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28
Dic
RP 284: 2009, Balance de un Año Turbulento
Wilfredo Ardito Vega

2009: UN AÑO QUE DIFÍCILMENTE OLVIDAREMOS

Enero: El norte comienza el año con violencia

Aunque normalmente los conflictos sociales se asocian más al sur o la selva, el año comienza agitado en el norte: varios promotores del medio ambiente en Tumbes son detenidos por presiones de una empresa langostinera. Días después, en Lambayeque, dos policías mueren abaleados durante el operativo para desalojar a los invasores de los bosques de Pómac y en Casma, al finalizar el mes, la joven campesina Lidia Huerta es la primera víctima mortal de una intervención policial. Ella y otros comuneros protestaban ante una comisaría, porque un policía habría robado los ahorros de la comunidad.

Se denuncia también la violencia reciente: en Trujillo, decenas de familiares de las personas ejecutadas por el escuadrón de la muerte protestan ante Luis Alva Castro, quien fue Ministro del Interior cuando se cometieron los crímenes. En Piura son difundidas las fotografías de la muerte de Melanio García y la tortura a 22 campesinos en las instalaciones de la empresa minera Majaz en el año 2005, durante el gobierno de Toledo.

El Gobierno Regional de Lambayeque aprueba su Ordenanza contra la discriminación.

Febrero: La capital en conflicto

Movilizaciones en Barranco contra los abusos de la Municipalidad de Lima, con el pretexto de construir el Metropolitano. A lo largo del año, se producirían serios daños ambientales también en Chorrillos y en Comas, donde quedó destruida parte del Parque Zonal Sinchi Roca. La lentitud del proyecto genera graves congestiones de tránsito durante todo el año. De otro lado, los vecinos de Jesús María y San Isidro logran hacer retroceder a sus respectivos alcaldes en diversos proyectos que dañaban áreas verdes.

Cinco trabajadores de la empresa minera Casapalca mueren en un accidente producido por las pésimas condiciones laborales. Desde los nuevos edificios de Miraflores hasta las minas informales de Puno, tragedias similares ocurrirán durante todo el año, suscitando muy poco interés por parte de las autoridades laborales.

El Tribunal Constitucional dispone la suspensión de las actividades petroleras en la zona del cerro La Escalera, en el departamento de San Martín, de gran importancia ecológica. Es la primera sentencia que reconoce la vigencia del Convenio 169 sobre derechos de los pueblos indígenas.

El retiro del comercial de Leche Gloria, que denigra a los niños y adolescentes de baja estatura, muestra que aún los grandes grupos económicos pueden ceder ante las críticas de la opinión pública.

Las Municipalidades de Picsi y Zaña (Lambayeque) aprueban sus Ordenanzas contra la Discriminación

Marzo: Aceptar nuestra realidad: una tarea pendiente.

El instituto de idiomas Berlitz difunde un chocante aviso donde un campesino, con poncho y chullo, es torturado porque no habla inglés. Días después que el comercial es retirado, en Machu Picchu, funcionarios del INC impiden a un grupo de profesores ingresar porque llevan ponchos, que son considerados “disfraces”.

Mario Vargas Llosa decide convencer a Alan García para que acepte la creación del Museo de la Memoria y termina presidiendo la comisión a cargo del Museo, conformada por un grupo de varones blancos, de avanzada edad y prestigio profesional, poco representativos de las víctimas.

Las noticias positivas provienen este mes del sector privado: la empresa Liderman difunde la canción Vigilante Soy, por el Grupo 5, contra la discriminación a los vigilantes o huachimanes. Saga Falabella se olvida por una ocasión de Valeria Mazza y coloca a Magaly Solier para su saludo por el Día de la Mujer (en quechua y castellano) y el Club Terrazas anuncia que ha abolido las normas que impiden a las trabajadoras del hogar usar sandalias o la ropa que les guste. A los pocos días, se promulga la ley que establece que ningún establecimiento puede obligar a las trabajadoras del hogar a usar uniforme.

La Municipalidad de Alto de la Alianza (Tacna) aprueba su Ordenanza contra la discriminación.

Abril: Un avance aislado en la lucha contra la impunidad

La condena a Alberto Fujimori a 25 años de prisión es recibida con satisfacción, pero no marca una tendencia permanente en el Poder Judicial, que en muchos otros casos durante el 2009 se muestra benévolo con responsables de violaciones a derechos humanos. Inclusive se archiva el proceso por esterilización forzada a miles de campesinas.

Cinco obreros de Casapalca salen en libertad después de cinco meses de estar injustamente presos. Varios de ellos enfrentan serios problemas de salud a consecuencia de las torturas padecidas. De otro lado, la noticia más trágica del mes es la muerte de dos campesinos en La Convención (Cusco), confundidos con terroristas por una patrulla policial.

Este mes, un informe de la Defensoría del Pueblo muestra la limitada acción del Estado contra la discriminación. Ésta se hace manifiesta cuando el gobierno, ignorando las protestas indígenas que comienzan en la Amazonía, otorga nuevas concesiones petroleras, sin ninguna consulta a los habitantes de los lotes.

Aldo Mariategui publica un ofensivo artículo contra Hilaria Supa que produce rechazo generalizado. Pese a ello, a los pocos días, es contratado para conducir el nuevo noticiero matutino de Frecuencia Latina.

Al finalizar el mes se realiza en PromPerú el desfile de modas Viva la Diversidad, con la participación de modelos de rasgos andinos, adultos mayores y personas con discapacidad.

Mayo: Paranoia porcina, realidad amazónica ignorada

La supuesta epidemia de gripe porcina distrae a la opinión pública, mientras este año se incrementa el número de niños que muere por frío en la sierra. Los Ministerios de Salud y Educación suspenden por varias semanas se suspendan las clases escolares contribuyendo al temor en la población. Cuando pasa la paranoia porcina, las cortinas de humo serán sobre homicidios en que se encuentran implicados lesbianas u homosexuales o inclusive sobre pishtacos.

