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-El terrible terremoto que ha afectado Chile incrementa nuestra insistencia en que la sociedad peruana debe estar preparada para desastres similares, desde rutas de evacuación hasta la organización de brigadas de solidaridad.   Gobiernos regionales, municipalidades, colegios, parroquias, empresas y hasta cada familia pueden lograr que los daños sean menos graves (Ver RP 289 La Advertencia de la calle San Martín).

-La Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo ha pedido al gobierno peruano suspender las concesiones de exploración y explotación en territorios habitados por población indígena hasta que no se implementen los mecanismos de consulta, precisando además que no son adecuados los talleres que convoca el Ministerio de Energía y Minas a las comunidades campesinas y nativas.

-La Autoridad Nacional del Agua decidió devolver a la comunidad de Cruz de Mayo la administración de la laguna Parón, en Huaylas, Ancash, que había sido entregada a la empresa Duke Energy.

-Sólo en un día, el lunes 22 de febrero, murieron 50 personas en accidentes de carretera en La Libertad y Cusco.  Además de problemas conocidos, como la irresponsabilidad de conductores y empresas, mientras no haya bermas centrales y las pistas sean de un solo carril (salvo la autopista a las playas del Sur, claro), estas situaciones continuarán.

-Sólo siete de las cuarenta avionetas que transportaban turistas sobre las líneas de Nazca estaban en condiciones de operar.  Lamentablemente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones decidió realizar una inspección sólo después que una avioneta cayera el pasado jueves, dejando como trágico saldo la muerte de siete personas.

-El Colegio de Ingenieros del Perú celebró una yunsa en su Centro Recreacional.  Esperemos que el próximo año realice una celebración más positiva.

Es mejor no usar la expresión “desastres naturales”.  Se le hace con ella un favor al gobierno (Carlos Saldarriaga).

 

En  Pisco, he sido testigo de cómo las autoridades responsables en la tan mentada reconstruccion,  sólo han construido con material noble las fachadas de las casas destruidas, para ocultar el desastre, pero detrás de esas paredes siguen la miseria, el abandono y la destrucción.

Después de tanta viveza y sinvergüencería, manteniendo abandonados a los damnificados del 2007, la gente del gobierno se ha ido a Haití a mostrarse como grandes donantes, solidarios con otro pueblo en desastre (Un abogado)

 

Este invierno es uno de los fríos de Holanda; ha nevado como nunca y las
temperaturas son muy bajas. Sin embargo, las familias tienen reservas de alimentos y toman medidas por si el frío arrecia, mientras las autoridades también toman medidas para enfrentar el problema. Debemos tratar que en el Perú haya también esa idea de prevención y acción, una toma de conciencia de nuestras vulnerabilidades y de la necesidad de estar preparados para cualquier eventualidad.   Todos,  desde la casa, la
escuela, la universidad, la iglesia, la biblioteca y demás lugares públicos y privados tomemos oportunamente nuestras previsiones y podamos hacer frente a cualquier desastre   (Una profesora de la Universidad Católica)

 

Me llamó la atención cómo los turistas extranjeros atrapados generaron soluciones al problema: se organizaron, racionaron alimentos, realizaron un censo para el rescate.  Todo ello nos revela las dimensiones que alcanzan las sociedades que saben que el desarrollo no solo es infraestructura sino tener ciudadanos preparados (Un diplomático).

 

Acá en el Cusco hay gente que ha construido su casa exactamente al lado del río, violando todas las normas legales.  Ellos dicen que no son invasores y que tienen un proceso judicial en marcha.  Ni la Municipalidad ni el gobierno regional han intervenido antes ni ahora, pese a que no es un sitio apto para viviendas.

De otro lado, hemos tenido varios días sin agua en las casas y ahora que por fin ha vuelto, hay decenas de niños y jovencitos jugando irresponsablemente con agua, con el pretexto de los carnavales.  Me da tanta cólera.  ¿Dónde estarán sus irresponsables padres?   No sé qué tipo de desgracia esperamos para poder tomar algo más de conciencia. (Una abogada cusqueña)

 

En el Perú, debido a nuestra geografía, nuestra ubicación en una zona sísmica y por los próximos efectos del cambio climático, debemos estar preparados.  Si el Estado no actúa, nos pasará lo de Haití, que ha terminado ocupado por la ONU y Estados Unidos.  No olvidemos tampoco que el país lo hacemos todos, no sólo el gobierno. Eduquémonos para los retos que se vienen. (Carlos Quiroz)

 

Conozco mucha gente que estaría dispuesta a convertirse en voluntarios para aplacar estos desastres, pero no sé si sea Defensa Civil quien podría canalizar este tipo de trabajo  (Janeyri Boyer).

 

Seria genial disponer un servicio civil antes que un servicio militar, ese tipo de organización ayudaría mucho (Jonathan Gamboa). 

 

El pasado 17 de diciembre, cayó sobre Huamanga una lluvia tan intensa como nadie recordaba.  En menos de una hora, la lluvia produjo un aluvión que ingresó violentamente por la calle San Martín, una de las principales de la ciudad, arrastrando automóviles, mototaxis y combis y causando la muerte a once personas.   
 
El desastre, al inicio de la temporada de lluvias, pudo haber generado urgentes medidas preventivas a nivel nacional, para enfrentar situaciones similares, pero nada de eso sucedió. 
 
En las semanas siguientes, las lluvias causaron fuertes daños en Apurímac y Huancavelica.  Inclusive en Lima llovió después de 40 años y se produjeron derrumbes en las zonas más pobres.  En el Cusco, uno de los muros incas de Sacsahuaymán colapsó bajo las aguas.  Pero, pese a la gravedad de las circunstancias, Perú Rail continuó vendiendo boletos a Machu Picchu, sin que ningún funcionario regional o municipal pensara en impedírselo.   Finalmente, sucedió lo que era de esperarse: una avalancha bloqueó la vía férrea, dejando a miles de turistas atrapados en Aguascalientes, a merced de aquello que los peruanos conocemos bien: un Estado precario, débil e improvisado. 
 
Me acuerdo que el 16 de agosto del 2007 me anunció una cooperante:
 
-Wilfredo, quiero sumarme a los brigadistas.
 
-¿Qué brigadistas? –le contesté, mientras pensaba que mi amiga, con dos años en el Perú, todavía no sabía en qué país vivía.
 
-Las brigadas de voluntarios que irán a Pisco para reconstruir la ciudad…
 
En muchos países, la sociedad se encuentra organizada frente a los desastres naturales y muchas personas están disponibles, apenas se produce una emergencia.  Inclusive, si la catástrofe ha sucedido en el extranjero, está previsto trasladarse inmediatamente.
 
