Un funcionario de una Municipalidad de Huancayo le dice a una pareja de sordomudos que la ley les prohíbe casarse. En un hospital de Chiclayo, los médicos se rehúsan a atender el parto de una mujer con VIH. El director de un colegio de Huanta prohíbe ingresar a los niños israelitas por tener el cabello largo, como dispone su religión. En Vilcashuamán, a una profesora se le impide continuar laborando por estar embarazada.

En todas estas situaciones, ocurridas en los últimos años, la intervención de los integrantes de la Defensoría del Pueblo resultó indispensable para restablecer el respeto por los derechos fundamentales que estaban siendo vulnerados.

La Defensoría comenzó a funcionar en 1996, en tiempos en que el Estado peruano era mucho más precario y reducido y los pocos programas sociales buscaban mantener la dependencia alimentaria en condiciones de clientelaje.

Muchas cosas han cambiado en estos 20 años en la relación entre el Estado y los peruanos más pobres: los barcos de PIAS recorren los ríos Morona o Napo llevando a registradores de RENIEC, cajeros del Banco de la Nación, médicos, odontólogos y salas de cirugías. Casi 300 Tambos sirven de alojamiento para los funcionarios que recorren las zonas para los programas sociales en las zonas rurales y también sirven de almacén en caso de desastres. En los últimos catorce años se ha logrado que 17 millones de peruanos se afilien al Seguro Integral de Salud. En junio se realizará en Sicuani el noveno curso para intérpretes en idiomas indígenas, orientado a la administración de justicia.

Sin embargo, la expansión del Estado para garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación, la justicia o la documentación no está exenta de ineficiencia y burocracia. Existen todavía funcionarios preocupados simplemente de cobrar su sueldo o cumplir disposiciones aunque carezcan de sentido práctico. Y, todavía están quienes desde el Estado vulneran abiertamente los derechos humanos, como se aprecia en los abusos policiales o en prácticas discriminatorias aisladas o institucionalizadas.

Para lograr que las entidades estatales respeten los derechos fundamentales y cumplan con sus funciones, la Defensoría del Pueblo ha tenido un rol fundamental, manteniendo así su gran credibilidad en la población.

Lamentablemente, como ocurre con otras acciones estatales muy importantes, la labor defensorial no recibe la difusión que debería en los medios de comunicación. No se da adecuada cobertura a informes, notas de prensa o campañas que podrían tener mucho impacto. Si quieren una prueba, revisen el video sobre los adultos mayores o el que se ha elaborado en quechua para las comunidades campesinas.

Naturalmente, para los diferentes grupos de poder político o económico, la Defensoría del Pueblo puede ser incómoda, pero ese es su rol en un país como el Perú: le corresponde señalar los vacíos, errores o delitos de los funcionarios estatales. Le corresponde también informar cómo cumplen su rol las entidades encargadas de sancionar a los particulares. La Defensoría ha informado que muchas veces ni el Poder Judicial ni los Ministerios o el INDECOPI han cumplido con esta responsabilidad.

Probablemente, el temor a una Defensoría del Pueblo fuerte e independiente ha llevado a que durante largos períodos los congresistas se abstengan de nombrar a un Defensor. De esta manera, entre los años 2000 y 2005 mantuvieron a Walter Albán Peralta como Defensor encargado y lo mismo viene sucediendo con Eduardo Vega Luna desde el año 2011.

Esta inestabilidad debería terminar el próximo miércoles 18, fecha en que el Congreso ha decidido optar por elegir al nuevo Defensor del Pueblo, siendo candidatos Gastón Soto Vallena y el propio Eduardo Vega.

En mi opinión, para mantener el trabajo de defensa de los derechos humanos, los congresistas deberían votar por el actual Defensor encargado, dada su experiencia y compromiso. A Eduardo lo conozco desde hace muchos años, cuando fue abogado de la Comisión Episcopal de Acción Social y del Instituto de Defensa Legal (IDL). Sé también que en sus primeros años en la Defensoría del Pueblo tuvo la gran responsabilidad de promover la libertad de cientos de personas injustamente acusadas de terrorismo, examinando caso por caso y logró hacerlo en pleno gobierno de Fujimori.

Desde el año 2011 ha logrado que la Defensoría del Pueblo se posicione en diferentes problemáticas, desde la situación de los hospitales hasta los accidentes de carretera, priorizando la situación de los más vulnerables. Eduardo Vega ha tomado decisiones especialmente valientes frente al poder político como presentar una acción de inconstitucionalidad ante la decisión del Ministerio de Defensa de reestablecer el servicio militar obligatorio para los jóvenes más pobres. En estos años, gracias a las intervenciones defensoriales, las diferentes instituciones estatales han tenido, a veces a regañadientes, que corregir procedimientos o prácticas que afectaban derechos.

En todo momento, la Defensoría del Pueblo debe ser dirigida por personas comprometidas con los derechos humanos, pero esto será especialmente importante con miras al siguiente gobierno. Por eso, esperemos que el próximo miércoles el voto de los congresistas sea por Eduardo Vega.