La semana pasada, el Ministro del Interior Octavio Salazar visitó Trujillo, donde trabajó varios años como Jefe Regional de la Policía, para expresar su preocupación frente al recrudecimiento de la delincuencia.  Como una  muestra del problema, esa misma semana, tres integrantes de diversas bandas que operan en dicha ciudad murieron en sucesivos ajustes de cuentas.

Trujillo conserva la imagen de una ciudad aristocrática, sede de hermosas festividades en relación a la marinera o la primavera.  Es menos conocido que, en las últimas décadas, ha sufrido un crecimiento acelerado.  Actualmente, la mayor parte de los habitantes vive en zonas como El Porvenir, La Esperanza o La Noria.  Allí se han desarrollado bandas delictivas involucradas en todo tipo de actividades ilícitas, desde extorsiones a taxistas hasta asaltos a bancos y ómnibus.

La delincuencia trujillana no discrimina: unos tipos le dan una golpiza a Aldo Mariátegui y otros (supongo que eran otros) le roban a este humilde cronista.   El problema se agrava porque muchos criminales, después de ser detenidos, salen en libertad por cualquier tecnicismo legal, incrementándose el clima de inseguridad.

Ahora bien, entre agosto del año 2007 y octubre del 2008, aproximadamente 46 personas, la mayoría integrantes de dichas bandas, murieron a manos del Escuadrón de Emergencias de la Policía.  En cada caso, el comandante de esta unidad, Elidio Espinoza, informaba siempre que las muertes se habían producido en enfrentamientos con los malhechores.  Extrañamente, nunca había policías heridos y, más extrañamente aún, diversos testigos aseguraban haber visto a los policías detener a varias de las personas que luego aparecían muertas.  En algunos casos, las víctimas tenían huellas de tortura y restos de arena en las orejas y la boca, lo cual implicaría que se trató de ejecuciones cometidas en la zona de Huanchaco.

Por lo menos doce de las personas torturadas no tenían ninguna relación con la delincuencia.  Sus muertes se deberían a que presenciaron las otras ejecuciones o a que los policías los confundieron con los malhechores que buscaban.

Ahora bien, la transformación del Escuadrón de Emergencias en un escuadrón de la muerte no sería una iniciativa local: tres semanas antes de la primera muerte, el gobierno promulgó el Decreto Legislativo 982, que dispone la inimputabilidad de policías y militares que maten o hieran personas, siempre que actúen con sus armas de reglamento y en “cumplimiento de su deber”.   Recordemos que el propio Alan García decía: “Hay gente que no merece vivir”, para justificar la reintroducción de la pena de muerte en julio del 2006 y el antecedente del comando paramilitar Rodrigo Franco, que operaba durante su anterior gobierno.

Los familiares de las víctimas de Trujillo sostienen que Luis Alva Castro, como Ministro del Interior y Octavio Salazar, como Director Nacional de la Policía, están involucrados en estos crímenes y en el manto legal de impunidad que recibieron.  De hecho, el Decreto Legislativo 982 fue empleado por el Ministerio Público para archivar las denuncias presentadas por los familiares.

Otra hipótesis respecto a por qué estas acciones de “limpieza social” se han desarrollado en Trujillo es que la delincuencia generaba mucho temor a los inversionistas privados que venían abriendo centros comerciales en Piura, Chiclayo y Cajamarca.  Las autoridades locales y la propia población habrían avalado esta medida.  “A eso se tuvo que llegar”, me comentaba un profesor de la Universidad César Vallejo.

Una muestra más grave del estado de ánimo en Trujillo, me la dio un taxista "Estaba con mis padres caminando por el centro, cuando unos choros nos quisieron asaltar y arrojaron a mi mamá al suelo. Entonces saqué mi pistola (tengo licencia) y le disparé a dos de ellos en la pierna. Los choros cayeron al suelo y la gente gritaba: “¡Dales en la cabeza! ¡Mátalos!”. Cuando llegó la policía me dijeron: “¿Por qué nos lo mató? Pronto saldrán en libertad y seguirán robando”

En todo caso, las muertes se interrumpen cuando Alva Castro y Salazar dejaron los cargos mencionados.  Bajo la administración del Ministro Hernani quedó en suspenso el ascenso previsto para Espinoza y los miembros del Escuadrón, por su “valerosa lucha contra la delincuencia”.

Cuando Hernani fue reemplazado por Mercedes Cabanillas, Espinoza fue efectivamente ascendido, pero ya no se tienen nuevas informaciones sobre muertes cometidas por el Escuadrón, al parecer gracias al valor de algunos fiscales que han investigado varias muertes y pedir cadena perpetua para el propio Espinoza.   Este proceso ha generado que los familiares sufran ahora diversas amenazas, al punto que algunos han preferido dejar el país por temor a ser asesinados.

Las muertes señaladas al inicio de este artículo han sido percibidas por algunos observores trujillanos como la reanudación de las ejecuciones extrajudiciales, dada la coincidencia con el viaje de Octavio Salazar a Trujillo.  Yo lo dudo, porque estos homicidios mas bien incrementan la inseguridad en la población y el Escuadrón no puede presentarlos como muestra de su firmeza frente a la delincuencia.

Entretanto, la semana pasada, Mercedes Cabanillas presentó un proyecto de ley aún más amplio que el Decreto Legislativo 982, para permitir que los policías usen la fuerza letal en numerosas circunstancias, sin sufrir mayor sanción.  Si se aprueba, los lectores de este artículo podrán imaginar las consecuencias.