A comienzos de su segundo gobierno, Alan García planteó reinstaurar la pena de muerte para delitos como violación de niños o terrorismo, en abierta violación a la prohibición expresada en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. García retrocedió debido al rechazo que generó por parte de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo, importantes medios de comunicación, la Iglesia Católica y organismos internacionales. Sin embargo, sus expresiones en el sentido que “hay gente que no merece vivir” reflejan una grave percepción sobre los derechos humanos. A lo largo de los últimos tres años y medio, decenas de peruanos han fallecido en sucesivos incidentes.

1. Incidentes policiales por uso excesivo de la fuerza

Los casos que a continuación se reseñan reflejan un accionar policial basado en la precipitación y el recurso desproporcionado a la fuerza contra civiles desarmados. En muchos casos, los fallecidos participaban en protestas sociales. En otros, se trata de incidentes donde la policía empleó sus armas de manera totalmente innecesaria. Llama la atención la muerte de dos niños.

Isidro Llanos, 2 de agosto del 2006, Combayo, Cajamarca.

Campesino fallecido apenas a cuatro días que Alan García asumió el mando. No hubo sanción para los policías implicados.

Jonathan Condori, 30 de agosto de 2006. Sicuani, Cusco.

Este adolescente que protestaba con otras personas contra diversos bares clandestinos, cuando la policía abrió fuego contra la población. Murió a consecuencia del impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza. El Ministerio Público desea aplicar a César Salas, el policía que disparó contra Condori, los últimos Decretos Legislativos para ser eximido de responsabilidad penal.

Cirilo Tuero, 5 de diciembre de 2006, Abancay, Apurímac.

Tuero era un taxista que se incorporó a unas protestas contra la Presidenta Regional de Apurímac, acusada de favorecer a la localidad de Andahuaylas, con la que los habitantes de Abancay tienen una larga rivalidad.

Guillermo Li, 6 de abril del 2007, Lima.

Li era un empresario que fue secuestrado y forzado por los delincuentes a conducir un vehículo. Los integrantes de la comisaría de Monterrico salieron en su persecución y dispararon a quemarropa contra el vehículo, que aparentemente confundiendo a Li con uno de sus secuestradores, debido a que sus rasgos físicos orientales no encajaban en el perfil de empresarios acaudalados de esa zona de la ciudad.

Marvin Gonzales Carvajal, 11 de abril del 2007, Santa Ancash.

Gonzales era un joven agricultor muerto de un balazo por la espalda mientras participaba en un paro departamental contra una decisión política orientada a favorecer al partido de gobierno. Las estaciones locales de televisión que difundieron los hechos fueron clausuradas a la semana siguiente. Meses después, el gobierno retrocedió en la decisión que había generado la protesta.

Imel Huayta, 22 de abril de 2007, Desaguadero, Puno.

Niño de 8 años que viajaba en un camión con sus padres, entre Ilave y Desaguadero, mientras la policía realizaba un operativo contra el contrabando. Aparentemente, los padres de Imel confundieron la tranquera policial con un grupo de delincuentes y siguieron la marcha. Los policías dispararon al parabrisas, matando a Imel y dejando herido a su pequeño hermano.

Julio Raymundo y Oscar Fernández, 15 de junio del 2007, Casapalca, Lima.

Se trataba de un grupo de trabajadores mineros fallecidos cuando la policía pretendía abrir un bloqueo de la Carretera Central. Ellos actuaban en protesta por haber sido despedidos por la empresa Casapalca, de prácticas sumamente abusivas contra los derechos laborales. En ese lugar, también murió el policía Carlos Mariluz y un paciente que era transportado por carretera a un hospital de Lima.

Julián Altamirano, 15 de julio del 2007, Andahuaylas, Apurímac.

Campesino fallecido durante las protestas realizadas en esta localidad que siente mucho la postergación del gobierno. Las protestas fueron parte de un paro nacional que tuvo mucha fuerza en el interior del país, especialmente en las provincias andinas y amazónicas.