Yo le expliqué a la cooperante que probablemente al terremoto de Pisco sobrevendría el caos y la desorganización.  Ese mismo día, voluntarios españoles, ecuatorianos y cubanos llegaban perplejos al Aeropuerto Jorge Chávez no había nadie esperándolos.   Muchos tuvieron que viajar hasta Ica en taxi con todos sus equipos. 
 
En el Perú, la mejor forma de enfrentar incendios, terremotos y aluviones parece ser pensar que no van a suceder, desde las personas pobres que instalan sus viviendas en las vulnerables laderas de los cerros hasta las autoridades estatales, que a veces se consideran muy modernas. 
 
-No comprendo por qué sólo hay una carretera a Ica –me escribía una amiga desde Estados Unidos aquél 16 de agosto  -  ¿No existe una vía alternativa?
 
No.  Y tampoco la hay para Machu Picchu o Huancayo.  En casi todo el Perú apenas si hay pistas de dos carriles que pueden quedar bloqueadas por un puente derrumbado, una avalancha… o un camión volcado.     
 
Los ingresos del turismo no generan mejores vías de transporte: en Ollantaytambo, muchas veces he tenido que pegarme a los muros incaicos, para no morir aplastado por  decenas de camiones a Quillabamba y centenares de ómnibus turísticos que recorren las estrechísimas callejuelas.   Un puente colonial tenía que resistir el paso de todo ese flujo vehicular.  Digo “tenía”, porque la semana pasada colapsó. 
 
A nivel de escuelas o centros de salud tampoco se aprecian los efectos del turismo.  Cualquier enfermo o herido más o menos grave debe ser trasladado al Cusco.   Cuando existe un desastre generalizado como en la actualidad se hacen más palpables estas carencias, pero la vida cotidiana de la población sigue siendo muy dura. 
 
No sé si el gobierno central está en capacidad para diseñar acciones de prevención a nivel nacional, pero al menos podrían hacerlo gobiernos regionales, municipalidades e instituciones públicas o privadas.  ¿Tienen claro los empleados del Jockey Plaza o el Megaplaza qué hacer en  caso de sismo o incendio, más allá de correr, rezar y llorar?  ¿Sabrán los vecinos de Zárate o San Martín enfrentar inundaciones como las de hace unos años?  ¿Deben seguir viviendo miles de personas en zonas vulnerables de Lima, Huamanga o Cusco?  ¿Han previsto iglesias y parroquias cómo proteger a sus feligreses, tomando en cuenta que en el terremoto del 2007 muchas personas murieron dentro de los templos?  ¿Y en casa, sabe usted dónde hay velas y linternas?
 
Es falso, afirmar que los peruanos no sabemos tomar precauciones.  Yo veo que frente a la delincuencia se toman muchísimas.  Si adoptáramos una actitud similar frente a incendios, terremotos o inundaciones, el daño que éstos producen sería mucho menor.   
 
-Como van las cosas, creo que voy a ir construyendo mi arca de Noé  –me dijo un amigo huamanguino, que se encontraba a dos cuadras de la calle San Martín, la tarde del aluvión.
 
Ahora se sabe que ese desastre tuvo también causas humanas: hace algunas décadas fue tapiada la acequia que bajaba por esa calle y el aluvión llegó desde un cerro deforestado por los desplazados que huían de la violencia política. 
 
Quienes no hemos enfrentado directamente la destrucción de las últimas semanas, estamos advertidos.

dsc00250-¿Por qué no se pone el cinturón de seguridad? –le pregunto a un chofer en Tumbes.

-¿Para qué, si es domingo? –me responde -. Los policías no controlan hoy.

Viajando por el Perú, suelo tener la sensación que aún las normas más elementales son desconocidas fuera de la capital. En Lambayeque, en plena Carretera Panamericana he visto trasladarse siete u ocho escolares encaramados sobre un mototaxi. En las cercanías de Abancay, cuatro estudiantes viajan en la maletera de un vehículo… que además está abierta. En Pucallpa, los cascos parecen no ser obligatorios para ningún motociclista.

En estos y muchos otros lugares, los accidentes en las carreteras son frecuentes, aunque en realidad, los fenómenos que llamamos “accidentes” no se deben a la casualidad, sino a una confluencia de conductas u omisiones humanas: exceso de velocidad, mala señalización, imprudencia de peatones, consumo desordenado de bebidas alcohólicas, ausencia de revisiones técnicas o prolongadas jornadas de trabajo de los choferes.

Los países con menos accidentes son aquellos donde los ciudadanos asumen que determinadas conductas, como manejar o ingerir licor, implican riesgos y hacen lo posible por minimizarlos. Los pocos individuos díscolos son corregidos o sancionados por el Estado. En cambio, en el Perú, no existe una cultura de prevención y la intervención estatal es escasa o mas bien selectiva.

Una muestra del carácter selectivo de la intervención estatal es que, pese a que Lima concentra la mayoría de vehículos y conductores del Perú, no es allí donde ocurren la mayoría de accidentes graves. Quienes nos quejamos del tráfico limeño, al menos debemos valorar que en buena parte de la ciudad no pueden circular mototaxis, que existe un proceso de revisiones técnicas y que hay algunas restricciones para la venta y consumo de licor, todo lo cual en casi todo el país parece todavía ciencia ficción.

El último ómnibus que cayó a un abismo en Chumbivilcas no había pagado ni siquiera el SOAT, pese a lo cual, pasó el control del Ministerio de Transportes en Arequipa. Llevaba decenas de pasajeros de pie, pero la Policía de Carreteras lo dejó seguir su camino y circulaba, además, por una pista en pésimas condiciones. Situaciones similares han generado que en diciembre más de ochenta peruanos mueran trágicamente.

Eso sí, los mismos choferes que conducen sin respetar ninguna norma, son muy escrupulosos para dar un sol a cada policía que encuentran. Lo he visto en la Carretera Central y en las rutas entre Chimbote y Casma y Ayacucho y Huanta.

Un corresponsal inglés del Financial Times me decía: “El Estado peruano está en la capacidad para enfrentar muchos problemas, pero muchas veces no quiere hacerlo”. Siguiendo esta lógica, si analizamos en qué asuntos el Estado interviene menos, veremos que se trata de aquéllos donde los afectados son mayormente personas pobres, como la violencia familiar, el alcoholismo, o los derechos de las trabajadoras del hogar. El solo hecho que las normas no se traduzcan al quechua refleja que el Estado actúa de manera selectiva y discriminatoria.

