La reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones de excluir a César Acuña y Julio Guzmán de las elecciones del 10 de abril, ha generado que algunos peruanos se pregunten si no vivimos en una “república bananera”.

A mediados del siglo XX surgió este apelativo para referirse a aquellos países centroamericanos que exportaban plátanos a los Estados Unidos. Estaban gobernados por dictadores o por élites corruptas, que empleaban leyes e instituciones para bloquear toda actividad de la oposición y el ejercicio de los derechos fundamentales.

Un ejemplo siniestro de cómo funciona una república bananera, lo tuvimos hace pocos días en el asesinato de la líder hondureña Bertha Cáceres. Pese a la medida cautelar dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las múltiples amenazas que Berta había recibido, ella se encontraba sin protección policial. Los sicarios que la mataron también hirieron a Gustavo Castro, un sociólogo mexicano. Cuando, luego de dar sus declaraciones, Castro estaba por abordar un avión para regresar a México, la policía hondureña se lo impidió violentamente, llegando a forcejear con la embajadora de su país. Actualmente, pese a que su vida corre peligro en Honduras, Castro no puede regresar a su país, por una absurda orden judicial. Para hacer más bananero el panorama, las autoridades le han suspendido la licencia a su abogado.

A quienes este caso puede parecer lejano, les pedimos que piensen en el juicio contra Santiago Manuin y los demás dirigentes indígenas procesados en Bagua sin ninguna prueba en su contra. El Ministerio Público y el Poder Judicial parecen actuar simplemente para humillar a los awajún y wampís e impedirles que alguna vez vuelvan a desafiar al Estado peruano.

En el caso de la exclusión de Acuña y Guzmán, si bien es verdad que en la decisión del Jurado Nacional de Elecciones  podían existir argumentos legales, también es cierto que se trata de una legalidad totalmente alejada de la realidad de los partidos políticos, que en su mayoría son entelequias con comités y asambleas ficticias.

Un amigo me hace pensar que desde mayo del año 2014, otro candidato, Gregorio Santos, se encuentra bajo prisión preventiva, recluido en el penal Piedras Gordas. Cuando en diciembre, le fue renovada la orden de prisión, la mayoría de gente que ahora se indigna por la incertidumbre electoral, prefirió mirar a otro lado. Quizás podía haber algún argumento formal para esta medida, pero después de lo ocurrido con Guzmán y Acuña, pareciera que se trató de otra manera de deshacerse de un candidato incómodo.

Las elecciones del 2016 terminan pareciéndose a las que protagonizaban dictadores como Leguía u Odría, en las cuales los candidatos opositores eran apresados o descalificados por las autoridades electorales. Muchos recuerdan las maniobras que se realizaron en tiempos de Fujimori. La última decisión, tomada esta madrugada por el Jurado Nacional de Elecciones, confirma esta perspectiva.

Es difícil pensar que estemos simplemente ante la incompetencia de las autoridades electorales. Aún quienes creen que Acuña o Guzmán merecían una sanción se dan cuenta que estas medidas deslegitiman el proceso electoral y benefician a Keiko Fujimori, lo que ha generado protestas en todo el Perú.

Sin embargo, quizás nos deberíamos haber dado cuenta antes de cuántos elementos de una república bananera hay en nuestro país. Por ejemplo, que una mujer policía dé pitazos ensordecedores bloqueando el tráfico durante quince minutos, pero permita el paso raudo de un vehículo oficial vulnerando todas las normas de tránsito.

En una república bananera, la población cae en un cinismo generalizado: nadie cree en la ley ni en el Derecho o la justicia, pues son percibidos como simples expresiones de quien tiene poder. Los ciudadanos viven en permanente desconfianza, asumiendo que cualquiera está dispuesto a engañarle o hacerle daño y que, si eso sucede, seguramente quedará impune. De hecho, frases como “Acá no puedes confiar en nadie” o “El peor enemigo de un peruano es otro peruano” han sido acuñadas como muestras del hartazgo por la propia sociedad. Ese hartazgo quedó evidenciado hace algunas semanas, cuando las planchas y listas electorales parecían un festival de deslealtad donde la ambición era la única motivación de muchos políticos.

El lado más terrible de una república bananera es que no existen derechos, sino existe status, que convierte a algunos en intocables y a otros en vulnerables. Miles de campesinos pueden desaparecer y los autores no son sancionados. Miles de campesinas son violadas y nadie es condenado por ello.

Al mismo tiempo, ante las limitaciones para obtener justicia, que gente justifica los linchamientos. De hecho, hasta las redes sociales se convierten en espacios para crueles linchamientos mediáticos con fines supuestamente moralistas (era racista, maltrató a una mascota, se estacionó en una zona prohibida).

Pero el Perú no es una república bananera, porque no está en Centroamérica ni exporta plátanos. ¿O sí? ¿Y si lo es, cómo dejará de serlo?