Esta estrategia mediática pretende también ocultar las protestas en la selva. Los Obispos de esa región se pronuncian respaldando las demandas indígenas, generando mayor despliegue periodístico. El gobierno dispone entonces el Estado de Emergencia en diversas provincias y se niega a debatir la derogatoria de los Decretos Legislativos cuestionados. La Ministra Mercedes Araoz declara que el TLC con Estados Unidos hace imposible derogarlos. Miles de indígenas awajún y wampís bloquean la carretera cercana a Bagua a la altura de la Curva del Diablo.

Dos estudiantes invidentes son detenidos y golpeados en la Universidad de San Marcos junto a numerosos universitarios.

El suplemento Aptitus de El Comercio deja de incluir posibles “requerimientos físicos y condiciones especiales”

El Gobierno Regional de Ayacucho promulga su Ordenanza contra la Discriminación.

Junio: 5 de junio: un día de zozobra

Cinco horas antes del momento en que los indígenas habían aceptado retirarse, la Policía desaloja violentamente la Curva del Diablo. Al menos catorce policías y cinco manifestantes mueren en violentos enfrentamientos, que luego se reproducen en Bagua y Bagua Grande, muriendo cinco pobladores. Esa noche, nueve policías mantenidos como rehenes en la Estación 6 de Petroperú son asesinados por un grupo de indígenas. Hay varios centenares de heridos, entre indígenas y mestizos, la mayoría de ellos de bala, y miles de desplazados. Durante meses se habla de decenas de indígenas desaparecidos y fosas comunes, pero ninguna denuncia es confirmada. El cuerpo del mayor Felipe Bazán todavía no ha sido hallado.

Pese al número sin precedentes de policías fallecidos, se producen en todo el Perú marchas y protestas en solidaridad con los indígenas. Llama la atención que las otras muertes generadas por el actual gobierno (casos Trujillo, Río Seco, Imel Huayta) no generaron similar conmoción social. El Congreso acepta derogar dos de las normas más cuestionadas.

El mismo 5 de junio, en la sierra de Piura, la campesina María Magdalena Ozeta es atacada a machetazos por individuos vinculados a la ONG Integrando, considerada en la zona como una entidad de fachada de Majaz. La señora Ozeta sufre graves daños cerebrales. Al finalizar el mes, son congelados los activos de la empresa Majaz en Inglaterra.

En este mes tan doloroso, las noticias positivas fueron la primera condena por delito de discriminación contra cuatro profesores de Los Olivos que sistemáticamente habían hostilizado a la estudiante Vilma Palma por sufrir de discapacidad y que se promulga la primera Ordenanza contra la discriminación en la región Cusco. Se trata de la Municipalidad de Canchis (Sicuani). La fecha, paradójicamente, es el mismo 5 de junio.

Julio: Cuando el Estado discrimina

El Consejo Nacional de la Magistratura impide al abogado Edwin Béjar dar su examen para postular al cargo de Fiscal. Durante el año se hará evidente la discriminación que otras entidades estatales practican, como la Academia Diplomática que impide postular a los mayores de 30 años y la Policía Nacional que actúa con mucha violencia cuando los detenidos son campesinos o afroperuanos. De hecho, las crisis de Bagua, Chumbivilcas o Majaz se deben en buena parte al menosprecio del gobierno hacia los indígenas y campesinos y sus derechos fundamentales. En noviembre, la Corte Superior del Cusco fallará amparando a Béjar, pero el CNM apelará la sentencia.

La actuación de algunas empresas mineras genera fuertes conflictos en el sur: muere Wilber Huamanñahui, habitante de Marcona, cuando la Policía pretendía desalojar a los ocupantes de un terreno que la empresa minera Shougang reclama como suyo. En Santo Tomás, capital de Chumbivilcas, muere Remigio Mendoza en un enfrentamiento con la Policía Nacional. Como otros campesinos, protestaba porque se habían concedido sus tierras a una empresa minera sin habérsele consultado.

En medio de este panorama, Octavio Salazar es nombrado nuevo Ministro del Interior, pese a su cuestionable conducta como Director de la Policía Nacional en el año 2008, desde el caso de Carmen Azparrent hasta las muertes de tres campesinos en el paro agrario. Su permanencia en dicho cargo también coincidió con los asesinatos de 46 personas en Trujillo.

Las Municipalidades Provinciales del Callao y Urubamba promulgan sus Ordenanzas contra la discriminación.

Agosto: Evaluación en Ginebra

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas lamenta la inacción de las autoridades estatales frente a la discriminación que sufren afrodescendientes y los indígenas en el Perú. Pide al gobierno peruano una política global contra el racismo, enfatizando aspectos como los contenidos educativos, el empleo, la salud y el rol negativo de los medios de comunicación. Además, recomienda emitir con prontitud una norma que garantice los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a su consentimiento, adecuadamente informado en aquellos temas que les afectan. El texto completo aparece acá: http://clavero.derechosindigenas.org/?attachment_id=2897

Milagros Acedo y Ebelin Tineo son las primeras mujeres en muchos años víctimas de un ataque terrorista. Hechos similares se vuelven recurrentes en el VRAE. En varios casos se descubrió que los soldados muertos eran menores de edad, pese a que la ley prohibe que sean enrolados.

Con una movilización en el óvalo de Miraflores, el Movimiento Lundú da inicio a la campaña Apúntate contra el Racismo para sensibilizar a la población contra el racismo hacia los afrodescendientes.

Las Municipalidades de Olmos y Jayanca (Lambayeque) promulgan sus Ordenanzas contra la discriminación.