Esta intervención selectiva también se manifiesta en el transporte: mis colegas de la Defensoría del Pueblo suelen insistir en que el Estado gasta mucho más dinero en garantizar la seguridad de los pasajeros de transporte aéreo, que de aquellos que viajan por carretera (en el 2005 la proporción era de 7 soles y 0.19 céntimos respectivamente, según el Informe 108).

A “menos importante” es quien viaja, menos interés existe en controlar su seguridad. Cuando se trata de campesinos, ni siquiera se impide que viajen en camiones, encima de la carga, y por eso, en las últimas semanas murieron en varios accidentes el sur del país veinte campesinos que viajaban así.

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Por eso, a diferencia de lo que ocurre con los pilotos aéreos, ser chofer de un ómnibus interprovincial es una actividad para la que el Estado no brinda mayores exigencias. Pese a que en sus manos están muchas vidas humanas, hasta un veterinario debe pasar por exámenes más estrictos y tiene mucho más control… Al Estado le preocupa más evitar que una mascota sufra que garantizar la vida de los pasajeros del transporte terrestre.

La discriminación también se aprecia en la infraestructura: comparemos la amplia pista de ocho carriles que permite a algunos limeños llegar a las playas del sur con las demás carreteras, inclusive la Carretera Central, de apenas dos carriles. “Ahora los ómnibus son mucho más grandes, pero las pista siguen igual de angostas”, señala un ingeniero jubilado. En realidad, uno de los signos más visibles de la pobreza de un lugar es la pésima calidad de las carreteras.

Por todo ello, una de las mejores formas de luchar contra la discriminación en el Perú, sería asegurar para todos los ciudadanos el derecho a no morir en accidentes de carretera, dejando el fatalismo de que los más pobres están predestinados a sufrir.

Comentarios

-Aunque soy enemigo de la sanción penal como instrumento preventivo, lamentablemente la experiencia de otros países indica que es el único medio, aunque siempre como última ratio, después de la suspensión y cancelación de licencia (un abogado).

-Recuerdo que una vez estuve en Huamanga, para el 9 de diciembre y la gente quería llegar como fuera a la representación en la batalla de Ayacucho en la Pampa de la Quinua. Las combis escaseaban e iban repletas. Por eso, muchos camiones grandes hacían su agosto llevando a la gente. Desde fuera, apenas se veían las manos de algunas personas que iban de pie sujetándose como podían. No se veían las caras. Estaban tan apretados que sólo así se mantenían de pie en ese camino accidentado y con tanto calor que seguro les era difícil respirar. Ni las autoridades ni los ciudadanos nos ponemos a pensar que desde nuestra protesta y propuesta estos asuntos se pueden remediar (Rocío Joo).

-Hace poco, viajando en una combi de Huamanga a Quinua, el chofer hacia una maniobra indebida tras otra: manejaba a una velocidad excesiva por una pista que no estaba del todo asfaltada, adelantaba por la izquierda en curvas donde no se veía si otro automóvil venía en sentido contrario, invadiendo así el otro carril… y la gente seguía conversando, o durmiendo. Yo fui la única persona que se quejó (Susana Frisancho).

-En el 2008 regresé de Ayacucho en un avión de carga que había sido convertido de mala manera en avión de pasajeros. No había ni máscaras de oxígeno ni salvavidas. El contraste es grande con el servicio al Cusco, en aviones muy buenos y además con un aeropuerto con rampas, pero, claro, allí van turistas extranjeros. Realmente, si en Ayacucho viviera gente “recontra importante”, los ayacuchanos recibirían mejor trato por las autoridades (una periodista).

-Los accidentes disminuirán cuando dejemos de pensar que el problema radica en las autoridades o en las carreteras. La culpa es de nuestra propia irresponsabilidad, ante conductores sin conciencia nunca habrá suficiente control de la autoridad ni habrá carretera segura. Sin embargo, atacar por el problema por ese lado, no es una noticia que vende ni le sirva a los políticos (Fernando Nakasone).

-Será porque no tomo, ni me gusta manejar rápido, que nunca he entendido las conductas temerarias de muchas personas. Hace unos años, al salir de una reunión me negué a subir al auto del esposo de una amiga, que trabajaba para la Cooperación Española, y estaba a todas luces borracho. Lo peor es que otros amigos (todos profesionales, egresados de la Católica) me insistían en que no iba a pasar nada, que subiera nomás… Al final llamé a un taxi, pero otras personas se subieron al auto.

La verdad, es que estas cosas me chocan mucho. El tío de una amiga murió en su moto por ir sin casco, aun manejando muy lentamente, solo porque un auto lo tocó de casualidad y lo hizo salir despedido del vehículo. Ser precavida desde adolescente ha implicado que tenga que soportar la presión y las burlas de mis amigos. La presión social afecta también a los niños: mi hijo de 7 años ya no quiere ponerse el casco para montar bicicleta ni para practicar su skate, con el argumento de que se ríen de él o de que nadie lo hace. (una profesora).

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La RP 282 generó decenas de comentarios sobre las ONGs, lo cual demuestra que la percepción de muchas personas es bastante crítica.   Estoy colocando una selección de aportes, pero me comprometo a desarrollar los diversos temas sugeridos (racismo, abusos laborales, voluntariado).  Les recomiendo los textos de Marco Luna, Ricardo Alejos y Ramiro Llatas.   

-El dedo en la llaga: me cae a mí y a todos.  Muchas veces veo que la cooperación financia proyectos totalmente inútiles, como consensos zonzos o comisiones intersectoriales donde se reúnen buenas personas de diversos ministerios pero que no tienen ninguna capacidad de decisión (un consultor en temas de infancia).

 

-También he visto en el Poder Judicial proyectos en los que se contratan “especialistas” de fuera con sueldos en miles de dólares, que hacen “diagnósticos” y más “diagnósticos” de cosas que todo el mundo sabe,  que al final se encarpetan, sin que haya mayor aporte.   Si se destinara tantos recursos de la cooperación internacional a quienes realmente lo necesitan y no para llenar sueldos o que subsistan ONGs que no están realmente comprometidas con sus objetivos, otro sería el asunto (un abogado de Moquegua).

 

-Cuando trabajaba en la Defensoría del Pueblo pude apreciar esa frivolidad al asistir a eventos patrocinados por ONGs y por la propia institución.   Te puedo decir con absoluta certeza que las comidas más ricas y con los productos más caros que he comido en mi vida han sido en reuniones donde se hablaba de acceso a la justicia, tortura, equidad de género, etc.   Cuando una reconocida ONG cumplió 15 años organizó una comilona en el Museo de Arte con carnes finísimas, abundantes y variados licores y otras delicias.  Y además, contrataron a unos tres o cuatro violinistas de la Sinfónica para alegrarnos la digestión (un abogado antirracista).

