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 Hace pocas semanas, las autoridades peruanas sorprendentemente decidieron amparar una demanda  justa ANTES que se realizara una protesta social. Tres días antes de una nueva movilización indígena, el Ministerio de Energía y Minas suspendió las actividades de la empresa minera Afrodita en territorio awajún,  que se realizaban contra la voluntad de la población.   Gracias a esta medida, la anunciada movilización perdió mucho peso y la tensión en la zona ha disminuido. 

 

Durante los últimos años, hemos visto repetirse un libreto distinto: se suceden pronunciamientos de autoridades locales, marchas de sacrificio, delegaciones que llegan a Lima, pero el gobierno central se encoge de hombros o reacciona con altivez.  Sólo cuando hay carreteras tomadas, puentes bloqueados, policías secuestrados y conmoción nacional, el gobierno acepta que existe un problema.

 

Sin embargo,  días después, el gobierno recibió un claro mensaje de que debía hacer mucho más en relación a los pueblos indígenas: el 25 de febrero, una Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo emitió un informe señalando el marcado incumplimiento del gobierno peruano respecto a las obligaciones contempladas en el Convenio 169 de la OIT.

 

El documento señala que el Estado ni siquiera tiene una definición clara respecto a cuáles son los pueblos indígenas en el Perú y que para lograr ello es fundamental la participación de los propios pueblos interesados.     Por si acaso, cuando la OIT habla de indígenas no se refiere sólo a los 300,000 nativos amazónicos, sino también a los millones de indígenas andinos que muchas veces denominamos campesinos y también a muchas personas que viven en las ciudades y que sufren discriminación por sus rasgos físicos, su apellido o su idioma.  Por ello, hablar de indígenas en el Perú no es un tema que se refiere a una minoría. 

 

La Comisión insiste en que los pueblos indígenas deben ser consultados antes de la adopción de medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles, incluso respecto de cómo se llevarán los propios procesos de consulta.   La Comisión señala que los actuales procedimientos del Ministerio de Energía y Minas no cumplen con estos requisitos.  Por ello, la Comisión ha pedido al gobierno suspender las actividades de exploración y explotación de recursos naturales que afectan a los pueblos indígenas, en tanto no se asegure su participación y consulta.  

 

Se trata de una medida que puede alterar los planes de un gobierno empeñado en proyectos a los cuales campesinos e indígenas han expresado abiertamente su rechazo, como la represa de Pakitsapango, que podría inundar buena parte del territorio asháninka y el proyecto Río Blanco en la sierra de Piura, donde ya han muerto cuatro campesinos por acción de la policía (dos de ellos en tiempos de Toledo). 

 

La Comisión recuerda al Gobierno que debe tener en cuenta el derecho de los pueblos indígenas a establecer sus propias prioridades, y de acuerdo a ellas, participar en los planes y programas de desarrollo nacional y regional.   En los últimos años, la política de desarrollo para la sierra y la selva ha sido trazada de manera vertical por el gobierno central, asumiendo que los indígenas (y tampoco los Alcaldes o Presidentes Regionales) no tienen ni voz ni voto en ello. Inclusive, el gobierno ha enviado un Proyecto de Ley para facilitar el desplazamiento de poblaciones debido a la ejecución de proyectos de desarrollo, lo cual puede implicar que los indígenas deban marcharse contra su voluntad de los lugares tradicionales donde viven.  

 

Los expertos recalcan que las tierras indígenas deben estar protegidas, tanto si los pueblos indígenas tienen título de propiedad, como si están bajo una modalidad de ocupación tradicional.  En ambos casos, la Comisión insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para garantizar a los indígenas el respeto a sus derechos de propiedad y posesión.

 

Finalmente, la Comisión plantea la necesidad de establecer con urgencia medidas educativas en todos los sectores sociales para eliminar los prejuicios hacia los pueblos indígenas.  Como sabemos, las principales expresiones ofensivas hacia los pueblos indígenas han provenido del propio gobierno, actuando muchas veces como si se tratase de “no peruanos”.