Septiembre: Casapalca, otra vez

En una probable maniobra de la empresa Casapalca, son detenidos los dirigentes sindicales Pedro Condori y Claudio Boza, acusados por la muerte del policía Giuliano Villarreal, ocurrida en noviembre del 2008. Pese a que ninguno se encontraba en el lugar de los hechos y que no existe ninguna prueba en su contra, ambos son trasladados a la cárcel de Aucallama en Huaral, donde permanecen hasta el momento pasando por muchas privaciones.

En cambio, en los casos de los dirigentes indígenas Santiago Manuim, Teresita Antazú, Marcial Mudarra, y los hermanos Saúl y Cervando Puerta se levantan las órdenes de captura en su contra. Los hermanos Puerta regresan de Nicaragua donde llevaban varios meses asilados y Manuim puede continuar su tratamiento hasta recuperarse de las graves heridas recibidas el 5 de junio.

Como un aporte para la lucha contra la exclusión, presentamos el libro Reflexiones Peruanas y el cuaderno de trabajo Las Ordenanzas contra la Discriminación. Este último será también presentado en Arequipa y Chiclayo.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Municipalidad Distrital de Íllimo (Lambayeque) aprueban sus Ordenanzas contra la discriminación.

Octubre: La salud de los peruanos

Los grandes homenajes a Arturo Cavero ocultan que su muerte se precipitó porque él, como la mayoría de peruanos, carecía de la posibilidad de contar con atención médica adecuada.

Precisamente, después de casi seis años de gestiones, por fin es promulgada la Ley 29414, Ley sobre Derechos de los Usuarios del Sector Salud, que busca frenar los abusos hacia los pacientes y sus familiares. Debe señalarse que, a fines de setiembre, el Ministerio de Salud no había ejecutado ni el 13% de su presupuesto asignado, pese a la dispendiosa campaña sobre la falsa epidemia porcina que continúa hasta el fin del año. Quizás por esta incapacidad de gasto, el Ministerio decidirá no apelar el fallo que le condena a pagar 800,000 de indemnización a la señora Carmen Guevara, cuyo hijo recibió sangre con VIH en la Maternidad de Lima. La sentencia marca un hito fundamental para las víctimas de negligencia médica.

Se suspende el violento desalojo anunciado para la ex cooperativa azucarera Andahuasi. Pese a que ésta se encuentra en medio de una disputa de los poderosos grupos económicos Wong y Bustamante, los tres muertos han sido obreros pobres.

Las Municipalidades de San José (Lambayeque) y Belén (Loreto) aprueban sus Ordenanzas contra la Discriminación.

Noviembre: El escuadrón de la muerte sale de la clandestinidad

Un año después de la última ejecución extrajudicial, un reportaje de Ricardo Uceda en la revista Poder lleva a que los medios de comunicación limeños recién difundan la problemática del escuadrón de la muerte de Trujillo. Para entonces, ya la única Fiscal que había decidido acusar a los responsables ha renunciado debido a las amenazas recibidas. La posición del coronel Elidio Espinoza, a quien se atribuye la conducción del escuadrón de la muerte es más sólida, porque fue ascendido por Mercedes Cabanillas, pese a los cuestionamientos legales.

Debe señalarse que muchas personas defienden las ejecuciones extrajudiciales, considerando que los delincuentes, reales o supuestos, no tienen derechos. Dos muestras de esta actitud ocurrieron en septiembre: cinco supuestos asaltantes fueron muertos por campesinos ancashinos y el estudiante de medicina Jack Briceño, murió quemado vivo por habitantes de Juliaca, quienes lo confundieron con un delincuente.

En Washington, la situación de los indígenas amazónicos es expuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A los pocos días, el gobierno retira el pedido de disolución de AIDESEP y cinco indígenas awajún confinados en el inhóspito penal de Huancas son puestos en libertad. Dos de ellos habían tratado de suicidarse. Respecto a la emisora La Voz de Bagua no se consiguió mayor avance y sigue clausurada.

En Piura, tres trabajadores de Majaz/Río Blanco mueren en un extraño ataque contra el campamento de la empresa. Efectivos de la DINOES detienen y torturan a varios campesinos, pese a que viven a varias horas del lugar de los hechos y carecen de armas de fuego.

La Municipalidad de Villa El Salvador aprueba su Ordenanza contra la Discriminación, que adecúa las multas a la realidad económica del distrito.

Diciembre: Mes de absoluciones y perdón

En Iquitos, setenta indígenas achuar son absueltos de las acusaciones de vandalismo planteadas por la empresa petrolera Pluspetrol y en Puerto Maldonado ocurre lo mismo con el dirigente indígena Antonio Iviche respecto a la acusación de practicar minería ilegal.

Quizás por buscar una mejor relación con los Estados Unidos, el gobierno de Alan García pide perdón a los afroperuanos. Dos días después, también el diario El Comercio les pide perdón, en este caso por un comercial que muestra a una familia africana como caníbal y es retirado al día siguiente que salió al aire. Mostrándose mucho menos cerca de la opinión pública, el jurado del Sapo TV no otorga a Brahma el antipremio al comercial más machista, sino a un anodino anuncio del Banco de Crédito.

Carlos Iván Degregori recibe el Premio Especial de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El fiscal Avelino Guillén, el caricaturista Carlín y el fotógrafo Octavio Medrano son premiados en la misma ocasión.

En Piura los campesinos Castulo Correa y Vicente Robledo son asesinados por la espalda por un grupo de policías, sumándose a 102 las víctimas del régimen (véase información sobre cada caso en: http://reflexionesperuanas.lamula.pe/2009/12/10/las-101-muertes-de-civiles-durante-el-gobierno-de-alan-garcia/ ). Debe recordarse que, pese a las vigilias, marchas y protestas de este año, 80 de las muertes se produjeron antes, sin mayor reacción social.