Sergio Alanoca, 19 de julio del 2007, Juliaca, Puno.

Profesor perteneciente al sindicato de profesores, SUTEP debido al impacto de una bomba lacrimógena, cuando participaba en una protesta el 12 de julio. Durante esos días se produjeron numerosas detenciones arbitrarias contra profesores y dirigentes del mencionado sindicato. No se permitió que vieran a sus abogados ni al Fiscal.

Herminia Herrera Erraza, 11 de julio del 2007, Lima.

También profesora del SUTEP fallecida en el Hospital Rebagliati aparentemente debido a la violencia policial, aunque la Policía Nacional ha negado toda participación en los hechos. Otras versiones sostienen que ella sufrió una caída cuando huía de las bombas lacrimógenas. El incidente sucedió el 6 de julio. De confirmarse este caso, sería el primero de una mujer víctima de violencia policial en los últimos siete años.

Miguel Añamuro Huaquipaco, 14 de septiembre del 2007, Moho, Puno

Campesino que se dirigía a una fiesta patronal, cuando fue confundido con un grupo de contrabandistas a quienes intervenía la Policía Fiscal. Falleció de un disparo a la cabeza.

John Acosta, 10 de enero del 2008, Pucallpa

Niño de diez años de Pucallpa, fallecido cuando la policía intentó desalojar a un grupo de invasores en un asentamiento humano de esta ciudad amazónica.

Julio Rojas, 18 de febrero del 2008, Barranca

Campesino que participaba en un paro agrario. Murió a consecuencia de los disparos a la cabeza realizados por la policía.

Emiliano García y Rubén Pariona, 19 de febrero del 2008, Ayacucho

Campesinos de Quinua que participaban en un paro agrario. Fallecieron a consecuencia de los disparos a la cabeza realizados por la policía. Se ha identificado como responsable al policía Carlos Rodríguez Huamaní, quien confesó ante el Ministerio Público. Llama la atención que las dos muertes se hayan producido de manera similar a la de Julio Rojas, el día anterior, en un lugar muy distante. El Congreso abrió una investigación al entonces Jefe de la Policía Nacional, Octavio Salazar.

Luis Enrique Ortiz, 5 de marzo del 2008, Celendín, Cajamarca. Ortiz fue detenido, acusado de golpear a su esposa. Pocas horas después se informó que había fallecido en la comisaría. Indignados, los vecinos del lugar atacaron el establecimiento y lo destruyeron, junto con un patrullero.

Santos Antonio López Chancahuaña, 25 de abril del 2008, Acarí, Arequipa

Santos López era un minero informal, que falleció durante un desalojo por parte de la Policía Nacional. Los mineros desalojados argumentaban ser los legítimos propietarios del terreno.

Justo Loma Angles 30 de abril del 2008, Puno.

Campesino que viajaba en un vehículo. Como en los casos del niño Imel Huayta y de Miguel Añamuro, los autores fueron los policías de Aduanas. Los familiares de Loma sostienen que él no tenía ninguna relación con el contrabando

Jean Surichaqui, La Oroya, Junín, 29 de mayo del 2008

Según se informa, la Policía Nacional pretendió realizar una intervención a unos jóvenes que se encontraban bebiendo licor y uno de ellos mató de un tiro a este joven, que pertenecía a un grupo de danza. El responsable ha sido detenido.

Julio Apaza, Independencia, Lima, 5 de junio del 2008

Este joven pretendía evitar el desalojo del inmueble en que vivía con su familia. Ellos argumentaban que el desalojo era injusto.

Los principales jefes policiales involucrados en esta muerte fueron inmediatamente suspendidos y a nuestro parecer esta medida implicó que en los episodios de protestas violentas que se produjeron en la segunda mitad del año, la policía reaccionara de manera sumamente moderado. El hecho que la muerte se hubiera producido en Lima probablemente generó mayor reacción social.

