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RP 412: Cuando los fiscales avalan los abusos

Publicado: 2012-06-11

Hace algunos años, en las calles de la ciudad del Cusco y en las principales carreteras del departamento aparecieron carteles con la leyenda NADIE ESTÁ LIBRE y la imagen de dos hombres y una mujer, con expresión altiva y vestimenta formal.

Era la publicidad del Ministerio Público del Cusco, para indicar su rol con el nuevo Código Procesal Penal.  En letras más pequeñas se decía que los fiscales (los tres personajes adustos) estarían presentes si el transeúnte terminaba envuelto en un proceso penal como acusado o agraviado.  El texto, lejos de generar tranquilidad, causaba innecesaria aprehensión y era curioso que se hubiera escogido a tres personas que no tenían rasgos andinos, cuya actitud se parecía demasiado a la mirada racista que tantos campesinos cusqueños han padecido.  En un país donde se suele decir “Nadie está libre de una desgracia”, parecía que la desgracia de la que nadie estaba libre era la llegada de los propios fiscales.

He pensado mucho en estos carteles por el cuestionable papel que vienen jugando diversos fiscales en los últimos días.   Como sabemos, el 28 de mayo Jaime Borda y Romualdo Ttito, de la Vicaría de Solidaridad de Sicuani, fueron arbitrariamente detenidos por la policía, después que habían rescatado a un fiscal de una turba.  Con ellos estaba el VicePresidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar, quien fue golpeado por la policía, como le ocurrió a otros 20 campesinos.   Todos estos hechos no ocurrieron en una comisaría, sino en el campamento de la empresa minera Xstrata… donde había varios fiscales empeñados en elaborar denuncias contra los detenidos, pero indiferentes frente a las golpizas que éstos recibían.

No es el primer caso de fiscales que avalan abusos e incumplen su rol de velar por los derechos fundamentales.  Los hechos ocurridos cometidos en el campamento de Xstrata se parecen mucho a lo sucedido en agosto del 2005, cuando un grupo de campesinos, periodistas y profesores fueron torturados en el campamento de la empresa minera Majaz, entonces administrada por Monterrico Metals.   En aquella ocasión, falleció el campesino Melanio García, víctima de la violencia policial.

Presente en el campamento, el fiscal piurano Félix Toledo Leyva denunció a los detenidos por delitos que no habían cometido, pero omitió cualquier denuncia contra los policías por las torturas perpetradas o la muerte de García.

En el 2008 se comportó de igual manera un fiscal con un grupo de trabajadores mineros, brutalmente golpeados  en la comisaría de Casapalca, al punto que uno de ellos tuvo una conmoción cerebral.  Más recientemente, el pasado 4 de junio, la policía abaleó a un grupo de estudiantes que realizaba una manifestación pacífica en Cajamarca y el fiscal lo justificó con el argumento que la policía estaba facultada a impedir la violencia.  Lo pueden ver acá: http://www.youtube.com/watch?v=Hcp5Bk3VDyM

En el caso de Oscar Mollohuanca, el Alcalde de Espinar, el Ministerio Público del Cusco avaló una detención efectuada sin orden judicial y su traslado, también sin orden alguna a la ciudad de Ica.   Allí también se producirían hechos cuestionables en la sede del Ministerio Público: Mercedes Alcántara, abogada de Mollohuanca, del Comité de Derechos Humanos de Ica (CODEHICA) solicitó copias del expediente para apelar la prisión preventiva de cinco meses impuesta al Alcalde, pero se encontró con otras maniobras para impedir la defensa. “Me dijeron que la fiscal a cargo está de licencia en Lima y la fiscal que la reemplazaba no me ha permitido ni siquiera ver el expediente”, nos manifestó el miércoles.   Recién pudo leer el expediente a último momento, cuando ya algunos medios de comunicación estaban al tanto de las nuevas irregularidades.

La explicación de por qué tantos fiscales avalan abusos policiales, podría estar en su falta de carácter o quizás en voluntaria complicidad.  Sin embargo, estas actitudes recurrentes ocurridas en los últimos días en cuatro Distritos Judiciales distintos nos revelarían una situación más compleja y una voluntad superior.  No olvidemos que el Ministerio Público tiene un carácter jerárquico muy marcado, casi como si fuera un cuerpo de oficiales.  Muchos fiscales de rangos inferiores pretenden hacer carrera dentro de la institución y estarían dispuestos a cumplir las órdenes de sus superiores aún si vulneran la ley.

Pese a los carteles en las carreteras, sabemos que en el Perú el Ministerio Público es muy poco conocido por la población.  La opinión pública casi no tiene incidencia en los fiscales, lo cual genera a veces comportamientos muy deficientes.  Los organismos de derechos humanos deberían tener en el fiscal a un aliado, pero a veces encuentran que parece un cómplice de los abusos.

Conviene a los lectores saber que el fiscal Félix Toledo se encuentra preso desde hace varios años por un caso de corrupción.  Todavía debe ser juzgado por su complicidad en los crímenes cometidos en el campamento de la empresa Majaz.


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