Con la presencia de Alan García y Mario Vargas Llosa, comienzan las obras del Museo de la Memoria en Miraflores. Por una dramática coincidencia, lejos de allí, en Umasi, Ayacucho, son hallados los restos de más de 40 campesinos, entre ellos 25 niños, algunos de ellos con uniforme escolar. Se trata de una de las numerosas masacres cometidas por los militares en 1983 durante el gobierno de Belaúnde, a quien siempre elogió Vargas Llosa. En todo caso, el cierre del Consejo de Reparaciones lleva a que el Museo pase a segundo plano para las víctimas de la violencia.

Los Gobiernos Regionales de Huancavelica y Junín aprueban sus Ordenanzas contra la Discriminación.

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Un gobierno que pide perdón a los afroperuanos, pero menosprecia a la población indígena. Cuatro gobiernos regionales promulgan normas contra la discriminación, pero la exclusión que se mantiene en esas mismas regiones. El mismo gobierno que respalda el Museo de la Memoria, ya ha causado la muerte de 102 civiles. Hay sentencias que dan esperanza y otras que consagran la impunidad.

A lo largo del 2010, veremos cómo se desarrollan las tendencias que estamos analizando.

Un comentario:

-No estoy de acuerdo es que se considere a la gripe porcina como una epidemia “supuesta”. La epidemia existe y existen estudios que prueban que afecta sobre todo a los más pobres. La mayoría de las víctimas mortales han sido obesos mórbidos, embarazadas, personas con enfermedades cardiovasculares, etc, pero también afecta a personas que estaban saludables. Negar la existencia de la epidemia puede tener un efecto desfavorable en quienes tienen estos factores de riesgo.

Los mensajes de la campaña del MINSA sobre lavarse las manos, ventilar las viviendas y qué hacer en caso de tos o estornudos pueden tener efectos favorables en la prevención en general de las infecciones respiratorias y las neumonías en los niños.

Respecto a la mortalidad de niños en Puno por infecciones respiratorias, ésta se debería a una respuesta ineficaz del sistema de servicios de salud, que cuestiona a todo el sector en su conjunto, pero en particular, al nivel regional (Un médico del Ministerio de Salud).

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10
Dic
Las 102 muertes de civiles durante el gobierno de Alan García
Wilfredo Ardito Vega

A comienzos de su segundo gobierno, Alan García planteó reinstaurar la pena de muerte para delitos como violación de niños o terrorismo, en abierta violación a la prohibición expresada en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. García retrocedió debido al rechazo que generó por parte de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo, importantes medios de comunicación, la Iglesia Católica y organismos internacionales. Sin embargo, sus expresiones en el sentido que “hay gente que no merece vivir” reflejan una grave percepción sobre los derechos humanos. A lo largo de los últimos tres años y medio, decenas de peruanos han fallecido en sucesivos incidentes.

1. Incidentes policiales por uso excesivo de la fuerza

Los casos que a continuación se reseñan reflejan un accionar policial basado en la precipitación y el recurso desproporcionado a la fuerza contra civiles desarmados. En muchos casos, los fallecidos participaban en protestas sociales. En otros, se trata de incidentes donde la policía empleó sus armas de manera totalmente innecesaria. Llama la atención la muerte de dos niños.

Isidro Llanos, 2 de agosto del 2006, Combayo, Cajamarca.

Campesino fallecido apenas a cuatro días que Alan García asumió el mando. No hubo sanción para los policías implicados.

Jonathan Condori, 30 de agosto de 2006. Sicuani, Cusco.

Este adolescente que protestaba con otras personas contra diversos bares clandestinos, cuando la policía abrió fuego contra la población. Murió a consecuencia del impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza. El Ministerio Público desea aplicar a César Salas, el policía que disparó contra Condori, los últimos Decretos Legislativos para ser eximido de responsabilidad penal.

Cirilo Tuero, 5 de diciembre de 2006, Abancay, Apurímac.

Tuero era un taxista que se incorporó a unas protestas contra la Presidenta Regional de Apurímac, acusada de favorecer a la localidad de Andahuaylas, con la que los habitantes de Abancay tienen una larga rivalidad.

Guillermo Li, 6 de abril del 2007, Lima.

Li era un empresario que fue secuestrado y forzado por los delincuentes a conducir un vehículo. Los integrantes de la comisaría de Monterrico salieron en su persecución y dispararon a quemarropa contra el vehículo, que aparentemente confundiendo a Li con uno de sus secuestradores, debido a que sus rasgos físicos orientales no encajaban en el perfil de empresarios acaudalados de esa zona de la ciudad.

Marvin Gonzales Carvajal, 11 de abril del 2007, Santa Ancash.

Gonzales era un joven agricultor muerto de un balazo por la espalda mientras participaba en un paro departamental contra una decisión política orientada a favorecer al partido de gobierno. Las estaciones locales de televisión que difundieron los hechos fueron clausuradas a la semana siguiente. Meses después, el gobierno retrocedió en la decisión que había generado la protesta.

Imel Huayta, 22 de abril de 2007, Desaguadero, Puno.

Niño de 8 años que viajaba en un camión con sus padres, entre Ilave y Desaguadero, mientras la policía realizaba un operativo contra el contrabando. Aparentemente, los padres de Imel confundieron la tranquera policial con un grupo de delincuentes y siguieron la marcha. Los policías dispararon al parabrisas, matando a Imel y dejando herido a su pequeño hermano.

Julio Raymundo y Oscar Fernández, 15 de junio del 2007, Casapalca, Lima.

