En marzo del 2002, los vecinos del residencial distrito limeño de Miraflores recibieron una noticia que les dejó perplejos e indignados: Germán Kruger Espantoso, que fungía de Alcalde interino debido a la detención de Luis Bedoya de Vivanco, había decidido construir bajo el emblemático Parque Kennedy un centro comercial y un estacionamiento subterráneo e inclusive ya había contactado a un grupo de inversionistas coreanos…y lo había hecho sin consultar a nadie, como si se tratase del patio de su casa.

Lo que le ocurrió a los miraflorinos, le ha sucedido a miles de campesinos y nativos en el Perú, con la diferencia que, en su caso, no se entrega en concesión un parque o un área de recreación, sino sus propias tierras…  El Ministerio de Energía y Minas otorga las concesiones mineras sin ninguna consulta o notificación a los propietarios y lo mismo les sucede a los indígenas amazónicos respecto a los lotes petroleros que Perú Petro ofrece a transnacionales chinas, brasileñas o noruegas.

Muchos nativos y campesinos simplemente pueden perder todo lo que tienen por proyectos como Pakitzapango, que inundaría catorce comunidades asháninkas para proporcionar electricidad al Brasil o el caso de Afrodita, una empresa minera que pretende operar en  territorio awajún, en plena Cordillera del Cóndor.  En los últimos años, desde Huancabamba hasta Chumbivilcas se han producido numerosos  conflictos sociales, con el saldo trágico de numerosos muertos y heridos, lo cual jamás hubiera sucedido si este gobierno y el de Toledo hubiesen consultado a la población si estaba de acuerdo con la realización de los proyectos que pretendían imponer… y que no han podido implementar.

Para enfrentar esta problemática, es que el Congreso aprobó la Ley de Consulta, que dispone consultar a la población indígena sobre los proyectos que pueden afectarles.   En este momento, algunos lectores se estarán haciendo una pregunta: ¿por qué sólo los pueblos indígenas?  ¿No debería ser un derecho de todos los peruanos?

Por supuesto que sí: la consulta a los posibles afectados debería ser un derecho fundamental para todos los ciudadanos, como mínimo de un gobierno democrático.  Por el momento, no lo es y por eso también en las ciudades se dan conflictos, sea por los arbitrarios cambios de zonificación en Magdalena, el intento de Antero Flores Araoz de vender el Pentagonito, la venta del mercado de Barranco, la destrucción del Parque Cuadros en Chorrillos o las amenazas a la Bahía de Ancón por la empresa Santa Sofía.

Sin embargo, en el caso de los pueblos indígenas, el derecho a ser consultados ya es parte de nuestro ordenamiento jurídico porque aparece en el Convenio 169 de la OIT que el Perú suscribió en 1993. Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en  la sentencia sobre el expediente 0022-2009-PI/TC.

Pese a ello, la semana pasada, el Poder Ejecutivo decidió observar el proyecto de ley aprobado por el Congreso con una serie de argumentos lamentables.  Señaló, por ejemplo, que no debía darse derecho de veto a los indígenas, lo cual no indica la ley aprobada.   Se planteó además que la ONPE dirija las consultas, pero este organismo tiene formalidades muy difíciles de cumplir en relación a la población indígena, como la exigencia que los participantes en un proceso electoral tengan DNI vigente, lo cual impediría que muchos indígenas intervengan.  Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara al señalar que el Estado mas bien debe respetar los procedimientos tradicionales de los indígenas en los procesos de consulta.

Para nosotros, la observación más sorprendente del gobierno es que ni los aymaras o ni los millones de campesinos que viven en Ayacucho, Huancavelica o Apurímac y tienen el quechua como lengua materna son indígenas.  Los únicos indígenas en el Perú serían los 300,000 que habitan en la Amazonía.

Como ocurrió el año pasado después de la tragedia de Bagua, el gobierno ha quedado aislado con su decisión: la OIT, la Iglesia Católica, Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo y el diario El Comercio (con un editorial de primera plana) le habían invocado a firmar la Ley de Consulta.

En realidad, los procesos de consulta deberían ser algo rutinario, no sólo para los indígenas sino para todos los ciudadanos.  Sin embargo, este gobierno y el anterior han demostrado su rechazo a las prácticas democráticas al oponerse a las consultas vecinales realizadas en Tambogrande (junio del 2002), Huancabamba y Ayabaca (septiembre del 2007) o Cocachacra (septiembre del 2009).

En el caso del Parque Kennedy, ante el rechazo de los vecinos,  los regidores de Miraflores decidieron que el proyecto sólo se ejecutaría si era aprobado en una consulta vecinal.   Sin embargo, semanas después, sabiendo que perderían, Kruger y los coreanos desistieron y los vecinos sintieron, con razón, que había ganado la democracia.

Una de las funciones de un gobierno democrático es preservar los derechos de los ciudadanos frente a los intereses económicos particulares.   En el Perú, lamentablemente, esto es todavía algo que tenemos que construir.