Manuel Yupanqui y Jorge Huanaco Tutuca, Pataz, La Libertad, 12 de julio del 2008

Los jóvenes mineros se enfrentaban a la empresa Marsa conocida por sus abusos hacia los trabajadores y contra el medio ambiente. La Policía Nacional actuó violentamente. Huanaco murió el 22 de julio, tras diez días de quedar malherido.

Helmer Arpasi Valeriano y Ronald Gamarra Chueca, Tacna, 1º y 4 de noviembre del 2008.

Habitantes de la ciudad de Tacna que formaban parte de las protestas contra un cambio en la ley del canon.

Doris Mendoza Paredes, Concepción, 16 de noviembre del 2008 fallecida durante las protestas de la población de esta localidad contra la instalación de una planta de tratamiento de basura promovida por la Municipalidad de Huancayo.

Lidia Huerta Méndez. Calpoc (Casma) 26 de enero del 2009. Su muerte se produjo durante el enfrentamiento entre los policías de la comisaría de Yaután y los comuneros de Calpoc en la sierra de Casma. Al parecer, uno de los policías habría participado en el violento asalto al tesorero de la comunidad.

Christian Sánchez Chanduvi. Pacasmayo, 5 de febrero del 2009. Luego que un camión se volcó en la carretera Panamericana, una multitud de habitantes corrió a saquear la carga. En un intento por disuadirlos, la policía disparó, causando la muerte al adolescente Christian Sánchez. La multitud atacó la comisaría, quemó un patrullero y dos motos. Josmell Marreros, el policía autor del disparo quedó detenido por algunos días.

José Palomino Aquije, Chincha, 22 de marzo del 2009, joven taxista que murió baleado por la policía, que lo confundió con un delincuente.

Paulino Puma Sucso y Oscar Laura Huamántica, Comunidad de Hitaccasa, Pampaconas distrito de Vilcabamba provincia de La Convención, Cusco. 2 de abril del 2009. Un grupo de efectivos policiales, sin ninguna experiencia en la zona dispararon a dos campesinos, confundiéndolos con terroristas. Los campesinos  murieron por falta de atención médica a consecuencia de las heridas sufridas en las piernas.

Remigio Mendoza Ancalla, 2 de julio del 2009. Campesino de Chumbivilcas, muerto en un enfrentamiento con la Policía Nacional.

Wilber Huamanñahui Espinoza, 24 de julio del 2009. Poblador de Marcona, muerto cuando la Policía pretendía desalojar a supuestos invasores de un terreno de la empresa minera china Shougang.

Vicente Rufino Castillo, dirigente cocalero y otro campesino, muertos el 26 de septiembre del 2009. Tres días antes, el 23 sufrió varios disparos por parte de la Policía mientras participaba en una protesta en el sector Bolsón La Cuchara, en la provincia de Leoncio Prado, Huanuco. Ese mismo día falleció otro campesino que no ha sido identificado hasta la fecha. Según integrantes de la Defensoría del Pueblo, sería un migrante que provendría del norte del país.

Castulo Correa Huayama y Vicente Romero Ramírez, campesinos de Huancabamba, Piura, muertos el 2 de diciembre del 2009 cuando los efectivos de la DINOES agredieron a los habitantes de la comunidad campesina Segundo y Cajas. La intervención policial pretendía detener a varios pobladores acusándolos de atentar contra la empresa Río Blanco, ex Majaz. Durante el gobierno de Toledo otros dos campesinos, Reemberto Herrera y Melanio García fallecieron por accionar policial en conflictos similares por la presencia ilegal de dicha empresa en dos comunidades campesinas.

2. Ejecuciones extrajudiciales de Trujillo

Desde agosto del 2007, en la ciudad de Trujillo se han producido numerosas muertes de delincuentes comunes por parte del Escuadrón de Emergencias. Los voceros policiales sostienen que se trata de muertes en enfrentamientos, pero existen varios casos donde diversos testigos sostienen haber visto que se produjo la detención. En por lo menos doce casos, se asesinó a personas sin ninguna relación con actividades delictivas, fuere por una confusión o porque presenciaron las otras ejecuciones. Ellos fueron sometidos a tortura antes de morir.