Se trataba de un grupo de trabajadores mineros fallecidos cuando la policía pretendía abrir un bloqueo de la Carretera Central. Ellos actuaban en protesta por haber sido despedidos por la empresa Casapalca, de prácticas sumamente abusivas contra los derechos laborales. En ese lugar, también murió el policía Carlos Mariluz y un paciente que era transportado por carretera a un hospital de Lima.

Julián Altamirano, 15 de julio del 2007, Andahuaylas, Apurímac.

Campesino fallecido durante las protestas realizadas en esta localidad que siente mucho la postergación del gobierno. Las protestas fueron parte de un paro nacional que tuvo mucha fuerza en el interior del país, especialmente en las provincias andinas y amazónicas.

Sergio Alanoca, 19 de julio del 2007, Juliaca, Puno.

Profesor perteneciente al sindicato de profesores, SUTEP debido al impacto de una bomba lacrimógena, cuando participaba en una protesta el 12 de julio. Durante esos días se produjeron numerosas detenciones arbitrarias contra profesores y dirigentes del mencionado sindicato. No se permitió que vieran a sus abogados ni al Fiscal.

Herminia Herrera Erraza, 11 de julio del 2007, Lima.

También profesora del SUTEP fallecida en el Hospital Rebagliati aparentemente debido a la violencia policial, aunque la Policía Nacional ha negado toda participación en los hechos. Otras versiones sostienen que ella sufrió una caída cuando huía de las bombas lacrimógenas. El incidente sucedió el 6 de julio. De confirmarse este caso, sería el primero de una mujer víctima de violencia policial en los últimos siete años.

Miguel Añamuro Huaquipaco, 14 de septiembre del 2007, Moho, Puno

Campesino que se dirigía a una fiesta patronal, cuando fue confundido con un grupo de contrabandistas a quienes intervenía la Policía Fiscal. Falleció de un disparo a la cabeza.

John Acosta, 10 de enero del 2008, Pucallpa

Niño de diez años de Pucallpa, fallecido cuando la policía intentó desalojar a un grupo de invasores en un asentamiento humano de esta ciudad amazónica.

Julio Rojas, 18 de febrero del 2008, Barranca

Campesino que participaba en un paro agrario. Murió a consecuencia de los disparos a la cabeza realizados por la policía.

Emiliano García y Rubén Pariona, 19 de febrero del 2008, Ayacucho

Campesinos de Quinua que participaban en un paro agrario. Fallecieron a consecuencia de los disparos a la cabeza realizados por la policía. Se ha identificado como responsable al policía Carlos Rodríguez Huamaní, quien confesó ante el Ministerio Público. Llama la atención que las dos muertes se hayan producido de manera similar a la de Julio Rojas, el día anterior, en un lugar muy distante. El Congreso abrió una investigación al entonces Jefe de la Policía Nacional, Octavio Salazar.

Luis Enrique Ortiz, 5 de marzo del 2008, Celendín, Cajamarca. Ortiz fue detenido, acusado de golpear a su esposa. Pocas horas después se informó que había fallecido en la comisaría. Indignados, los vecinos del lugar atacaron el establecimiento y lo destruyeron, junto con un patrullero.

Santos Antonio López Chancahuaña, 25 de abril del 2008, Acarí, Arequipa

Santos López era un minero informal, que falleció durante un desalojo por parte de la Policía Nacional. Los mineros desalojados argumentaban ser los legítimos propietarios del terreno.

Justo Loma Angles 30 de abril del 2008, Puno.

Campesino que viajaba en un vehículo. Como en los casos del niño Imel Huayta y de Miguel Añamuro, los autores fueron los policías de Aduanas. Los familiares de Loma sostienen que él no tenía ninguna relación con el contrabando

Jean Surichaqui, La Oroya, Junín, 29 de mayo del 2008

Según se informa, la Policía Nacional pretendió realizar una intervención a unos jóvenes que se encontraban bebiendo licor y uno de ellos mató de un tiro a este joven, que pertenecía a un grupo de danza. El responsable ha sido detenido.

Julio Apaza, Independencia, Lima, 5 de junio del 2008

Este joven pretendía evitar el desalojo del inmueble en que vivía con su familia. Ellos argumentaban que el desalojo era injusto.

Los principales jefes policiales involucrados en esta muerte fueron inmediatamente suspendidos y a nuestro parecer esta medida implicó que en los episodios de protestas violentas que se produjeron en la segunda mitad del año, la policía reaccionara de manera sumamente moderado. El hecho que la muerte se hubiera producido en Lima probablemente generó mayor reacción social.

Manuel Yupanqui y Jorge Huanaco Tutuca, Pataz, La Libertad, 12 de julio del 2008

Los jóvenes mineros se enfrentaban a la empresa Marsa conocida por sus abusos hacia los trabajadores y contra el medio ambiente. La Policía Nacional actuó violentamente. Huanaco murió el 22 de julio, tras diez días de quedar malherido.

Helmer Arpasi Valeriano y Ronald Gamarra Chueca, Tacna, 1º y 4 de noviembre del 2008.

Habitantes de la ciudad de Tacna que formaban parte de las protestas contra un cambio en la ley del canon.

Doris Mendoza Paredes, Concepción, 16 de noviembre del 2008 fallecida durante las protestas de la población de esta localidad contra la instalación de una planta de tratamiento de basura promovida por la Municipalidad de Huancayo.

Lidia Huerta Méndez. Calpoc (Casma) 26 de enero del 2009. Su muerte se produjo durante el enfrentamiento entre los policías de la comisaría de Yaután y los comuneros de Calpoc en la sierra de Casma. Al parecer, uno de los policías habría participado en el violento asalto al tesorero de la comunidad.