 

En la práctica, estas observaciones implican una solicitud al gobierno peruano para que establezca una política pública en relación a los pueblos indígenas andinos y amazónicos, algo que no parece haber pasado por la mente de las autoridades nacionales.

 

Al Estado corresponde ahora cumplir con las recomendaciones presentadas y que éstas permitan una nueva relación entre las autoridades estatales y los pueblos indígenas.  La mayoría de países latinoamericanos ya han avanzado mucho en este sentido, partiendo por reconocer a los indígenas como ciudadanos, pero con derechos particulares por su propia condición.  La decisión respecto a Afrodita debería ser el camino a aplicar en otros lugares, aprendiendo a escuchar a la población. 

 

En pocas semanas, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se debatirá nuevamente la situación de los pueblos indígenas en el Perú.

 

 

 

-La Corte Superior del Cusco confirmó la sentencia en favor del abogado invidente Edwin Béjar y dispuso que el Consejo Nacional de la Magistratura le permita postular al cargo de Fiscal.  Se trata de una decisión muy importante para la lucha por la inclusión de las personas con discapacidad.  Acá les adjunto la sentencia. 

 

-Debido al hostigamiento que sufre, el Fiscal Avelino Guillén decidió renunciar.  Además del histórico juicio a Alberto Fujimori, Guillén estuvo a cargo de la investigación sobre las irregularidades cometidas por diversos fiscales trujillanos para evitar acusar al Escuadrón de la Muerte que operó en dicha ciudad mientras Luis Alva Castro fue Ministro del Interior.

 

-El Ministerio de Energía y Minas decidió cancelar los permisos para que continúen las actividades de la empresa minera Afrodita en la provincia de Condorcanqui, en territorio awajún.

 

-Hablando de decisiones que protegen la Amazonía, sólo el 9% del territorio de Madre de Dios podrá ser usado para actividad minera y ha sido prohibido el uso de dragas.  Varias de éstas han sido inmovilizadas por las autoridades.

 

-Mientras la Municipalidad de San Isidro ha formado una Brigada Antitabaco para multar a los locales donde se violan las normas sobre el consumo de cigarrillo, La Posada del Angel en Barranco o el Café Z de Miraflores son ejemplos de abierto incumplimiento a la legislación.

2009: UN AÑO QUE DIFÍCILMENTE OLVIDAREMOS

Enero: El norte comienza el año con violencia

Aunque normalmente los conflictos sociales se asocian más al sur o la selva, el año comienza agitado en el norte: varios promotores del medio ambiente en Tumbes son detenidos por presiones de una empresa langostinera. Días después, en Lambayeque, dos policías mueren abaleados durante el operativo para desalojar a los invasores de los bosques de Pómac y en Casma, al finalizar el mes, la joven campesina Lidia Huerta es la primera víctima mortal de una intervención policial. Ella y otros comuneros protestaban ante una comisaría, porque un policía habría robado los ahorros de la comunidad.

Se denuncia también la violencia reciente: en Trujillo, decenas de familiares de las personas ejecutadas por el escuadrón de la muerte protestan ante Luis Alva Castro, quien fue Ministro del Interior cuando se cometieron los crímenes. En Piura son difundidas las fotografías de la muerte de Melanio García y la tortura a 22 campesinos en las instalaciones de la empresa minera Majaz en el año 2005, durante el gobierno de Toledo.

El Gobierno Regional de Lambayeque aprueba su Ordenanza contra la discriminación.

Febrero: La capital en conflicto

Movilizaciones en Barranco contra los abusos de la Municipalidad de Lima, con el pretexto de construir el Metropolitano. A lo largo del año, se producirían serios daños ambientales también en Chorrillos y en Comas, donde quedó destruida parte del Parque Zonal Sinchi Roca. La lentitud del proyecto genera graves congestiones de tránsito durante todo el año. De otro lado, los vecinos de Jesús María y San Isidro logran hacer retroceder a sus respectivos alcaldes en diversos proyectos que dañaban áreas verdes.

