Ayer martes, durante la presentación del Manual para el Empleo del Quechua Chanka en la Administración de Justicia, señalé que, por fin, el Estado peruano enfrentaba la deuda social que tenía hacia millones de quechuahablantes.

Desde la Independencia, la decisión estatal fue asumir solamente el castellano como lengua oficial. Ninguna norma era traducida, aunque, paradójicamente, los indígenas estaban obligados a cumplirlas. De esta manera se incumplía la premisa fundamental para un Estado de Derecho: que los ciudadanos puedan conocer las leyes. Muchos criollos no percibían a los indígenas como ciudadanos y, en todo caso, pensaban que los idiomas indígenas estaban condenados a desaparecer, pero casi doscientos años después, la población que habla idiomas indígenas es muy superior al total de la población peruana de aquel entonces.

Durante este tiempo, el monolingüismo estatal ha mantenido a millones de peruanos en condición de subordinación, sin acceder a derechos fundamentales y ha causado serios problemas de gobernabilidad, porque al menos una gobernabilidad democrática, debe implicar precisamente la atención de las diferencias lingüísticas por parte del Estado.

Hasta el momento, los únicos integrantes del Poder Judicial obligados a hablar los idiomas indígenas son los Jueces de Paz, lo cual implica que solamente en aquellas materias que son de su competencia las personas que no hablan castellano pueden expresarse en su idioma.

Las experiencias históricas de otros países plurilingües, como España, Canadá o Bélgica, muestran que cuando el Estado solamente habla el idioma de un sector de la población, se convierte en un instrumento de dominación para el resto, por lo que es fundamental que la diversidad lingüística sea reflejada en la administración estatal

De acuerdo a nuestra experiencia, efectivamente existen jueces, fiscales, policías y funcionarios de menor jerarquía que conocen el quechua o aymara, pero no necesariamente son asignados a las zonas donde éstos se hablan. Algunos de ellos, se sienten bloqueados al hablar quechua, porque temen equivocarse y prefieren sentirse más seguros hablando en castellano (“no lo hablo, solamente lo entiendo”, es una expresión muy común).

No existe un solo intérprete oficial en las sedes del Ministerio Público, el Poder Judicial o las comisarías. De esta forma, muchos procesos judiciales deberían ser considerados nulos, porque las partes no tienen la posibilidad de comprenderlos. Las traducciones son realizadas de manera improvisada por personas que normalmente desconocen los términos jurídicos, como un empleado de limpieza o una persona que se encuentran circunstancialmente en la Corte. Muchas veces, la falta de manejo de un tiempo verbal o de una expresión pronominal puede generar una total distorsión en la respuesta. Además, las traducciones se realizan solamente para que los magistrados puedan comprender a las personas que declaran. No se piensa que es fundamental para un acusado comprender las declaraciones de los demás participantes.

Hace un año, con Gavina Córdova, dimos el primer paso para revertir esta situación, al elaborar el Manual para el Uso del Quechua en las Comisarías, dentro del proyecto interdisciplinario que teníamos en la PUCP. El Manual fue repartido a más de 4,000 policías en diferentes regiones (casi todo el reparto lo tuve que hacer personalmente, para evitar que el material quedara entrampado en la burocracia estatal). La iniciativa llamó la atención de los funcionarios del Viceministerio de Interculturalidad, quienes me propusieron trabajar el tema con la administración de justicia.

Como hace casi veinte años ocurrió con un material similar que elaboré en Guatemala con el idioma q’eqchi’, busqué consultar a diferentes hablantes de quechua para debatir entre todos la mejor forma de decir cada expresión. Se trató de un trabajo largo y paciente, pero se hizo llevadero gracias a Clodomiro Landeo, Juan Galiano, Eber Llaqtarimay, Cynthia Palomino y Apolinario Saldívar.

El Manual de Quechua Chanka para la Administración de Justicia presentado ayer en el Ministerio de Cultura no solamente desarrolla temas como la violencia familiar, el juicio de alimentos, el bullying en los colegios, sino que contiene una sección de índole procesal para orientar a quien es parte de un juicio penal, sea como imputado, como testigo o como víctima. Debo decir, sin embargo, que un valor adicional de este Manual no tiene carácter jurídico: es la primera sección, en la que se busca sensibilizar al funcionario sobre el trato a los quechuahablantes, dando información sobre las expresiones más respetuosas y cordiales que se pueden usar. Nuevamente, fue con los fiscales de Guatemala, que comprendí que no solamente debe darse información lingüística, sino prevenir la discriminación.

En la presentación, la Viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena anunció que pronto habrá otros Manuales en awajún y quechua del Cusco.

Si hace cinco años me hubieran dicho que participaría en la redacción de dos Manuales de Quechua, uno para la Policía y otro para el Poder Judicial, no lo hubiera creído… pero es verdad y a todos los peruanos nos debe alegrar.