Christian Sánchez Chanduvi. Pacasmayo, 5 de febrero del 2009. Luego que un camión se volcó en la carretera Panamericana, una multitud de habitantes corrió a saquear la carga. En un intento por disuadirlos, la policía disparó, causando la muerte al adolescente Christian Sánchez. La multitud atacó la comisaría, quemó un patrullero y dos motos. Josmell Marreros, el policía autor del disparo quedó detenido por algunos días.

José Palomino Aquije, Chincha, 22 de marzo del 2009, joven taxista que murió baleado por la policía, que lo confundió con un delincuente.

Paulino Puma Sucso y Oscar Laura Huamántica, Comunidad de Hitaccasa, Pampaconas distrito de Vilcabamba provincia de La Convención, Cusco. 2 de abril del 2009. Un grupo de efectivos policiales, sin ninguna experiencia en la zona dispararon a dos campesinos, confundiéndolos con terroristas. Los campesinos  murieron por falta de atención médica a consecuencia de las heridas sufridas en las piernas.

Remigio Mendoza Ancalla, 2 de julio del 2009. Campesino de Chumbivilcas, muerto en un enfrentamiento con la Policía Nacional.

Wilber Huamanñahui Espinoza, 24 de julio del 2009. Poblador de Marcona, muerto cuando la Policía pretendía desalojar a supuestos invasores de un terreno de la empresa minera china Shougang.

Vicente Rufino Castillo, dirigente cocalero y otro campesino, muertos el 26 de septiembre del 2009. Tres días antes, el 23 sufrió varios disparos por parte de la Policía mientras participaba en una protesta en el sector Bolsón La Cuchara, en la provincia de Leoncio Prado, Huanuco. Ese mismo día falleció otro campesino que no ha sido identificado hasta la fecha. Según integrantes de la Defensoría del Pueblo, sería un migrante que provendría del norte del país.

Castulo Correa Huayama y Vicente Romero Ramírez, campesinos de Huancabamba, Piura, muertos el 2 de diciembre del 2009 cuando los efectivos de la DINOES agredieron a los habitantes de la comunidad campesina Segundo y Cajas. La intervención policial pretendía detener a varios pobladores acusándolos de atentar contra la empresa Río Blanco, ex Majaz. Durante el gobierno de Toledo otros dos campesinos, Reemberto Herrera y Melanio García fallecieron por accionar policial en conflictos similares por la presencia ilegal de dicha empresa en dos comunidades campesinas.

2. Ejecuciones extrajudiciales de Trujillo

Desde agosto del 2007, en la ciudad de Trujillo se han producido numerosas muertes de delincuentes comunes por parte del Escuadrón de Emergencias. Los voceros policiales sostienen que se trata de muertes en enfrentamientos, pero existen varios casos donde diversos testigos sostienen haber visto que se produjo la detención. En por lo menos doce casos, se asesinó a personas sin ninguna relación con actividades delictivas, fuere por una confusión o porque presenciaron las otras ejecuciones. Ellos fueron sometidos a tortura antes de morir.

Señalamos algunos de los casos. El reciente informe de Ricardo Uceda alude a 46 muertes.

César Deza Paredes, Jhonny Murrugarra Chávez y José Murrugarra, 12 de agosto del 2007.

Carlos Mariños Ávila, 27 de octubre del 2007. Sus familiares sostienen que fue testigo de la ejecución de Ronald Reyes, Carlos Iván Esquivel y Víctor Enríquez Lázaro, que se produjo el mismo día.

Richard Sancho Rodríguez, 16 de septiembre del 2007.

Dennos Gallo Chanduví y Julio Merino Bayona, 21 de septiembre del 2007.

 

José Manuel Reyes Moro, 14 de octubre del 2007.

Víctor Gamarra De La Cruz. 21 de noviembre del 2007

Pedro Guevara Rodríguez y. Segundo Romero Loayza, 11 de diciembre del 2007.

Darwin Guzmán Ruiz, 13 de enero del 2008. Comerciante de la zona de La Esperanza. La Policía sostuvo inicialmente que se trató de un delincuente y que lo mataron en un enfrentamiento.

Piero Paoli Zavaleta Castillo y Luis Enrique Varas Alfaro, 30 de enero del 2008, Aparecieron muertos al día siguiente de ser detenidos. Luego se informó que habían muerto en un enfrentamiento. Zavaleta era conocido por pertenecer a una de las mafias más peligrosas de Trujillo. Pese a sus múltiples crímenes fue varias veces liberado por el Poder Judicial.

Orlando Eustaquio Sánchez, 25 de enero.

Freddy Ortecho Rodríguez y Gabriel Aguilar Pretell, 13 de febrero del 2008. Ortecho era el jefe de la peligrosa banda Los Pulpos. La policía sostiene que murieron durante una persecución.

Franco Silva Verona, 2 de marzo del 2008

Luis Fernández Vásquez, 11 de marzo del 2008

José Aredo García y Luis Reyes Armas, 8 de mayo del 2008 y Luis Espinoza Esquivel, 10 de mayo del 2008. Los tres eran integrantes de la banda Los Pulpos.

Carlos Rodríguez Mantilla, 5 de junio del 2008.

Jaime Chávez Escamilo, Segundo Linares Rivas, César Cruz Rodríguez y Carlos Esquivel Mendoza, 17 de junio del 2008

Everson Carvajal Ruiz, 2 de julio del 2008

Alexander Fernández Bazán, 17 de julio del 2008. Trujillo. Apareció muerto el día siguiente de ser detenido.

Johnny Reyes Velásquez. 20 de julio del 2008, Trujillo. La versión oficial había sido que Reyes muere en un enfrentamiento, pero diversos testigos informan que fue detenido. Apareció muerto al día siguiente de cuatro tiros por la espalda. Según la policía, era un conocido delincuente, responsable de la masacre de diez personas en marzo del 2005.