Cinco trabajadores de la empresa minera Casapalca mueren en un accidente producido por las pésimas condiciones laborales. Desde los nuevos edificios de Miraflores hasta las minas informales de Puno, tragedias similares ocurrirán durante todo el año, suscitando muy poco interés por parte de las autoridades laborales.

El Tribunal Constitucional dispone la suspensión de las actividades petroleras en la zona del cerro La Escalera, en el departamento de San Martín, de gran importancia ecológica. Es la primera sentencia que reconoce la vigencia del Convenio 169 sobre derechos de los pueblos indígenas.

El retiro del comercial de Leche Gloria, que denigra a los niños y adolescentes de baja estatura, muestra que aún los grandes grupos económicos pueden ceder ante las críticas de la opinión pública.

Las Municipalidades de Picsi y Zaña (Lambayeque) aprueban sus Ordenanzas contra la Discriminación

Marzo: Aceptar nuestra realidad: una tarea pendiente.

El instituto de idiomas Berlitz difunde un chocante aviso donde un campesino, con poncho y chullo, es torturado porque no habla inglés. Días después que el comercial es retirado, en Machu Picchu, funcionarios del INC impiden a un grupo de profesores ingresar porque llevan ponchos, que son considerados “disfraces”.

Mario Vargas Llosa decide convencer a Alan García para que acepte la creación del Museo de la Memoria y termina presidiendo la comisión a cargo del Museo, conformada por un grupo de varones blancos, de avanzada edad y prestigio profesional, poco representativos de las víctimas.

Las noticias positivas provienen este mes del sector privado: la empresa Liderman difunde la canción Vigilante Soy, por el Grupo 5, contra la discriminación a los vigilantes o huachimanes. Saga Falabella se olvida por una ocasión de Valeria Mazza y coloca a Magaly Solier para su saludo por el Día de la Mujer (en quechua y castellano) y el Club Terrazas anuncia que ha abolido las normas que impiden a las trabajadoras del hogar usar sandalias o la ropa que les guste. A los pocos días, se promulga la ley que establece que ningún establecimiento puede obligar a las trabajadoras del hogar a usar uniforme.

La Municipalidad de Alto de la Alianza (Tacna) aprueba su Ordenanza contra la discriminación.

Abril: Un avance aislado en la lucha contra la impunidad

La condena a Alberto Fujimori a 25 años de prisión es recibida con satisfacción, pero no marca una tendencia permanente en el Poder Judicial, que en muchos otros casos durante el 2009 se muestra benévolo con responsables de violaciones a derechos humanos. Inclusive se archiva el proceso por esterilización forzada a miles de campesinas.

Cinco obreros de Casapalca salen en libertad después de cinco meses de estar injustamente presos. Varios de ellos enfrentan serios problemas de salud a consecuencia de las torturas padecidas. De otro lado, la noticia más trágica del mes es la muerte de dos campesinos en La Convención (Cusco), confundidos con terroristas por una patrulla policial.

Este mes, un informe de la Defensoría del Pueblo muestra la limitada acción del Estado contra la discriminación. Ésta se hace manifiesta cuando el gobierno, ignorando las protestas indígenas que comienzan en la Amazonía, otorga nuevas concesiones petroleras, sin ninguna consulta a los habitantes de los lotes.

Aldo Mariategui publica un ofensivo artículo contra Hilaria Supa que produce rechazo generalizado. Pese a ello, a los pocos días, es contratado para conducir el nuevo noticiero matutino de Frecuencia Latina.

Al finalizar el mes se realiza en PromPerú el desfile de modas Viva la Diversidad, con la participación de modelos de rasgos andinos, adultos mayores y personas con discapacidad.

Mayo: Paranoia porcina, realidad amazónica ignorada

La supuesta epidemia de gripe porcina distrae a la opinión pública, mientras este año se incrementa el número de niños que muere por frío en la sierra. Los Ministerios de Salud y Educación suspenden por varias semanas se suspendan las clases escolares contribuyendo al temor en la población. Cuando pasa la paranoia porcina, las cortinas de humo serán sobre homicidios en que se encuentran implicados lesbianas u homosexuales o inclusive sobre pishtacos.