 

-Otra observación sería que algunas ONGs trabajan de manera individual, cuando ellas deberían trabajar coordinadamente con los Gobiernos Regionales y los Locales a efecto de considerar o mirar sus planes de desarrollo concertado, y si no los tienen ayudar a construirlo, para que en este marco desarrollen los proyectos. Creo que esto aportaría mucho mejor al desarrollo de nuestro país (un abogado de Trujillo).

 

-Es necesario que las ONGs dejen de gastar tanto en actividades innecesarias, en las que se gasta en exceso.  También hay acciones repetitivas: muchas veces repiten eventos que otra organización cercana ha desarrollado, con el mismo objetivo y el mismo público, buscando formas de figurar con el pretexto de la buena foto.   Para que estas entidades contribuyan a generar procesos de cambios sociales, los cambios deben comenzar por ellas mismas.  Espero que tu artículo haga reflexionar a l@s directores, jefes de proyectos y administrador@s (una abogada de Chiclayo).

 

-Concuerdo en todo lo que dices, pero por otra parte sí creo que está bien buscar alguna forma de compensar a las personas pobres que dejan de trabajar por unas horas para asistir a una actividad.  Por eso, sí me parece bien que se entreguen empanadas y otros alimentos a cargadores y campesinos (una funcionaria de la Defensoría del Pueblo).

 

-El derroche de dinero en aspectos no vinculados a los objetivos de una ONG no solamente afecta la imagen de esa institución sino de todas.  Además de la inconsecuencia, esta irresponsabilidad con que se maneja los fondos recibidos refleja una doble deshonestidad:  hacia las personas e instituciones que aportan el dinero a la ONG y esperan que éste sea bien utilizado y hacia las personas que debiendo ser beneficiadas mas pareciera que están siendo utilizadas.

Este derroche denota una total insensibilidad al problema que se supone estas ONGs enfrentan, si yo se que muchos niños pobres se mueren de hambre y para ello creo una ONG, como es posible que organice todo un buffett como actividad, es increíble (un ingeniero de Jesús María)

 

-Recuerdo cuando tuve que ir a una reunión de una Mesa contra la Pobreza en el Hotel Sheraton… ¡Qué ironía!  Felizmente, aún estamos los que comemos “lo-que-haya” en medio de los cerros, sentados conversando con la comunidad (una abogada ecologista).

 
-Aún el propio Estado hace reuniones similares en ambientes similares. El MINAM últimamente prefiere El Condado, el MINEM lo hacía en el Hotel Boulevard. Tal vez las reuniones en algunos hoteles estén justificadas por las facilidades de sus instalaciones (espacio, mesas, sillas, internet, ecran, servicios higiénicos).  Además, algunos no cobran si uno adquiere el refrigerio.    Sin embargo las reuniones de trabajo en restaurantes de lujo no tienen justificación alguna (un especialista en temas ambientales).

 

-Es lamentable que esa deformación de quienes pierden la brújula hace que se meta a todo el mundo en el mismo saco.  Como resultado, muchas organizaciones que sí promueven procesos tienen ahora menos recursos (un promotor de derechos humanos).

 

-Me pregunto si cuando se trata de denunciar la corrupción, tratamos con guante de seda a quienes sentimos más “cercanos”.  ¿No es corrupción usar dinero destinado a la mejora de la calidad de vida de algunos, para llenarse la barriga y de paso terminar el año con las cuentas en azul y así poder recibir más dinero?   Creo que la mirada autocomplaciente hacia la gente cercana y de reprobación a los “otros” es un sesgo que juega peligrosamente a favor de la entronización de la corruptela en espacios que muchos consideramos aún relativamente sanos (un periodista).

 

-Probablemente estas ONGs tendrían mucho mayor cuidado y coherencia si se publicaran los resultados de algunos indicadores clave de gestión interna para ver esta “coherencia”, como clima laboral y gestión frente a sus colaboradores y voluntarios, así cómo de los resultados que logran alcanzar con sus proyectos, evaluados y verificados por los beneficiarios directos y la comunidad. Quizá así podrían aportar de forma más efectiva (Marco Luna).

 

-La reflexión que has hecho, es una verdadera autocrítica que se debería hacer incluso al interior de todo el colectivo de las organizaciones de derechos humanos.  A mí siempre me ha llamado la atención cuando he trabajado en las provincias altas del Cusco que la mayor parte de actividades de las ONGs con las cuales estábamos en redes, se hacían precisamente en noviembre o diciembre para “cumplir” con la programación.  Se pierde así muchas veces el sentido del cambio que se quiere dar a las cosas para ayudar a transformar esta realidad.

Este punto tiene que ver además con lo que sucede con algunas ONGs que buscan sus propias agendas, sus propias incidencias sin mayor coordinación con otros colectivos u organizaciones sociales porque tal vez lo mas importante es presentar un bonito documento a la cooperación internacional, en lugar de generar verdaderos cambios. 

He visto y he vivido la competencia insana por ejemplo entre mismas ONGs que trabajan temas iguales, como si fuesen enemigas, cuando lo razonable, si hacemos lo mismo es unirnos para trabajar colectivamente.  Una vez a mí  me dijeron: “Estás en el territorio de mi competencia”, y por lo tanto “Ustedes no deben ver nuestro tema”.  Me sorprendió porque la idea era juntarnos para hacer fuerza.   

En relación al tema de los recursos, en la Vicaría de Sicuani lo que hacíamos era que las personas traían lo que tenían y así lo ponían en común.  Nosotros dábamos algo, los demás daban su parte.  De este modo combatíamos la idea que nos vieran como una  institución que tenía dinero y así es mejor porque se vive con la gente y se conversa más con ellos (Ramiro Llatas).

 

Cuando alguna vez algún miembro del gobierno aprista pretendió supervisar el trabajo de las ONGs muchos pusieron el grito en el cielo.    Presumo que en aquella ocasión la intención era borrarlas del mapa político en cual obviamente también juegan su rol.
Sin embargo, al mismo tiempo a mí me preocupa una falta total de articulación de los esfuerzos.  Siendo escasos los recursos,  cada ONG pareciera que dispara a cualquier problema según su parecer.  Aquella vez que quisieron supervisarlos, a mí me parecía indicado si la entidad a cargo de esto se hubiera dedicado a planificar la acción de las ONGs para lograr un desarrollo eficaz en cada lugar y evitar la “competencia” de varias entidades.

