Quizás el único consuelo que les queda a los limeños que cada mañana enfrentan la agobiante proeza de enfrentar el tráfico para llegar a sus centros de trabajo o de estudio es pensar “Es que estamos creciendo”.

Por ejemplo, yo recordaba la avenida Camino Real, como una vía ancha y rápida.  Inclusive la Municipalidad de San Isidro había establecido el sistema de ola verde, para que fuera recorrida con mayor rapidez por el transporte público y privado.  Ya no es así.   Las congestiones se vuelven cada día más largas e infernales, lo que es comprensible si en Lima se compran cada año más de 120,000 vehículos nuevos y la mejor muestra de ascenso social es dejar el transporte público.

El tráfico se complica también porque ahora se construye un edificio nuevo cada media cuadra, a veces frente a frente.  Cerca de mi casa, había una quinta art decó y una tienda de los Hari Krishna donde una vez mi sobrina rompió un elefante de porcelana.  Ahora hay volquetes y compactadoras ocupando dos carriles de la Javier Prado, con resguardo policial para que nadie proteste.   Al frente, sucede lo mismo en la primera cuadra de Camino Real.

Para quienes de niños solamente escuchábamos hablar de crisis, los tiempos actuales son de una prosperidad inimaginable.  Sin embargo, el crecimiento económico no está enfrentando una serie de problemas fundamentales de nuestra sociedad… y mas bien afecta la calidad de vida de muchas personas, especialmente los más débiles.

Cuando logro sortear las zanjas que dejan las construcciones o las obras inconclusas de las prósperas municipalidades, me pregunto, ¿cómo transitará una persona mayor o alguien en silla de ruedas?   Desde Miraflores hasta el Cercado de Lima, ninguna autoridad municipal parece preocupada por ello.  Las inmobiliarias parecen tener licencia para cualquier abuso, incluyendo obras en la madrugada, como me contaba un amigo que vive a pocos metros del nuevo Wong de la Bajada Balta:

-Llamamos desesperados al Serenazgo y los obreros nos enseñaron el permiso municipal.

No sólo la tranquilidad y la seguridad de los vecinos se han visto afectadas por las inversiones inmobiliarias, sino que se han producido irreparables daños en el patrimonio arquitectónico.   Lugares muy hermosos, como la avenida San Felipe en Jesús María han perdido todo su atractivo, como también sucedió en buena parte de Miraflores, Breña, San Miguel, Magdalena o Santa Beatriz.   Muchas autoridades locales han apañado la percepción de las constructoras que ven al patrimonio como un obstáculo.   En el 2012 la destrucción también llegó a San Isidro, donde las casonas de la avenida Salaverry fueron cayendo una a una.

A veces, las autoridades no solamente son cómplices de los problemas, sino que los agravan: por ejemplo, frente a las congestiones de tráfico, la pintoresca solución es desconectar los semáforos y permitir a las mujeres policías empeorar las cosas, interrumpiendo el tráfico hasta por quince minutos.  Usan además desaforadamente sus silbatos, como si quisieran generar más estrés en los ciudadanos.

Hay que matizar también cuando se habla de crecimiento.    Ollanta Humala acaba de inaugurar un paso a desnivel frente a las playas de Asia, pero las carreteras del resto del país siguen en estado lamentable.  Estuve hace unas semanas en Iquitos y vi la misma lacerante pobreza de siempre.  Además, aún en una misma ciudad aparentemente próspera, mucha gente continúa excluida.   Cuando el crecimiento profundiza las diferencias sociales, genera frustración y delincuencia.

Me parece que el Perú reacciona frente al crecimiento como un adolescente engreído que recibe repentinamente una gran cantidad de dinero.  Lejos de volverse más responsable, su comportamiento podría volverse más peligroso, con graves consecuencias para sí mismo y los demás.

Sería ideal que imperara una cultura de bien común, donde la inmobiliaria buscara evitar impactos negativos sobre vecinos y transeúntes; el comprador de un automóvil tomara en cuenta el daño que puede generar a la ciudad, el empresario no solamente pensara en sus ganancias, sino en el bienestar de sus trabajadores.

Si todo esto no existe, es necesario que el Estado reaccione en pro de la convivencia social.  Muchas ciudades europeas han logrado conservar su patrimonio en base a su normatividad.  Las Municipalidades de Bogotá, Quito o Santiago de Chile reducen las congestiones restringiendo el uso de vehículos particulares durante varios días a la semana.  En la universidad inglesa donde estudié, se elevaba periódicamente el precio del estacionamiento para los profesores, para estimularles a usar el transporte público.    Naturalmente, en el Perú todo esto resultaría un sacrilegio.

Sabemos que las épocas de prosperidad no son eternas y deben servir especialmente para producir capital humano, satisfacer derechos fundamentales y solucionar situaciones de injusticia.  ¿Seguiremos desaprovechando esta oportunidad?