Esta estrategia mediática pretende también ocultar las protestas en la selva. Los Obispos de esa región se pronuncian respaldando las demandas indígenas, generando mayor despliegue periodístico. El gobierno dispone entonces el Estado de Emergencia en diversas provincias y se niega a debatir la derogatoria de los Decretos Legislativos cuestionados. La Ministra Mercedes Araoz declara que el TLC con Estados Unidos hace imposible derogarlos. Miles de indígenas awajún y wampís bloquean la carretera cercana a Bagua a la altura de la Curva del Diablo.

Dos estudiantes invidentes son detenidos y golpeados en la Universidad de San Marcos junto a numerosos universitarios.

El suplemento Aptitus de El Comercio deja de incluir posibles “requerimientos físicos y condiciones especiales”

El Gobierno Regional de Ayacucho promulga su Ordenanza contra la Discriminación.

Junio: 5 de junio: un día de zozobra

Cinco horas antes del momento en que los indígenas habían aceptado retirarse, la Policía desaloja violentamente la Curva del Diablo. Al menos catorce policías y cinco manifestantes mueren en violentos enfrentamientos, que luego se reproducen en Bagua y Bagua Grande, muriendo cinco pobladores. Esa noche, nueve policías mantenidos como rehenes en la Estación 6 de Petroperú son asesinados por un grupo de indígenas. Hay varios centenares de heridos, entre indígenas y mestizos, la mayoría de ellos de bala, y miles de desplazados. Durante meses se habla de decenas de indígenas desaparecidos y fosas comunes, pero ninguna denuncia es confirmada. El cuerpo del mayor Felipe Bazán todavía no ha sido hallado.

Pese al número sin precedentes de policías fallecidos, se producen en todo el Perú marchas y protestas en solidaridad con los indígenas. Llama la atención que las otras muertes generadas por el actual gobierno (casos Trujillo, Río Seco, Imel Huayta) no generaron similar conmoción social. El Congreso acepta derogar dos de las normas más cuestionadas.

El mismo 5 de junio, en la sierra de Piura, la campesina María Magdalena Ozeta es atacada a machetazos por individuos vinculados a la ONG Integrando, considerada en la zona como una entidad de fachada de Majaz. La señora Ozeta sufre graves daños cerebrales. Al finalizar el mes, son congelados los activos de la empresa Majaz en Inglaterra.

En este mes tan doloroso, las noticias positivas fueron la primera condena por delito de discriminación contra cuatro profesores de Los Olivos que sistemáticamente habían hostilizado a la estudiante Vilma Palma por sufrir de discapacidad y que se promulga la primera Ordenanza contra la discriminación en la región Cusco. Se trata de la Municipalidad de Canchis (Sicuani). La fecha, paradójicamente, es el mismo 5 de junio.

Julio: Cuando el Estado discrimina

El Consejo Nacional de la Magistratura impide al abogado Edwin Béjar dar su examen para postular al cargo de Fiscal. Durante el año se hará evidente la discriminación que otras entidades estatales practican, como la Academia Diplomática que impide postular a los mayores de 30 años y la Policía Nacional que actúa con mucha violencia cuando los detenidos son campesinos o afroperuanos. De hecho, las crisis de Bagua, Chumbivilcas o Majaz se deben en buena parte al menosprecio del gobierno hacia los indígenas y campesinos y sus derechos fundamentales. En noviembre, la Corte Superior del Cusco fallará amparando a Béjar, pero el CNM apelará la sentencia.

La actuación de algunas empresas mineras genera fuertes conflictos en el sur: muere Wilber Huamanñahui, habitante de Marcona, cuando la Policía pretendía desalojar a los ocupantes de un terreno que la empresa minera Shougang reclama como suyo. En Santo Tomás, capital de Chumbivilcas, muere Remigio Mendoza en un enfrentamiento con la Policía Nacional. Como otros campesinos, protestaba porque se habían concedido sus tierras a una empresa minera sin habérsele consultado.

