-¡Han matado a Saúl Cantoral! –exclamó abatido mi amigo Walter Espinoza, allá por 1989.

Como muchos sanmarquinos, Walter había asistido a la conferencia que Cantoral dio en su universidad explicando las razones por las que la Federación de Trabajadores Mineros que él presidía había dispuesto una huelga general que paralizó las actividades del sector durante varios meses.

Su asesinato, durante el primer gobierno de Alan García, hizo evidente que en aquellos tiempos violentos, también los grupos de poder económico y político habían incorporado el crimen como medio para hacer prevalecer sus intereses.

El pasado 13 de febrero, mientras se recordaban veinte años de este crimen, el sector minero volvía a estar marcado por noticias trágicas. En Casapalca, a pocas horas de Lima, eran encontrados los cuerpos de los trabajadores Carlos Corpus, Édgar Villarreal, y Alex Taype, sepultados en un derrumbe desde el pasado sábado. La víspera, habían sido hallados los restos de Lucio Chipana y César Herrera.

No se trató de un incidente aislado: en la misma semana se produjeron también accidentes mortales en las minas Retama (La Libertad), Volcan (Pasco) y Raura (Lima), revelándose la precariedad en que desarrollan su labor miles de trabajadores mineros, especialmente en empresas peruanas, como las cuatro mencionadas.

Las transnacionales mineras (con excepción de las chinas) normalmente tienen códigos de conducta obligan a sus operaciones en el Perú a seguir estándares de seguridad mucho más exigentes que la limitada fiscalización que pueden llevar a cabo los inspectores del Ministerio de Trabajo y Osinergmin.

Sin embargo, el principal obstáculo que algunas empresas transnacionales tuvieron cuando llegaron, fue convencer a los gerentes peruanos de la necesidad de invertir en la seguridad de sus trabajadores.

-Sabían que les era más barato pagar la indemnización a una viuda que reparar una escalera –me cuenta un amigo que hizo sus primeras prácticas en una de las empresas peruanas.

En los pocos meses que duraron sus prácticas, varios obreros que conocía murieron de manera totalmente evitable, pero a nadie en la gerencia parecía importarle.

La racha de accidentes ocurrida en este mes deja al descubierto cuán discutible es hablar de una “minería moderna” en el Perú. Una visita a Casapalca, además, muestra un panorama desolador: jornadas de trabajo de hasta doce horas sin probar alimento, equipos averiados (desde botas hasta máscaras de oxígeno) y problemas de ventilación en los socavones. Los trabajadores pernoctan hacinados en precarias habitaciones con techos de calamina, plástico y madera totalmente inadecuados para las condiciones climáticas y sin servicios adecuados de agua, desagüe y luz.

Como la abrumadora mayoría de trabajadores de Casapalca, los cinco obreros fallecidos laboraban nominalmente para una contratista, Constructora Géminis. Se trata de una modalidad que han adoptado las empresas (peruanas y extranjeras) para evitar las relaciones laborales. Las contratistas suelen ser empresas fantasmas que periódicamente se declaran en quiebra para no pagar beneficios laborales y luego vuelven a contratar a los trabajadores bajo otra razón social (un ejemplo que hemos descrito es el caso de Minas Arirahua, en la RP 54).

Las contratistas descuentan escrupulosamente a los trabajadores un porcentaje para su AFP, pese a que la mayoría de ellos, por la inestabilidad laboral, difícilmente podrán disfrutar de alguna jubilación. Sin embargo, las contratistas suelen incumplir los pagos a las compañías de seguros, lo cual genera una total desprotección para los obreros que quedan discapacitados a consecuencia de un accidente laboral.

En los últimos tres años, los abusos que se cometen en Casapalca han salido a la luz, porque los trabajadores han formado un sindicato y, ante la negativa de la empresa a dialogar, han bloqueado la Carretera Central en varias oportunidades. En el último bloqueo, en noviembre pasado, falleció el policía Giuliano Villarreal, al parecer impactado por una pedrada.