De otro lado, para evitar estos derroches de dinero en cuestiones ineficaces todos los proyectos de las ONGs deberían pasar por el SNIP bajo la supervisión del MEF y así serían más eficaces.  Sin embargo, la mejor manera de controlar esto es con un sentido ético de vivir, como el espíritu guerrero que tuvo la clase media en los difíciles años ochenta.  Es verdad que en las ONGs hay muchos aburguesados que no tienen el espíritu austero y la mística del misionero y luego se molestan cuando los tildan de caviares (Ricardo Alejos).

 

-Podríamos ir más allá respecto a los estilos de vida de quienes decimos luchar contra la inequidad, etc, etc. (un sociólogo).

Entre 2002  y 2003 La empresa Majaz, de capital británico, se instala en las comunidades campesinas de Segundo y Cajas y Yanta sin tener la autorización de las respectivas asambleas comunales. Comienzan las actividades de exploración y las protestas de los campesinos. El Ministerio de Energía y Minas ignora estas últimas.

2004. Abril. Se realiza una gran marcha campesina hacia el campamento de Majaz. La policía responde violentamente, ocasionando la muerte al rondero Reemberto Herrera. Algunas versiones sostienen que recibió el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza y otras que un policía le disparó directamente. La muerte de Herrera pasa desapercibida para la opinión pública, en parte porque coincide con el asesinato del Alcalde de Ilave.

La empresa denuncia por terrorismo a los dirigentes campesinos, los sacerdotes y autoridades de la zona. La denuncia sería archivada posteriormente.

2004. Mayo. Los Obispos de Piura, Chulucanas y Jaén piden que no se realicen actividades mineras en sus diócesis por los graves daños ambientales y sociales que generan.

2004. Noviembre. En Huancabamba, una turba ligada a la empresa destruye la emisora ambientalista La Poderosa, dirigida por el periodista Federico Ibáñez.

2004. Diciembre. Una turba golpea y somete a diversas vejaciones a Ibáñez y a la dirigenta campesina Josefa Adrianzén. Posteriormente, la policía los detiene durante dos meses, sin tomar ninguna medida contra sus agresores. Impresionante silencio de los organismos ligados a la defensa de la libertad de prensa en el Perú y a nivel internacional.

2004 a 2008. Permanentes campañas de difamación desde el diario Correo de Piura contra quienes se oponen al proyecto minero, incluyendo al obispo de Chulucanas, Daniel Turley y el jesuita Francisco Muguiro. El programa Panorama, de Panamericana Televisión vincula a todos los opositores con un supuesto grupo terrorista.

2005. Fines de julio y comienzos de Agosto. Marcha campesina hacia el campamento de Majaz. Es enviada la DINOES que detiene a muchos campesinos. Veintiocho de ellos, entre ellos dos mujeres, son torturados durante varios días en el campamento. También es torturado el periodista Julio Vásquez. Muere Melanio García por acción de los efectivos de la DINOES. En las torturas participa también personal de Forza, la empresa de seguridad de Majaz.

2006. Marzo. Un foro sobre el agua y la minería es violentamente interrumpido a pedradas por una turba transportada por representantes de Majaz, quienes inclusive adquirieron los huevos que también fueron arrojados. Los matones golpean a expositores y asistentes. Uno de ellos, el campesino Vicente Alcorta, es encontrado amarrado y en estado inconsciente por la paliza recibida. Al parecer, los criminales lo habían confundido con el alcalde de San Ignacio.

2006. Richard Ralph, embajador inglés, deja su cargo, pero a los pocos meses regresa al Perú como Presidente Ejecutivo de la empresa Majaz en una evidente manipulación de sus anteriores influencias. Ralph insiste en que está en una nueva etapa y se suspenden los pagos a los periodistas que difamaban a dirigentes, pero la empresa rehúsa retirarse de las comunidades usurpadas. Tiempo después, Ralph es condenado en el Reino Unido por un caso de corrupción ligado a la empresa.

Entretanto, pese a los múltiples testimonios, el Fiscal a cargo de investigar las torturas archiva el proceso. Al poco tiempo, es detenido por un caso de corrupción y continúa en la cárcel.

2007: El consorcio chino Zijin adquiere las acciones de Monterrico Metals y el proyecto cambia su denominación de Río Blanco. Los funcionarios más dialogantes son removidos de sus cargos. Se reanudan las campañas difamatorias en Correo de Piura.

2007. 16 de Setiembre. En una consulta vecinal, organizada por las tres municipalidades de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaypampa, la presencia de Majaz es mayoritariamente rechazada. La empresa, el gobierno y algunos medios de comunicación llevan a cabo una intensa campaña de desprestigio hacia los organizadores, acusándolos inclusive de terroristas ligados al gobierno de Hugo Chávez y a Al Qaeda. Los observadores de la ONPE y otras instituciones se salvan de ser agredidos por una turba ligada a la empresa.

2008. Marzo. Nueva denuncia por terrorismo, esta vez contra las autoridades que convocaron la consulta vecinal, integrantes de diversas ONG como Javier Jahncke (Fedepaz) y Julia Cuadros (Cooperacción) y numerosos dirigentes campesinos. En primera instancia es archivada por el Ministerio Público.

A lo largo del año, el Consejo de la Prensa se pronuncia contra los abusos cometidos por el diario Correo de Piura y el Poder Judicial condena por difamación a los periodistas de Panorama Alejandro Guerrero y Alamo Pérez Luna, aunque la pena es mucho menor que la recibida por Magaly Medina, unos meses después.

2008. Diciembre. Se reabre el proceso por terrorismo contra los opositores a Majaz, incluyendo las víctimas de tortura. El Ministerio de Defensa emite el Decreto Supremo 024-2008-DE que declara de “necesidad pública” la intervención de Majaz en la zona de frontera.

2009. Enero. Las fotografías de las torturas cometidas en agosto del 2005 por los efectivos de la DINOES y el personal de Forza son reveladas por integrantes de Fedepaz y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La empresa Río Blanco, en un intento de desviar la atención pública, señala que un campamento suyo ha sido incendiado por los campesinos. Al no tener mayores resultados, niega toda vinculación con los hechos y sostiene que sólo tiene responsabilidad desde el 2007. Sin embargo, se mantienen los funcionarios de aquellos años y la política de usurpación de los territorios comunales.