En medio de este panorama, Octavio Salazar es nombrado nuevo Ministro del Interior, pese a su cuestionable conducta como Director de la Policía Nacional en el año 2008, desde el caso de Carmen Azparrent hasta las muertes de tres campesinos en el paro agrario. Su permanencia en dicho cargo también coincidió con los asesinatos de 46 personas en Trujillo.

Las Municipalidades Provinciales del Callao y Urubamba promulgan sus Ordenanzas contra la discriminación.

Agosto: Evaluación en Ginebra

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas lamenta la inacción de las autoridades estatales frente a la discriminación que sufren afrodescendientes y los indígenas en el Perú. Pide al gobierno peruano una política global contra el racismo, enfatizando aspectos como los contenidos educativos, el empleo, la salud y el rol negativo de los medios de comunicación. Además, recomienda emitir con prontitud una norma que garantice los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a su consentimiento, adecuadamente informado en aquellos temas que les afectan. El texto completo aparece acá: http://clavero.derechosindigenas.org/?attachment_id=2897

Milagros Acedo y Ebelin Tineo son las primeras mujeres en muchos años víctimas de un ataque terrorista. Hechos similares se vuelven recurrentes en el VRAE. En varios casos se descubrió que los soldados muertos eran menores de edad, pese a que la ley prohibe que sean enrolados.

Con una movilización en el óvalo de Miraflores, el Movimiento Lundú da inicio a la campaña Apúntate contra el Racismo para sensibilizar a la población contra el racismo hacia los afrodescendientes.

Las Municipalidades de Olmos y Jayanca (Lambayeque) promulgan sus Ordenanzas contra la discriminación.

Septiembre: Casapalca, otra vez

En una probable maniobra de la empresa Casapalca, son detenidos los dirigentes sindicales Pedro Condori y Claudio Boza, acusados por la muerte del policía Giuliano Villarreal, ocurrida en noviembre del 2008. Pese a que ninguno se encontraba en el lugar de los hechos y que no existe ninguna prueba en su contra, ambos son trasladados a la cárcel de Aucallama en Huaral, donde permanecen hasta el momento pasando por muchas privaciones.

En cambio, en los casos de los dirigentes indígenas Santiago Manuim, Teresita Antazú, Marcial Mudarra, y los hermanos Saúl y Cervando Puerta se levantan las órdenes de captura en su contra. Los hermanos Puerta regresan de Nicaragua donde llevaban varios meses asilados y Manuim puede continuar su tratamiento hasta recuperarse de las graves heridas recibidas el 5 de junio.

Como un aporte para la lucha contra la exclusión, presentamos el libro Reflexiones Peruanas y el cuaderno de trabajo Las Ordenanzas contra la Discriminación. Este último será también presentado en Arequipa y Chiclayo.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Municipalidad Distrital de Íllimo (Lambayeque) aprueban sus Ordenanzas contra la discriminación.

Octubre: La salud de los peruanos

Los grandes homenajes a Arturo Cavero ocultan que su muerte se precipitó porque él, como la mayoría de peruanos, carecía de la posibilidad de contar con atención médica adecuada.

Precisamente, después de casi seis años de gestiones, por fin es promulgada la Ley 29414, Ley sobre Derechos de los Usuarios del Sector Salud, que busca frenar los abusos hacia los pacientes y sus familiares. Debe señalarse que, a fines de setiembre, el Ministerio de Salud no había ejecutado ni el 13% de su presupuesto asignado, pese a la dispendiosa campaña sobre la falsa epidemia porcina que continúa hasta el fin del año. Quizás por esta incapacidad de gasto, el Ministerio decidirá no apelar el fallo que le condena a pagar 800,000 de indemnización a la señora Carmen Guevara, cuyo hijo recibió sangre con VIH en la Maternidad de Lima. La sentencia marca un hito fundamental para las víctimas de negligencia médica.

Se suspende el violento desalojo anunciado para la ex cooperativa azucarera Andahuasi. Pese a que ésta se encuentra en medio de una disputa de los poderosos grupos económicos Wong y Bustamante, los tres muertos han sido obreros pobres.

Las Municipalidades de San José (Lambayeque) y Belén (Loreto) aprueban sus Ordenanzas contra la Discriminación.