Segundo Rivera Rojas, 22 de julio del 2008

Enrique Cruzado Bello, 15 de agosto del 2008

Freddy Rodríguez Arce, 9 de setiembre del 2008. Muerto a sangre fría en presencia de testigos. Era cuñado de Johny Reyes y jefe de la banda Los Plataneros.

Las ejecuciones extrajudiciales cesaron a fines del año 2008, de manera coincidente con la salida de Luis Alva Castro del Ministerio del Interior y el cese de Octavio Salazar del cargo de Director de la Policía Nacional.

Durante el año 2009, los familiares de las víctimas han recibido diversas amenazas, incluyendo el ingreso a sus domicilios. Varios de ellos han optado por salir del país. Entretanto, el comandante Elidio Espinoza, responsable de los operativos ha sido ascendido por Mercedes Cabanillas y ha colocado a varios de los involucrados en diversos puestos importantes en la Policía de Trujillo. La única Fiscal que continuó las acusaciones por estos crímenes renunció hace un mes por las amenazas recibidas.

3.Muertes en Amazonas ( 5 junio del 2009)

Luego de varias semanas de protestas de la población indígena amazónica, el gobierno decidió desalojar a los indígenas awajún y wampís que desde mediados de mayo bloqueaban parcialmente la carretera entre Chiclayo y Amazonas a la altura de la Curva del Diablo, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas. Esa acción se realizó de manera sumamente violenta, mediante el empleo de bombas lacrimógenas arrojadas desde helicópteros y disparos al cuerpo de la persona. Varios testigos señalan que el líder awajún Santiago Manuim alzó las manos para pedir que cesara el fuego, recibiendo ocho balazos. Al dársele por muerto, se desencadenó un fuerte enfrentamiento, producto del cual fallecieron quince policías.

Los muertos civiles fueron los indígenas awajún Romel Tenazoa Sánchez, Felipe Sabio César Sánchez, David Jaucito Mashigkash, Gerardo Samecash Chamik, Jesús Carlos Timías y el campesino cajamarquino Florencio Pintado Castro.

 

Debe señalarse que los indígenas sostuvieron que hubo muchos más muertos, pero los nombres no han sido proporcionados ni los cuerpos han sido hallados. Sí se informó de la muerte de Ebelio Petsayit, en la comunidad de Chipe, Amazonas. a consecuencia de las torturas que sufrió cuando fue detenido.

A estas muertes deben sumarse las de Porfirio Coronel Jiménez y Alejandro Salazar Huamán (Bagua Grande), Jorge Angel Pozo Chipana y Abel Ticlla Sánchez (Bagua), habitantes de ambas ciudades muertos por efectivos policiales mientras se producían disturbios. Los familiares de las dos personas muertas en Bagua Grande indican que ninguna de las víctimas tenía relación con las protestas. Indican también que el señor Coronel recibió varios disparos a quemarropa.

En la tarde de ese día, nueve policías que estaban retenidos en la Estación 6 de Petroperú fueron asesinados por indígenas awajún, aparentemente en represalia por lo ocurrido en la Curva del Diablo.

4. Incidentes relacionados con las Fuerzas Armadas

Octavio Aquino, 19 de marzo del año 2007. Huachocolpa (Huancavelica),

Profesor de una comunidad campesina, que falleció al parecer confundido con un integrante de un grupo subversivo.

Franklin Estalla Enciso, 7 de setiembre del 2008, campesino de Nueva Esperanza, en el VRAE. Su cuerpo fue sepultado en Satipo y presentado inicialmente como un senderista muerto en un enfrentamiento.

Félix Canchanya Limanche, Maximiliano Pichardo Fernández, Alejandro Pichardo Fernández, Rosa Chávez Sihuincha, 14 de setiembre del 2008 Río Seco, Ayacucho. Campesinos asesinados por una patrulla de las Fuerzas Armadas, aparentemente para amedrentar a otros probladores.

Moisés Pichardo (6 años), Rosa Linda Pichardo (un año), hijos de Maximiliano Pichardo permanecen en calidad de desaparecidos. En opinión de las personas que consultamos en Ayacucho, habría sido más fácil deshacerse de los cadáveres.

Estos crímenes se realizaron en un contexto de extrema violencia al pretender desalojar a los campesinos del VRAE.

Conclusiones

Como se puede apreciar, el año mayor violencia fue el 2008, mientras Luis Alva Castro fue Ministro del Interior y Octavio Salazar estuvo a cargo de la Policía Nacional. El Decreto Legislativo 982, promulgado en julio del 2007, que declara la inimputabilidad de policías y militares que maten o hieran ciudadanos habría permitido los hechos de violencia que se suscitaron después, aunque debe decirse que anteriormente a este Decreto ya se habían producido 13 de las 102 muertes.

 

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30
Nov
Comentarios a la RP 279: Cuando el Estado discrimina
Wilfredo Ardito Vega

-Un amigo me ha contado que en la Marina, para ser oficial, te toman un “examen de presencia”, así con ese nombre.    Parece que la idea de ser alto, blanco y fornido está asociada con la capacidad de mando o de  transmitir autoridad, lo cual, además de  ser irracional, toca una fibra profunda: la idea que los peruanos obedecen a los blancos. En estos tiempos en que se vuelve a hablar de la “necesidad” de repotenciar nuestras FFAA y darles mas presupuesto y autoridad en el país, por la violencia interna y las tensiones con Chile, me parece fundamental insistir que estas instituciones tengan una conducta ejemplar en materia de derechos y respeto a la Constitución. (Una psicóloga).

