Cuando la informalidad es reforzada por la delincuencia, resulta fácil sumir a una ciudad en el caos y el terror. El pasado 3 de marzo, los comerciantes de un mercado de Piura pretendían resistir la decisión de la Municipalidad de reubicarlos y no tuvieron mejor idea que traer en su apoyo a decenas de delincuentes y malhechores, quienes aprovecharon la oportunidad para saquear tiendas, bancos y establecimientos comerciales.

Al finalizar el día, Piura no sólo estaba conmocionada por el pillaje y la destrucción, sino también por la pérdida de vidas humanas: pretendiendo imponer el orden, la policía disparó indiscriminadamente, matando a los comerciantes Martín Carrasco y William Saavedra. Víctimas de las balas también fallecieron Gean Carlo Lippe y Miguel Ángel Córdova, dos escolares sin ninguna relación con la protesta y por impacto de una pedrada murió también el obrero Hipólito Estévez, que había ido al mercado a comprar materiales. Hasta el momento, los comerciantes no han sido reubicados.

Un mes después se produjo en Chala un conflicto con muchas similitudes: esta vez miles de mineros informales bloquearon la Carretera Panamericana en protesta contra la pretensión del gobierno de establecer mayores niveles de control y formalidad sobre su peligrosa actividad. Los mineros llegaron a apedrear ómnibus y camiones, donde viajaban personas totalmente ajenas al conflicto.

Julia Maldonado, una de las pasajeras, sufrió un infarto y falleció al no poder ser transportada a un centro médico debido al bloqueo. Como en Piura, la policía reaccionó disparando a los manifestantes, matando a los mineros Belisario Pineda, Armando Barriga, Arturo Samata y Edgard Mitma, así como a Juan de Dios Narrea mototaxista de la localidad, quien falleció de un balazo en la cabeza.

Días después de estas muertes absurdas, el gobierno aceptó que las normas sobre formalización serán revisadas y entrarán en vigencia después de un año.

No sé si a alguien le servirá de consuelo saberlo, pero el responsable del gran impulso a la minería informal en el Perú, con todo su entorno de inseguridad, contaminación, accidentes laborales, prostitución y trabajo infantil, está preso. Fue Fujimori, quien en 1991 liberalizó la producción de oro y eliminó el control que tenía el Banco Minero sobre la compra de este mineral. A ello se une un modelo económico por el cual los campesinos reciben cada vez menos dinero por sus productos. Para ellos, la minería informal es una válvula de escape, como también lo es convertirse en cocaleros o terminar enganchados para los madereros. Y no hay que ir hasta Chala o Ananea para encontrar a los mineros informales: están muy cerca de Lima, en Santa Rosa de Quives.

Como en las otras válvulas de escape, además de los mineros y sus familias existen verdaderos emporios económicos, que lucran con la necesidad y la falta de control. Grandes y pequeñas empresas les compran el mineral y les venden insumos, desde explosivos hasta cianuro. Los periódicos suelen referirse al congresista aprista Tomás Cenzano, en cuyos campamentos de Puno numerosos mineros informales han fallecido, pero también en Madre de Dios y La Libertad existen autoridades involucradas en estas prácticas. Pareciera que ya no estamos ante una actividad informal, sino ante una forma de crimen organizado.

Las autoridades peruanas, lamentablemente, no dan importancia a las actividades informales cuando son un fenómeno incipiente, que podría ser controlado. Cuando el fenómeno crece es mucho más difícil intervenir, porque muchas personas viven o sobreviven por ella y es posible manipularlas para que reaccionen violentamente.

Lo ocurrido en Piura y en Chala me ha hecho recordar la violencia con la que a fines del 2001, los ambulantes de Mesa Redonda impidieron a la Municipalidad de Lima reubicarlos. Días después, muchos de ellos perecieron calcinados en el trágico incendio. Los mineros informales defienden desesperados uno de los peores trabajos que pueden existir.

Para erradicar la minería informal, es fundamental que el Estado aprenda a comportarse como tal, enfrentando el problema de forma integral, dirigiéndose hacia toda la cadena de financiamiento de esta actividad y hacia quienes comercializan el oro que compran a los mineros.

Sin embargo, lejos de todo ello, la Policía Nacional respondió en Chala mediante la represión indiscriminada que tanto sufrimiento ha causado durante el actual gobierno, especialmente con Luis Alva Castro, Mercedes Cabanillas y Octavio Salazar en el Ministerio del Interior. Así ocurrió en el mercado de Piura y también en Angasmarca, La Libertad, a mediados de marzo, donde otro campesino, que protestaba contra la empresa minera Comarca, murió víctima de la Policía Nacional. Frente al descontrol de la población, se responde con el descontrol policial, que resulta ser mucho más letal.

Aún le queda más de un año a este gobierno y me pregunto cuántos muertos más habrá si esa es la forma en que se busca solucionar los conflictos sociales.