Noviembre: El escuadrón de la muerte sale de la clandestinidad

Un año después de la última ejecución extrajudicial, un reportaje de Ricardo Uceda en la revista Poder lleva a que los medios de comunicación limeños recién difundan la problemática del escuadrón de la muerte de Trujillo. Para entonces, ya la única Fiscal que había decidido acusar a los responsables ha renunciado debido a las amenazas recibidas. La posición del coronel Elidio Espinoza, a quien se atribuye la conducción del escuadrón de la muerte es más sólida, porque fue ascendido por Mercedes Cabanillas, pese a los cuestionamientos legales.

Debe señalarse que muchas personas defienden las ejecuciones extrajudiciales, considerando que los delincuentes, reales o supuestos, no tienen derechos. Dos muestras de esta actitud ocurrieron en septiembre: cinco supuestos asaltantes fueron muertos por campesinos ancashinos y el estudiante de medicina Jack Briceño, murió quemado vivo por habitantes de Juliaca, quienes lo confundieron con un delincuente.

En Washington, la situación de los indígenas amazónicos es expuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A los pocos días, el gobierno retira el pedido de disolución de AIDESEP y cinco indígenas awajún confinados en el inhóspito penal de Huancas son puestos en libertad. Dos de ellos habían tratado de suicidarse. Respecto a la emisora La Voz de Bagua no se consiguió mayor avance y sigue clausurada.

En Piura, tres trabajadores de Majaz/Río Blanco mueren en un extraño ataque contra el campamento de la empresa. Efectivos de la DINOES detienen y torturan a varios campesinos, pese a que viven a varias horas del lugar de los hechos y carecen de armas de fuego.

La Municipalidad de Villa El Salvador aprueba su Ordenanza contra la Discriminación, que adecúa las multas a la realidad económica del distrito.

Diciembre: Mes de absoluciones y perdón

En Iquitos, setenta indígenas achuar son absueltos de las acusaciones de vandalismo planteadas por la empresa petrolera Pluspetrol y en Puerto Maldonado ocurre lo mismo con el dirigente indígena Antonio Iviche respecto a la acusación de practicar minería ilegal.

Quizás por buscar una mejor relación con los Estados Unidos, el gobierno de Alan García pide perdón a los afroperuanos. Dos días después, también el diario El Comercio les pide perdón, en este caso por un comercial que muestra a una familia africana como caníbal y es retirado al día siguiente que salió al aire. Mostrándose mucho menos cerca de la opinión pública, el jurado del Sapo TV no otorga a Brahma el antipremio al comercial más machista, sino a un anodino anuncio del Banco de Crédito.

Carlos Iván Degregori recibe el Premio Especial de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El fiscal Avelino Guillén, el caricaturista Carlín y el fotógrafo Octavio Medrano son premiados en la misma ocasión.

En Piura los campesinos Castulo Correa y Vicente Robledo son asesinados por la espalda por un grupo de policías, sumándose a 102 las víctimas del régimen (véase información sobre cada caso en: http://reflexionesperuanas.lamula.pe/2009/12/10/las-101-muertes-de-civiles-durante-el-gobierno-de-alan-garcia/ ). Debe recordarse que, pese a las vigilias, marchas y protestas de este año, 80 de las muertes se produjeron antes, sin mayor reacción social.

Con la presencia de Alan García y Mario Vargas Llosa, comienzan las obras del Museo de la Memoria en Miraflores. Por una dramática coincidencia, lejos de allí, en Umasi, Ayacucho, son hallados los restos de más de 40 campesinos, entre ellos 25 niños, algunos de ellos con uniforme escolar. Se trata de una de las numerosas masacres cometidas por los militares en 1983 durante el gobierno de Belaúnde, a quien siempre elogió Vargas Llosa. En todo caso, el cierre del Consejo de Reparaciones lleva a que el Museo pase a segundo plano para las víctimas de la violencia.

Los Gobiernos Regionales de Huancavelica y Junín aprueban sus Ordenanzas contra la Discriminación.