Señalamos algunos de los casos. El reciente informe de Ricardo Uceda alude a 46 muertes.

César Deza Paredes, Jhonny Murrugarra Chávez y José Murrugarra, 12 de agosto del 2007.

Carlos Mariños Ávila, 27 de octubre del 2007. Sus familiares sostienen que fue testigo de la ejecución de Ronald Reyes, Carlos Iván Esquivel y Víctor Enríquez Lázaro, que se produjo el mismo día.

Richard Sancho Rodríguez, 16 de septiembre del 2007.

Dennos Gallo Chanduví y Julio Merino Bayona, 21 de septiembre del 2007.

 

José Manuel Reyes Moro, 14 de octubre del 2007.

Víctor Gamarra De La Cruz. 21 de noviembre del 2007

Pedro Guevara Rodríguez y. Segundo Romero Loayza, 11 de diciembre del 2007.

Darwin Guzmán Ruiz, 13 de enero del 2008. Comerciante de la zona de La Esperanza. La Policía sostuvo inicialmente que se trató de un delincuente y que lo mataron en un enfrentamiento.

Piero Paoli Zavaleta Castillo y Luis Enrique Varas Alfaro, 30 de enero del 2008, Aparecieron muertos al día siguiente de ser detenidos. Luego se informó que habían muerto en un enfrentamiento. Zavaleta era conocido por pertenecer a una de las mafias más peligrosas de Trujillo. Pese a sus múltiples crímenes fue varias veces liberado por el Poder Judicial.

Orlando Eustaquio Sánchez, 25 de enero.

Freddy Ortecho Rodríguez y Gabriel Aguilar Pretell, 13 de febrero del 2008. Ortecho era el jefe de la peligrosa banda Los Pulpos. La policía sostiene que murieron durante una persecución.

Franco Silva Verona, 2 de marzo del 2008

Luis Fernández Vásquez, 11 de marzo del 2008

José Aredo García y Luis Reyes Armas, 8 de mayo del 2008 y Luis Espinoza Esquivel, 10 de mayo del 2008. Los tres eran integrantes de la banda Los Pulpos.

Carlos Rodríguez Mantilla, 5 de junio del 2008.

Jaime Chávez Escamilo, Segundo Linares Rivas, César Cruz Rodríguez y Carlos Esquivel Mendoza, 17 de junio del 2008

Everson Carvajal Ruiz, 2 de julio del 2008

Alexander Fernández Bazán, 17 de julio del 2008. Trujillo. Apareció muerto el día siguiente de ser detenido.

Johnny Reyes Velásquez. 20 de julio del 2008, Trujillo. La versión oficial había sido que Reyes muere en un enfrentamiento, pero diversos testigos informan que fue detenido. Apareció muerto al día siguiente de cuatro tiros por la espalda. Según la policía, era un conocido delincuente, responsable de la masacre de diez personas en marzo del 2005.

Segundo Rivera Rojas, 22 de julio del 2008

Enrique Cruzado Bello, 15 de agosto del 2008

Freddy Rodríguez Arce, 9 de setiembre del 2008. Muerto a sangre fría en presencia de testigos. Era cuñado de Johny Reyes y jefe de la banda Los Plataneros.

Las ejecuciones extrajudiciales cesaron a fines del año 2008, de manera coincidente con la salida de Luis Alva Castro del Ministerio del Interior y el cese de Octavio Salazar del cargo de Director de la Policía Nacional.

Durante el año 2009, los familiares de las víctimas han recibido diversas amenazas, incluyendo el ingreso a sus domicilios. Varios de ellos han optado por salir del país. Entretanto, el comandante Elidio Espinoza, responsable de los operativos ha sido ascendido por Mercedes Cabanillas y ha colocado a varios de los involucrados en diversos puestos importantes en la Policía de Trujillo. La única Fiscal que continuó las acusaciones por estos crímenes renunció hace un mes por las amenazas recibidas.