2009. 5 de Junio. María Magdalena Ozeta, campesina de Huancabamba es atacada a machetazos por pobladores azuzados por la ONG Integrando, considerada fachada de la empresa minera. Debe ser trasladada a Lima por la lesión cerebral que sufre. Otros campesinos serían agredidos en meses siguientes.

En Inglaterra, se anuncia que están congelados los activos de la empresa Monterrico Metals hasta por 9 millones de dólares, en previsión del juicio que los campesinos torturados harán contra la empresa.

2009. 1º de Noviembre. Extraño ataque al campamento de la empresa Río Blanco produce la muerte de -Eduardo Ramírez, Luis Guillermo Gómez y Joel Severino. Los directivos de la empresa se reúnen con el gobierno y el Primer Ministro Javier Velásquez señala que será militarizada la zona.

2009. Del 10 al 12 de Noviembre. Los hermanos Filoteo y Hugo Ibáñez son detenidos y torturados por efectivos de la DINOES.  También son detenidos arbitrariamente y golpeados Porfirio Clemente Huamán y Servando Quinde Alberca todos ellos campesinos de la zona.   Al parecer, la Policía se siente presionada para buscar culpables.  Todos los detenidos salen en libertad después de varios días de preocupación para sus familias.

2009. 2 de Diciembre. Mueren Castulo Correa Huayama y Vicente Romero Ramírez, campesinos de Huancabamba, cuando los efectivos de la DINOES agreden a los habitantes de la comunidad campesina Segundo y Cajas. La Defensoría del Pueblo ha confirmado que fueron asesinados por la espalda.

El Alto, siete de la mañana. El sol cae con fuerza. a más de cuatro mil metros de altura, sobre centenares de bolivianos que se movilizan en triciclos, mototaxis y combis. Por sus facciones, su vestimenta y los idiomas que hablan, uno podría pensar que está en Puno o Juliaca, pero en las combis hay un aviso de Nescafé con la imagen de una mujer aymara, con sombrero y poncho, tomando una taza de café. Nunca aparecen personas andinas en la publicidad de Nescafé en el Perú.

Cada vez que he visto cómo la publicidad de otros países refleja la diversidad étnica existente, he pensado que la mentalidad de los publicistas peruanos se ha quedado congelada en las primeras décadas del siglo XX, cuando los avisos que aparecían en El Comercio, Variedades o Mundial presentaban sólo personas de rasgos europeos, porque la minoría de dicha ascendencia era la que tenía más poder adquisitivo y estaba interesada en consumir productos occidentales. Sin embargo, actualmente la publicidad sigue persistiendo en un criterio monorracial, ignorando los cambios sociales de los últimos años.

Se persiste en usar a personas blancas para mostrar escenas de felicidad familiar, éxito o belleza física, mientras los andinos o negros casi no aparecen o se les reserva el rol de individuos pobres o exóticos. Muchas veces hemos comentado el daño que hace la publicidad racista a la autoestima de millones de peruanos, pese a lo cual, los institutos donde se forman nuevos publicistas no se sienten mayormente cuestionados.

Este año, sin embargo, una serie de avisos han demostrado que en varias agencias de publicidad al racismo se une la ausencia de mínimos criterios éticos. En febrero de este año, Leche Gloria difundió un comercial elaborado por la agencia Causa, donde se hacía mofa de las personas de baja estatura, en un país donde muchos niños tienen retardo en su crecimiento y no pueden tomar los 3 vasos de leche al día que recomendaba el comercial. La campaña que impulsamos con otras personas sensibles logró que Gloria retirara el aviso.

Un mes después, el centro de idiomas Berlitz difundió un comercial donde un hombre de rasgos y vestimenta andina era interrogado de forma amenazante por dos policías blancos, quienes luego llamaban a un policía negro para que “lo hiciera hablar”, es decir, lo torturara. Era inconcebible que se difundiera un comercial tan chocante en un país donde en años recientes miles de campesinos fueron torturados y asesinados impunemente por la policía.

Ese extraño enfoque de mostrar la violencia como divertida, tenía la publicidad de El Comercio que mostraba a una familia africana como caníbales. El aviso inmediatamente causó una fuerte conmoción, generando llamadas telefónicas al diario, protestas en Internet y retiro de suscriptores. Al día siguiente de su aparición, fue retirado del aire y El Comercio se disculpó ante el público, especialmente los afroperuanos.

La agencia que elaboró el comercial es Spectaculus Holistic Circus, dirigida por Juan Carlos Gómez de la Torre, anteriormente director de la sucursal peruana de Leo Burnett. En varias oportunidades, Gómez de la Torre nos ha manifestado su rechazo al racismo en la publicidad, pero ese grotesco comercial nos refleja que, al menos, emplea publicistas totalmente carentes de valores.

No sólo este año hemos presenciado un retroceso en cuanto al racismo en la publicidad, sino en cuanto al machismo, gracias a la campaña publicitaria de la cerveza Brahma. Debe señalarse que hace cuatro años, cuando Backus fue adquirida por la transnacional Miller, dejó de transmitir comerciales de esa naturaleza y que en otros países Brahma no tiene ese enfoque. “Están desesperados porque su cerveza es horrible”, dicen algunas personas que han visto el comercial elaborado por la agencia Quórum.

¿Qué hacer para enfrentar el racismo y el machismo en la publicidad? Además de cursos de ética en todas las entidades que forman publicistas y en los departamentos de imagen de muchas empresas, debe modificarse la legislación. Actualmente, el Decreto Legislativo 1044 señala en su artículo 18 el principio de adecuación social de la publicidad, por el cual, los avisos no deben inducir al público a cometer “un acto ilegal o un acto de discriminación u ofensa por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole”.

Debería plantearse mas bien sancionar los avisos que en sí mismos sean discriminatorios y la sanción no debería estar a cargo de Indecopi, que está especializado en la competencia desleal, sino del Poder Judicial.

A esto debería sumarse una política de acción afirmativa que obligue a los medios de comunicación a incluir afrodescendientes e indígenas en comerciales y, en general, como presentadores o actores, como está dispuesto en Brasil. Para algunas personas se estaría atentando contra la libertad de expresión. Para nosotros, se estaría simplemente buscando reparar el daño que hasta ahora los medios y especialmente la publicidad han venido haciendo a la sociedad.

Un dirigente sindical afrodescendiente es detenido y sometido a una serie de insultos racistas en la Comisaría de Maranga. El Consejo Nacional de la Magistratura impide a un abogado invidente postular a una plaza en el Ministerio Público. En una Municipalidad de la selva se impide a un campesino inscribir a su hijo, porque lleva pantalón corto.

