuelas de los hechos violentos. Es más, en varios casos, las víctimas están siendo procesadas gracias a la complicidad de jueces y fiscales con la represión (En Espinar, inclusive, los fiscales permitieron que se usara el campamento de la empresa minera Xstrata como centro de detención y tortura).

Y, sin embargo, como dice un refrán “Mal paga el diablo a quien bien lo sirve” y nada de esto cambió la actitud de los grupos de poder hacia Humala. Como resultado del bloqueo mediático muchos limeños dicen que el régimen de Humala “nada hizo” porque desconocen el funcionamiento de los programas sociales como Qali Warma o Juntos, ignoran que existen centenares de Tambos donde se concentra la presencia del Estado o no imaginan que existen las PÍAS (Plataformas Itinerantes de Acción Social) que recorren a los habitantes de los ríos amazónicos servicios como médicos, dentistas, Banco de la Nación y registradores de RENIEC. No saben que el Seguro Integral de Salud que se ha extendido a millones de peruanos ni conocen los Colegios de Alto Rendimiento.

Todas estas medidas, naturalmente, pudieron tomarse porque no afectaban ningún interés económico. Es más, en temas como Beca 18, varias universidades privadas se vieron beneficiadas.

Debo destacar no solamente la extensión de los programas sociales, sino la creatividad para evitar la pasividad de los beneficiarios. Un ejemplo es el programa Saberes Productivos de Pensión 65 donde los adultos mayores compartían sus conocimientos en sus actividades tradicionales y los idiomas indígenas. De hecho, parte del rescate de los idiomas jaqaru y kukama se realizó gracias a Pensión 65.

En realidad, el tema de los idiomas indígenas se abordó de una manera extraordinaria a través del Ministerio de Educación. La Dirección de Educación Bilingüe Intercultural publicó millones de libros en idiomas indígenas y miles de profesores fueron capacitados. Se oficializaron los alfabetos de diversos idiomas indígenas. Se hicieron también muchos materiales sobre la población afroperuana e inclusive sobre los peruanos de ascendencia italiana, japonesa y china.

Por su parte, la flamante Dirección de Lenguas del Ministerio de Cultura estuvo muy activa: promovió la capacitación y la formalización de casi doscientos intérpretes y traductores de idiomas indígenas y logró la aprobación del Reglamento de la Ley de Lenguas. El efecto de esta labor de los Ministerios de Educación y Cultura fue muy positivo para que otras instituciones se preocuparan por el tema lingüístico, como RENIEC, el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura.

Ain embargo, la esquizofrenia estatal estaba también presente en el Ministerio de Cultura dado que la propia Ministra Álvarez Calderón no tenía mayor claridad sobre la inculturalidad o los derechos indígenas, pese a lo cual, el Viceministerio de Interculturalidad realizó una importante labor en cuanto a la población afroperuana, la Base de Datos de Pueblos Indígenas o el Lugar de la Memoria (aunque la ostentosa inauguración del mismo reflejaba las contradicciones del régimen). Desde la gestión de la Ministra, además, el programa Alerta contra el Racismo perdió todo su vigor.

Otro ejemplo de la esquizofrenia del régimen humalista fue la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, aprobada en los primeros meses, pero bloqueada casi de inmediato por el propio gobierno, que negaba que hubiera indígenas andinos. Pese a ello, el Ministerio de Cultura logró publicar la Base de Datos que incluye a los indígenas andinos y se hicieron las primeras consultas, aunque la propia Ministra hace pocos días sostuvo que la norma simplemente buscaba “informar” a la población.

El régimen de Ollanta Humala concluirá en las próximas horas y parece que, en el mejor de los casos, continuaremos teniendo un estado esquizofrénico, con algunos sectores más propensos a promover los derechos ciudadanos y otros enfocados a facilitar a toda costa las inversiones aunque implique soslayar dichos derechos. Esperemos que Kuczynski continúe los avances en materias sociales, aunque la elección de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social no parece acreditar mucha preocupación por la materia. Al menos esperemos que evite a toda costa emplear la violencia para imponer decisiones impopulares. Al menos confiemos en que comprenda que existen muchas expectativas por parte de la población y desoírlas puede ser muy peligroso para la estabilidad de la sociedad.