3.Muertes en Amazonas ( 5 junio del 2009)

Luego de varias semanas de protestas de la población indígena amazónica, el gobierno decidió desalojar a los indígenas awajún y wampís que desde mediados de mayo bloqueaban parcialmente la carretera entre Chiclayo y Amazonas a la altura de la Curva del Diablo, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas. Esa acción se realizó de manera sumamente violenta, mediante el empleo de bombas lacrimógenas arrojadas desde helicópteros y disparos al cuerpo de la persona. Varios testigos señalan que el líder awajún Santiago Manuim alzó las manos para pedir que cesara el fuego, recibiendo ocho balazos. Al dársele por muerto, se desencadenó un fuerte enfrentamiento, producto del cual fallecieron quince policías.

Los muertos civiles fueron los indígenas awajún Romel Tenazoa Sánchez, Felipe Sabio César Sánchez, David Jaucito Mashigkash, Gerardo Samecash Chamik, Jesús Carlos Timías y el campesino cajamarquino Florencio Pintado Castro.

 

Debe señalarse que los indígenas sostuvieron que hubo muchos más muertos, pero los nombres no han sido proporcionados ni los cuerpos han sido hallados. Sí se informó de la muerte de Ebelio Petsayit, en la comunidad de Chipe, Amazonas. a consecuencia de las torturas que sufrió cuando fue detenido.

A estas muertes deben sumarse las de Porfirio Coronel Jiménez y Alejandro Salazar Huamán (Bagua Grande), Jorge Angel Pozo Chipana y Abel Ticlla Sánchez (Bagua), habitantes de ambas ciudades muertos por efectivos policiales mientras se producían disturbios. Los familiares de las dos personas muertas en Bagua Grande indican que ninguna de las víctimas tenía relación con las protestas. Indican también que el señor Coronel recibió varios disparos a quemarropa.

En la tarde de ese día, nueve policías que estaban retenidos en la Estación 6 de Petroperú fueron asesinados por indígenas awajún, aparentemente en represalia por lo ocurrido en la Curva del Diablo.

4. Incidentes relacionados con las Fuerzas Armadas

Octavio Aquino, 19 de marzo del año 2007. Huachocolpa (Huancavelica),

Profesor de una comunidad campesina, que falleció al parecer confundido con un integrante de un grupo subversivo.

Franklin Estalla Enciso, 7 de setiembre del 2008, campesino de Nueva Esperanza, en el VRAE. Su cuerpo fue sepultado en Satipo y presentado inicialmente como un senderista muerto en un enfrentamiento.

Félix Canchanya Limanche, Maximiliano Pichardo Fernández, Alejandro Pichardo Fernández, Rosa Chávez Sihuincha, 14 de setiembre del 2008 Río Seco, Ayacucho. Campesinos asesinados por una patrulla de las Fuerzas Armadas, aparentemente para amedrentar a otros probladores.

Moisés Pichardo (6 años), Rosa Linda Pichardo (un año), hijos de Maximiliano Pichardo permanecen en calidad de desaparecidos. En opinión de las personas que consultamos en Ayacucho, habría sido más fácil deshacerse de los cadáveres.

Estos crímenes se realizaron en un contexto de extrema violencia al pretender desalojar a los campesinos del VRAE.

Conclusiones

Como se puede apreciar, el año mayor violencia fue el 2008, mientras Luis Alva Castro fue Ministro del Interior y Octavio Salazar estuvo a cargo de la Policía Nacional. El Decreto Legislativo 982, promulgado en julio del 2007, que declara la inimputabilidad de policías y militares que maten o hieran ciudadanos habría permitido los hechos de violencia que se suscitaron después, aunque debe decirse que anteriormente a este Decreto ya se habían producido 13 de las 102 muertes.