En todos estos casos, quien se basa en los rasgos físicos, la discapacidad o la vestimenta de un ciudadano para discriminarlo es precisamente quien debería combatir estos actos: el Estado.

Una de las principales dificultades para que se cumplan las normas peruanas contra la discriminación, además de su escasa difusión, es que no han sido asumidas por los propios funcionarios públicos. En muchos de ellos están enraizados los más fuertes prejuicios. Recuerdo en una localidad andina, hace ya varios años, haber escuchado al Presidente de Corte Superior llamar “mono” a uno de los funcionarios, que era de Ica, mientras otro magistrado denominaba “alpaca” a su chofer.

Los prejuicios afloran aún en las charlas sobre discriminación: una fiscal en Ayacucho declaró públicamente que sólo los blancos podían ser modelos. En Abancay, un magistrado sostenía que no había homosexuales en dicha ciudad.

Sin embargo, no se trata solamente de ignorar a un sector de la población o menospreciarlo, sino que la discriminación se manifiesta en el maltrato que cometen los funcionarios públicos hacia los campesinos y las personas que tienen rasgos indígenas. Esto es mucho más grave que la discriminación que puede ocurrir en un restaurante o una discoteca, porque se maltrata a las personas más vulnerables cuando pretenden ejercer un derecho fundamental, como la educación o la salud.

En postas médicas, municipalidades o comisarías, el campesino o, en general, quien tiene rasgos indígenas, es visto como un ser inferior, al que se puede humillar con la mayor impunidad. Profesores, policías u obstetrices ridiculizan su forma de hablar y su indumentaria, se burlan de sus creencias y los tratan como tontos o ignorantes. Creen que pueden tutearlos, tengan la edad que tengan, mientras esperan ser tratados de usted. Si les toca trabajar en una zona rural, no pierden la oportunidad de mostrar el fastidio que esto les produce… especialmente tener que atender a los campesinos.

Estos agentes estatales se comportan como si su función no tuviera mayor relación con los campesinos: ni los maestros se preocupan por su educación, ni las enfermeras por su salud ni los policías por su seguridad. En la vida personal sucede algo parecido: en casi todo el Perú, funcionarios bien remunerados como magistrados, regidores y fiscales incumplen abiertamente las normas sobre trabajadoras del hogar.

Normalmente, además, resulta ingenuo plantear que las víctimas se quejen frente a discriminadores que pueden cometer todo tipo de represalias.

Muchos Alcaldes, Presidentes Regionales o funcionarios de importantes Ministerios tampoco se sienten mayormente interpelados ante los indicadores de mortalidad infantil, desnutrición o analfabetismo. Probablemente piensan que son connaturales a quienes los padecen. Por eso, es preferible dirigir recursos a remodelar plazas o prevenir la gripe porcina, antes que incidir frente a problemas “que siempre van a existir”.

También es verdad que, aún dentro de las instituciones públicas la discriminación suele ser una conducta cotidiana, como pueden atestiguar los empleados contratados o el personal de limpieza. Entre funcionarios también se enfatizan las diferencias jerárquicas. “En una ceremonia, los vocales con cinta roja nos sentamos en un lugar y los de cinta blanca en otro”, reconoce un magistrado arequipeño. Aún una reunión navideña puede terminar totalmente desnaturalizada: “No me dejaron saludar a nadie. Los empleados hacían fila para saludarnos sumisamente.”, recuerda un Fiscal Superior. Hasta los viáticos manifiestan estas diferencias: un funcionario gozará del mejor hotel de la ciudad, pero su chofer deberá conformarse con el establecimiento más básico.

Estas actitudes terminan volviéndose parte del sentido común. Hace unos años, mientras un integrante de la Defensoría del Pueblo denunciaba que en el Poder Judicial seguía impidiéndose el ingreso a muchas personas por su vestimenta, un magistrado me decía:

-No es discriminación, es respeto. Cada cosa tiene su lugar.

Naturalmente, hablando de la Defensoría del Pueblo, siempre me ha desconcertado que sus funcionarios deban usar terno, pues esto genera que muchos ciudadanos sientan temor a dirigirse a ellos.

Ante este panorama, si una municipalidad o un gobierno regional promueven una política inclusiva, como en las 52 Ordenanzas aprobadas hasta el momento, es fundamental evitar que la discriminación sea consciente o inconscientemente reproducida por los servidores públicos y este tema debe tomarse en cuenta en su selección, capacitación y evaluación.

Afortunadamente, este año hemos tenido dos sentencias importantes: la condena a cuatro profesores de Los Olivos por el delito de discriminación y el amparo concedido a Edwin Béjar frente al Consejo Nacional de la Magistratura. Quizás serán necesarios más juicios hasta que el Estado deje de ser el principal discriminador.

-Si alguien tenía alguna duda sobre los crímenes que cometió el escuadrón de la muerte de Trujillo el año pasado, lea este reportaje de Ricardo Uceda en la revista Poder:  http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=3011

-Al parecer, Espinar y Abancay por fin vivirán algunos días de calma. La segunda ciudad estuvo doce días aislada por violentos manifestantes que pretenden derrocar al Presidente Regional David Salazar, sin ningún asidero legal (más explicación al respecto en este artículo que publicamos el año pasado: http://www.perueconomico.com/ediciones/33-2008-oct/articulos/372-vecinos-pero-rivales)

-Hacemos llegar nuestra solidaridad al sacerdote Eduardo Arens, el más prestigioso biblista del Perú, a quien el Arzobispo de Lima ha impedido enseñar en el Seminario Juan XXIII: Más información http://blog.pucp.edu.pe/item/78572

-Este 10 de diciembre la Municipalidad de Miraflores hará entrega oficial del terreno donde se edificará el Museo de la Memoria.

-El mismo día, se espera que el Gobierno Regional de Junín promulgue la Ordenanza Regional contra la Discriminación, que sería la cuarta a nivel nacional.

-Hablando de Ordenanzas, felicitamos a la Municipalidad de Belén (Loreto) por la aprobación de su Ordenanza contra la Discriminación, la primera a nivel municipal que aborda la problemática educativa, pues en este distrito es competencia del municipio.

-Agradecemos a Constructora C&V y a la consultora Dirección Estratégica por la publicación de nuevos avisos sin requisitos discriminatorios y a la Caja Municipal de Ica por dejar de solicitar fotografía reciente a sus postulantes.

-El Colegio San Agustín de Miraflores puede ser severamente sancionado por la publicación de un aviso discriminatorio.