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Un gobierno que pide perdón a los afroperuanos, pero menosprecia a la población indígena. Cuatro gobiernos regionales promulgan normas contra la discriminación, pero la exclusión que se mantiene en esas mismas regiones. El mismo gobierno que respalda el Museo de la Memoria, ya ha causado la muerte de 102 civiles. Hay sentencias que dan esperanza y otras que consagran la impunidad.

A lo largo del 2010, veremos cómo se desarrollan las tendencias que estamos analizando.

Un comentario:

-No estoy de acuerdo es que se considere a la gripe porcina como una epidemia “supuesta”. La epidemia existe y existen estudios que prueban que afecta sobre todo a los más pobres. La mayoría de las víctimas mortales han sido obesos mórbidos, embarazadas, personas con enfermedades cardiovasculares, etc, pero también afecta a personas que estaban saludables. Negar la existencia de la epidemia puede tener un efecto desfavorable en quienes tienen estos factores de riesgo.

Los mensajes de la campaña del MINSA sobre lavarse las manos, ventilar las viviendas y qué hacer en caso de tos o estornudos pueden tener efectos favorables en la prevención en general de las infecciones respiratorias y las neumonías en los niños.

Respecto a la mortalidad de niños en Puno por infecciones respiratorias, ésta se debería a una respuesta ineficaz del sistema de servicios de salud, que cuestiona a todo el sector en su conjunto, pero en particular, al nivel regional (Un médico del Ministerio de Salud).

Julio Castro, médico piurano, nos envía esta crónica de su visita a Huancas.

VOCES INDÍGENAS QUE CLAMAN JUSTICIA DESDE LA CÁRCEL DE HUANCAS

 

                                   Julio  Castro Castro.

 

A raíz de los incidentes del 5 de Junio, se han presentado  serias  secuelas psíquicas  en los policías e indígenas amazónicos sobrevivientes y en sus familiares.  La diferencia está en que a los primeros el Estado les viene brindando alguna atención médica especializada, y   les  reconoce la posibilidad  otros beneficios sociales (aún no cumplidos) y a los segundos no.

 

Los indígenas reciben algún apoyo de monjas misioneras católicas, la Vicaría de Jaén y  algunas ONGs vinculadas a la Iglesia Católica. Al respecto, una maestra awajun me dijo:

 

-¿Sabe qué? nosotros los indígenas no creemos en la solidaridad de las palabras. Estamos cansados de la solidaridad de las palabras. Sentimos que a la mayoría de peruanos, nosotros  no les importamos, y que este gobierno quiere desaparecernos, para instalar en nuestro territorio a empresas que vienen sin permiso y envenenan nuestros ríos y nuestra selva”.    

 

Al enterarse que yo era médico psiquiatra añadió:

 

-Nuestro pueblo necesita mucha ayuda de psiquiatras y psicólogos. Nuestra gente, sobre todo nuestros niños están  traumados por lo que ha pasado… y nadie se acuerda de nosotros.

 

Así, en agosto pasado fui invitado,  a través de la Vicaría del Medio Ambiente de Jaén  para atender a  peruanos pertenecientes a las etnias awajún y huampís en Santa María de Nieva (Amazonas) y  a los detenidos de la cárcel de Huancas (Chachapoyas).  Encontré en mayoría de los evaluados una alta prevalencia de Trastorno de Estrés Postraumático, Depresión Mayor, trastornos de ansiedad e ideación suicida así como  duelos patológicos, que en algunos casos difícilmente concluirán.  Todos  expresaban de una u otra forma su dolor ante lo que percibían como una tremenda injusticia para ellos y sus pueblos por parte de un Estado que teóricamente dice representarlos.

 

En  la cárcel de Huancas  –distrito en la zona alta de Chachapoyas (sierra de Amazonas) pude evaluar y atender a nueve de  los detenidos  a raíz del “baguazo”. 

 

Era pleno invierno y  el frío calaba mis huesos. Todos los detenidos tiritaban y me decían:

 

-Doctor, además de la soledad, este frío nos está matando. Parece que la intención del gobierno es que no salgamos de acá”.