Actualmente, en el penal de Lurigancho se encuentran cinco trabajadores, Emiliano Sánchez, Fredy Papuico, Pablo Taype, Jorge Luján y Eloy Poman, no por la muerte del policía, sino por el bloqueo de la carretera. Ellos niegan haber participado en los disturbios y dicen que fueron golpeados en la comisaría de Matucana para obligarlos a autoinculparse. El primero de ellos, inclusive se encontraba en Jauja cuando se produjo el bloqueo.

A consecuencia de los golpes, varios tienen serios problemas de salud, que en dos casos harían pensar en una lesión neurológica. Todos tienen hijos pequeños que mantener y temen que pierdan el año escolar por no poder afrontar los diferentes gastos que implica el ingreso al colegio. Debido a su pobreza, no han podido pagar los “cupos de ingreso” que los demás presos exigen y todos los días deben realizar diversos trabajos como limpiar los pabellones o preparar el desayuno desde la madrugada.

El asesinato de Saúl Cantoral, como la mayor parte de crímenes cometidos por las fuerzas del orden y los grupos paramilitares durante los años ochenta, se mantiene todavía en la impunidad. Los recientes incidentes en Casapalca muestran como la tragedia y la injusticia continuan ensombreciendo la actividad minera en el Perú.

DATOS SOBRE LOS CINCO OBREROS DE CASAPALCA DETENIDOS EN EL PENAL DE LURIGANCHO

Fredy Papuico Manrique (42 años)

Lugar de Nacimiento: San Jerónimo - Junín

Salud: Sufre de problemas nerviosos desde su detención y también de presión alta.

Situación familiar: Casado con Zenaida Pérez. Tienen dos hijos: Araceli, de 15 años y Fredy de 12. No sabe cómo van a tener recursos para estudiar.

Pablo Taype Quispe (21 años)

Lugar de Nacimiento: Yauli – Huancavelica.

Salud: Le aquejan fuertes dolores de cabeza desde que fue golpeado en la comisaría de Matucana. A veces pierde la visión.

Organizaciones a las que pertenece: No pertenece al sindicato. Es integrante de la Iglesia Evangélica Nueva Vida de Chilca, Huancayo.

Situación familiar: Mantenía a siete hermanos menores. Está casado con Ruth Peñares, quien tiene nueve meses de embarazo y debe hacerse una cesárea. La fecha prevista era el 16 de febrero, pero carece de recursos para la operación.

Emiliano Sánchez Serrano (42 años)

Lugar de Nacimiento: Acoria - Huancavelica

Salud: Problemas del estómago sufridos con anterioridad, que se habrían agravado por las lesiones. En la intervención policial fue sucesivamente golpeado en la cabeza y todavía siente dolor. Además tiene aún una lesión en la pierna izquierda producto del impacto de una bomba lacrimógena.

Situación familar: Su esposa Celmira Pariona no trabaja, sólo ayuda a pastar animales en su comunidad. Tienen cinco hijos: el mayor de diez años de edad y la menor de cinco meses. Los tres niños mayores iban al colegio, pero no sabe si los han matriculado. No puede comunicarse con su familia porque no tienen dinero para llamar.

Organización: Pertenece a la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jauja

Eloy Martín Poma Canchán (32 años)

Lugar de Nacimiento: Tarma - Junín

Salud: Padece de una gastritis crónica, que se ha agravado por los golpes recibidos en la comisaría. Desde que está preso ha cortado el tratamiento que recibía. Asimismo, a consecuencia de los golpes, actualmente no puede ver bien.

Organizaciones a las que pertenece: Pertenece al sindicato y a la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios de La Oroya.

Situación familiar: Casado con Jessica Grijalva. Tienen 3 hijos: Miguel Angel de 11 años de edad, Lenin de cuatro y Vladimir de dos.

Jorge Luján Gálvez (25 años)

Lugar de Nacimiento: Huancayo.

Salud: Fue golpeado durante su detención, pero los moretones ya desaparecieron.

Organizaciones a las que pertenece: Pertenece al sindicato.

Situación familiar: Casado con Janeth Caballero. Tiene una hija Jeidy, de cuatro años.

Si alguna persona desea hacer llegar ayuda humanitaria a alguna de las familias, puede comunicarse con nosotros, para ver la mejor forma de canalizarla.