FEDEPAZ DENUNCIA CONTRA CAMPESINOS PIURANOS

Tras los lamentables hechos sucedidos el 1 de noviembre en el campamento de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. (ex Minera Majaz) una comisión especial de la DIVINCRI –Piura se encuentra investigando lo ocurrido. Sin embargo, el día de ayer dirigentes de rondas campesinas de la zona, han denunciado que algunos elementos de la Policía Nacional han llegado a diferentes caseríos, en camionetas de la empresa minera, ingresando casa por casa -sin la presencia de un representante del Ministerio Público- procediendo a detener de manera arbitraria a miembros de las comunidades, poniéndoles grilletes, y maltratándolos físicamente.

Según detallan los propios comuneros, el día 10 de noviembre miembros de la PNP llegaron a los Caseríos de El Carmen y Rosarios Bajo, y detuvieron a Porfirio Clemente, y a los hermanos Hugo Ibáñez Clemente y Filoteo Ibáñez Clemente, a quienes condujeron a la ciudad de Huancabamba, en el caso del segundo al oponer resistencia fue duramente maltratado. En el caso de Porfirio Clemente, en principio declarado desaparecido, fue puesto en libertad después de 48 horas de detenido.

Asimismo manifestaron que el 11 de noviembre han sido detenidas otras tres personas, dos de ellas de apellido Quinde Alberca y el otro es el agente municipal de Rosarios Bajo cuyo nombre se desconoce, quienes fueron igualmente sometidos a malos tratos por efectivos  policiales quienes los condujeron al Caserío del Carmen, siendo recién puestos en libertad al día siguiente, y notificados para declarar ante la Fiscalía de Huancabamba.

Frente a estas denuncias por vejación, abuso y maltrato físico, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) ha decidido asumir la representación legal de los agraviados, para lo cual ya se están tomando las acciones pertinentes con la finalidad de que se investigue y  sancione a los responsables.

En efecto, el día de FEDEPAZ ha solicitado mediante una acción urgente a la Defensoría del Pueblo, que en ejercicio de sus funciones, intervenga ante las autoridades competentes para que se pueda brindar garantías a la vida e integridad de estas personas considerando que estos actos constituyen una seria amenaza para sus vidas.

FEDEPAZ recuerda a la Policía Nacional que no puede detener sin mandato judicial, que los registros personales y domiciliarios deben hacerlos con la intervención del Ministerio Público, y que se deben abstener de cualquier acto de maltrato y de tortura en contra de los detenidos, de lo contrario se estaría vulnerando los derechos de los ciudadanos.

Finalmente, cabe precisar que nuestra institución lamenta los hechos ocurridos en el campamento minero, frente a los cuales exigimos una exhaustiva, imparcial y seria investigación, lo cual no justifica de manera alguna, que en la búsqueda de información se cometan o puedan cometer arbitrariedades contra personas inocentes.

Agradecemos su difusión.

DECLARACIONES:

Filoteo Ibáñez Clemente

Según manifestó Filoteo Ibáñez, él se encontraba en su domicilio en una reunión cuando al promediar las 3 de la tarde del pasado miércoles 11 de noviembre, llegaron tres camionetas de la policía, empujaron la puerta de su vivienda y preguntaron por el dueño de la casa. Entonces Filoteo se para y dice que es él y les pregunta que se les ofrece. Los efectivos policiales, sin mayor argumento, lo enmarrocaron, golpearon y le apuntaron con un arma la cabeza. La justificación que dieron los policías a las preguntas de Filoteo es que él era cómplice del ataque a la minera, por ello le preguntaron si estaba de acuerdo con la mina, a lo que Filoteo dijo no.

Luego lo golpearon cuanto pudieron, por un lapso de dos horas y media afuera de su casa, dejándole marcas en sus manos y brazos. Mientras esto ocurría otro grupo de policías se comían las galletas y gaseosas de la pequeña tienda de la que Filoteo es propietario. Posteriormente fue soltado y amenazado, le aseguraron que regresarían a matarlo por ser cómplice del atentado. Filoteo quedó muy herido y apenas podía moverse.

Godofredo Ibáñez Clemente

Godofredo Ibañez, natural de Rosarios Bajo, declaró que mientras se encontraba echando petróleo a su movilidad en uno de los grifos de Huancabamba fue detenido y trasladado enmarrocado hasta la base de la PNP del Barrio Ramón Castilla en Huancabamba el miércoles 11 de noviembre. Godofredo estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche detenido y mientras pasaban las hora lo maltrataron, lo golpearon con el arma de reglamento, le propinaron rodillazos y patadas, y no le dieron alimentos. Los efectivos aducían que él sabía de lo ocurrido en el campamento minero de Río Blanco.
Godofredo denuncia que le quitaron su celular y se lo rompieron para que no se comunicara con nadie. Él no declaró nada porque como manifestó no sabía nada de lo que le preguntaban. En horas de la noche lo trasladaron a la Comisaría de Huancabamba, aquí al no encontrarle pruebas lo soltaron. Godofredo se fue a su casa y la DIVINCRI lo volvió a encontrar, le preguntaron por qué había sido soltado. El al igual que su hermano Filoteo también fue amenazado de muerte “a estos dos hay que matarlos porque no quieren declarar” fueron las palabras finales de la policía antes de alejarse del lugar, aseguraron los hermanos Ibáñez Clemente.

Porfirio Clemente Huamán

Dionisia Labán Guerrero denunció la desaparición de su esposo Porfirio Clemente Huamán. Ella manifestó que se encuentra muy preocupada pues desconoce el paradero de su marido y con lágrimas en los ojos relató una parte de la historia que vivió con sus hijos en su humilde casa del caserío Pan de Azúcar, Distrito de Carmen de la Frontera , en Huancabamba-Piura.

Según detalla, eran más de las 6 de la tarde cuando llegaron las camionetas de la policía en busca del señor Porfirio Clemente Huamán. Dionisia asegura que los policías se bajaron de las camionetas y empezaron a gritar buscando a su esposo y que de manera violenta ingresaron a su domicilio, y tras buscarlo por toda la casa y no encontrarlo se fueron.

Lo hallaron en el camino, lo subieron a una de las camionetas y se lo llevaron. Según refiere su esposa, Porfirio regresaba de una reunión del caserío Monchuruco donde habían estado con el alcalde distrital del Carmen.

Hasta ayer jueves, en horas de la noche Porfirio no aparecía. Su esposa llegó hasta Huancabamba a buscarlo, pero ni la policía, ni en la Fiscalía le dieron noticias de él.

Según información de la zona, recién el viernes habría sido liberado por los efectivos policiales en el Distrito de El Carmen de la Frontera , con signos de haber sido golpeado y torturado por más de 48 horas.