 

Al primero que  atendí fue a Elner Anag. El es  awajún. Es pastor evangélico y   tiene 54 años, aunque aparenta ser mayor. Su expresión facial denotaba una  tristeza y angustia que me llegaba al alma.   Me expresaba en su castellano mascado:

 

-A mí me detuvieron en la tranquera de Mesones Muro, durante el toque de queda el 7 de Junio. Yo soy evangélico, y por acuerdo de mi comunidad de apoyar el paro, fui a llevar comida a mis compañeros, y al regresar a mi comunidad, me detuvieron. Mi tristeza es inmensa…  Nunca estuve en esta situación… y  sufro mucho. No puedo dormir y no tengo apetito… Extraño mucho a mi familia. Ellos no pueden venir porque somos muy pobres. Al escuchar su relato, sentí un nudo en la garganta.

 

Al final de la entrevista se echó a llorar desconsoladamente y me dijo:

 

-¿Por qué estamos acá doctor?  ¡Yo nunca he hecho daño a nadie…! ¡No comprendo esto!

 

Le dije que yo tampoco. ¿Y usted, que lee estas líneas?

 

 

Piura, Portal Abierto. Domingo 11 de Octubre 2009.

-Como señalamos, Eduardo Quino, alcalde de la provincia de Huamalíes fue asesinado en la capital del departamento, Huánuco. En febrero del 2005 fue asesinado otro alcalde de Huánuco, César Martínez, alcalde de la provincia de Amarilis.

-Como acreditan numerosas fotografías, Teobaldo Ventura Sánchez, dirigente de Bagua Grande fue torturado por la Policía Nacional el pasado 15 de enero, día en que comenzaba el Paro Agrario convocado por diversas centrales campesinas. Ventura continúa hospitalizado en dicha ciudad.

- Hablando de Amazonas, en la Base Militar de El Milagro, el suboficial Jesús Mendoza golpeó brutalmente a los reclutas Elmer Román y Deive Barrantes, al punto que casi les cercenó la lengua. El Ejército ha señalado que sancionará severamente al torturador, pero estos hechos exceden al Fuero Militar.

-Siempre en la misma región, fueron liberados siete trabajadores de la empresa minera Afrodita que retenían los nativos del río Cenepa. Debe señalarse que dicha empresa no cuenta con ninguna autorización de los indígenas para intervenir en sus territorios.

-Manteniéndonos en conflictos ambientales, en un penal de Tumbes siguen detenidos los dirigentes Julio Bustamante, José Antonio Torres y José Luis Zapata, enfrentados a una empresa langostinera que amenaza el Santuario de los Manglares.

-Una noticia ambiental más positiva es que cuatro áreas protegidas fueron reconocidas en las comunidades campesinas de Uchumiri (Condesuyos AR), Llámac (Bolognesi, AN), Abra Málaga Thastayoc (Urubamba, CU) y Quishuarani Ccollana (Calca, CU).

-Agradecemos a la empresa Procesos Mc, a Pandero y a Servimedic por comprometerse a no volver a incorporar elementos discriminatorios en sus ofertas de empleo.

-Agradecemos a Scotiabank por incorporar los avisos contra la discriminación dispuestos por la Municipalidad de Miraflores.

-Felicitamos a la Municipalidad de Jacobo Hunter en Arequipa por la aprobación de otra Ordenanza contra la Discriminación.

-Hablando de discriminación, resulta vergonzoso que el nido Aprendo Jugando y el Colegio María de los Angeles tengan como política exigir “buena presencia” a su personal. El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación deberían emitir las sanciones pertinentes.

-Siempre sobre discriminación, condenamos la brutal agresión racista sufrida en Madrid por la periodista Yolanda Vaccaro durante la conferencia gastronómica Madrid Fusión. Puede ser chocante para muchos peruanos y españoles leer lo sucedido:

http://blogs.periodistadigital.com/latino.php/2009/01/22/yolanda-vaccaro-el-comercio-madrid-fusio-8899



-Este lunes 26, a las 6pm, en la Feria del Libro de Trujillo se presenta El Nuevo Mundo de Almudena. Será un gusto encontrarse con los amigos liberteños.