Hace unas semanas, en medio de las protestas por el borrado de muchos murales del Centro Histórico, el Alcalde Luis Castañeda aseguró que aquellos que representaban a Chabuca Granda serían preservados, porque su imagen sí iba en armonía con dicha parte de la ciudad. Los murales donde aparecían rostros de mujeres y niños andinos sí fueron diligentemente eliminados por los obreros de la Municipalidad.

La afirmación de Castañeda parecía una negación de la migración, a la que él mismo pertenece. Desde hace más de setenta años miles de peruanos han llegado a Lima, en búsqueda de una vida mejor. Entre los últimos en llegar estuvieron los shipibos de diversas comunidades de Ucayali, que ahora viven en la zona de Cantagallo, muy cerca del río Rímac.

La construcción de la autopista Vía Parque Rímac implica para ellos la pérdida de sus viviendas, por lo cual desde hacía varios años estuvieron en negociaciones con la Municipalidad de Lima, hasta que a fines del 2014 se adquirió un terreno en Campoy y se dispuso la construcción de un conjunto habitacional para 270 familias shipibas con una escuela bilingüe y áreas comunes destinadas a sus actividades tradicionales.

Todo esto ha quedado truncado de la manera que ya sabemos: la semana pasada, los shipibos, como los demás limeños, se vieron sorprendidos por una serie de costosos avisos en los periódicos y la televisión que anunciaban un bypass doble bajo la avenidas 28 de Julio. No se había realizado ningún estudio de impacto vial, no se había consultado o informado al Ministerio de Transportes o al de Economía, ni mucho menos a los shipibos.

Antes que los ciudadanos pudieran reaccionar, la empresa brasileña OAS ya había cercado la plazuela donde se encuentran la estatua de Haya de la Torre y el busto de Pedro Huilca con paneles con el logo de la actual administración municipal.

Los funcionarios municipales han explicado que realizarán la mega-obra con el dinero para el complejo habitacional y un parque de 25 hectáreas que se iba a construir en el malecón del río Rímac. Los shipibos quedan así en total desamparo.

Al respecto, advierte Daniel Sánchez, responsable sobre Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo: "Quien causa un daño, tiene la obligación de repararlo. Es una máxima de sentido común y una obligación legal. La comunidad shipibo-conibo ha sido afectada por un proyecto vial desarrollado por la Municipalidad de Lima. Las obras han generado desplazamiento de las tierras donde se asientan las viviendas y las tuberías de los desagües están rotas. Quedarse ahí es peligroso para la salud e integridad de estas 256 familias. Es una obligación de la Municipalidad reubicarlos de manera urgente como un mecanismo de reparación".

De esta manera, la gestión de Castañeda ingresa, en menos de noventa días, en un nuevo conflicto, debido a la pésima combinación de improvisación y altanería. Hace algunas semanas, generó profundo rechazo al borrar los murales, al punto que la feria Art Lima renunció al auspicio de la Municipalidad debido a las fuertes críticas en la comunidad artística. Resultaba increíble que la Municipalidad destine tiempo y recursos a borrar murales, en lugar de pintar tantas fachadas descuidadas.

El bypass y el escándalo de los murales coinciden con el polémico anuncio de la realización de la feria Mistura en el Parque de la Exposición. Como ya hemos señalado, el parque es un espacio monumental, con varias edificaciones muy valiosas, que corren peligro por la gran concentración de personas, la presencia de combustibles, grasa, hollín y posibles accidentes. Es más, se afecta la reapertura del Museo de Arte de Lima, que estaba prevista para agosto, así como la exposición de Martín Chambi.

Para mí los casos de Mistura y nuevo bypass son muestras de la gran improvisación de Castañeda, con la intención de “mostrar obras” a la población. Me recuerda cuando Susana Villarán en setiembre pasado apresuró la reforma del transporte, con una evidente mirada en las elecciones. 

Si realmente lo quisiera, Castañeda no tendría que gastar mucho dinero para enfrentar varios problemas cruciales de los limeños: bastaría extender el Corredor Azul hasta San Juan de Lurigancho o Villa El Salvador y permitir que regresen las líneas que no se superponían ni en una cuadra al Corredor Azul, como la 36. Podría disponer que los vehículos particulares usen el bypass de la avenida Grau, una de sus obras inútiles en el centro de Lima. Y la mejor forma de reducir las congestiones vehiculares es como se hace en París, Santiago o Bogotá: reduciendo el número de vehículos particulares. Entretanto, podría honrar el compromiso de la Municipalidad con las familias shipibas, porque el dinero para hacerlo ya existe y la obligación legal también.