Al respecto, un especialista en temas militares nos señaló que dentro de la Marina de Guerra, la disminución de postulantes ha hecho muy difícil plantear ahora una selección de esta naturaleza, “aunque todavía algún individuo tenga una mentalidad del siglo XVIII”. Eso sí, por tradición se sigue llamando “examen de presencia” a aquella prueba final en que se mide el aplomo y la seguridad del postulante, respondiendo preguntas de cultura general ante varios oficiales. “En el próximo desfile del 8 de diciembre se podrá comprobar que los cadetes de la Marina ya dejaron de ser blancos”. La psicóloga y este cronista esperan que sea cierto. (Nota de W.A.)

-En relación al temor que genera en los ciudadanos ver a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo que usan terno, en Medicina existe lo que se llama el EFECTO DE LA BATA BLANCA: Temor de la persona que sufre hipertensión arterial  hacia quien lo atiende, solo por  su vestimenta, al punto que le sube la presión: http://www.saludlandia.com/la-%E2%80%9Cbata-blanca%E2%80%9D-sube-la-tension-14209.html (un funcionario de la Universidad Cayetano Heredia).

-Hace cuatro semanas no me dejaron ingresar a la Casa de la Literatura Peruana por ir de pantalones cortos. Denuncié el caso en el chat de la Defensoría del Pueblo y, para mi sorpresa, la persona que me contestó, me indicó que cada institución pública podía poner sus propias reglas de acceso y me puso como ejemplo al Poder Judicial que hace esa misma restricción. Lo que deberían haber hecho la Defensoría es llamar por teléfono al director de la entidad diciendo: ninguna autoridad peruana puede restringir el acceso a un bien público a nadie por la vestimenta que use. Punto. (Enrique Subauste La Rosa, comunicador social)

Pusimos en conocimiento de este penoso incidente a varios funcionarios de la Defensoría del Pueblo, quienes se han comprometido a que todo el personal comprenda que no puede admitirse la discriminación por vestimenta (Nota de W.A.)

-En un evento sobre discriminación organizado por la Defensoría del Pueblo en Cajamarca, un efectivo policial criticó a la Defensoría por haber defendido a las cadetes de la PNP suspendidas por estar embarazadas. Indicó que así se estaba propiciando el embarazo de las alumnas. El policía no entendía que es un acto discriminatorio (sólo se suspende a las mujeres, no a los varones que son padres), y que además vulnera el derecho a la educación, el derecho de acceso a la carrera publica, los derechos reproductivos, etc. (Genoveva Gómez, ciudadana cajamarquina).

-He trabajado en varias instituciones públicas, pero el más discriminador ha sido el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima, en una gestión anterior a la actual. Te aseguro que cuando se convocaba a señoritas para ser admitidas como secretarias, era todo un alboroto, TODOS los Gerentes participaban en este festín y ocupaban largas horas en el proceso de selección: las preferían blancas y rubias. Si alguna ingresaba y no era rubia, a la larga se terminaba tiñendo el cabello. Naturalmente, también había denuncias por acoso sexual. (Una profesora, que trabajó en el SAT hasta el año 2006).

-¿Te acuerdas de la patadita que le propino Alan a un pobre señor que se le puso delante? No sé si lo hubiese hecho lo mismo con una persona blanca (un ingeniero).

- Es frecuente ver a personas blancas acercarse a un mostrador para que las atiendan inmediatamente, sin importarles que haya gente que ha llegado antes y está esperando. Lo hacen sin el mayor recato como si tuvieran todo el derecho del mundo. Lo que más molesta es que el funcionario se da cuenta, pero no es capaz de decirle a estas personas que respeten su turno.

Muchos funcionarios atienden mejor a una persona blanca, porque creen que es muy probable que conozca a su jefe y se pueden ganar una reprimenda grande si no lo atienden bien. Es decir, asocian blanco con “ten cuidado”. En cambio, a una persona de rasgos indígenas la asocian con iletrada o pobre. Por eso la atienden mal o la pasean durante meses: saben que no se va a quejar, que es improbable que tenga algún conocido en un nivel superior y que ni siquiera le pueden sacar una coima. Además, un indígena que no domina bien el castellano ni siquiera podrá quejarse adecuadamente (Fernando Nakasone).

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12
Oct
La muerte de Arturo Cavero
Wilfredo Ardito Vega

El primer día del año 2000, millares de hinchas recibieron una terrible noticia: el futbolista Sandro Baylón había fallecido en un accidente de tránsito en la Costa Verde. En medio de las expresiones de dolor durante sus funerales, pasaron a segundo plano las circunstancias de su muerte: Baylón manejaba con exceso de velocidad, había ingerido abundante licor, estaba hablando por su celular y no llevaba cinturón de seguridad. Con esos cuatro factores acumulados, su muerte hubiera podido servir para una campaña de sensibilización a muchos conductores, mostrando que muchos llamados “accidentes”, en realidad derivan de comportamientos perfectamente evitables.

 

Ni las autoridades ni los medios de comunicación decidieron emprender esta campaña. Por mi parte, ese mismo día decidí enfrentar aquello que estaba más a mi alcance y era el cinturón de seguridad. La insistía siempre al taxista para que lo usara y si había varios disponibles, escogía aquel que tenía puesto el cinturón. Afortunadamente, a mis amigos no tenía mucho que decir, porque ellos sí habían asimilado la lección.

 

Cuando una persona pública muere de manera inesperada o temprana, muchas veces en el Perú nos quedamos en el dolor y la congoja. Sin embargo, con frecuencia, las circunstancias de la muerte pueden servirnos también como una lección para quienes quedamos con vida. El asesinato de Alicia Delgado, por ejemplo, debería hacernos pensar en muchas relaciones de pareja donde aparecen crecientes rasgos de violencia y la dependencia afectiva de las víctimas les impide pedir ayuda a tiempo. El caso de Marco Antonio Gallego refleja cómo algunos integrantes de la comunidad homosexual, mantienen comportamientos arriesgados al relacionarse con delincuentes. Sólo casos excepcionales, como el incendio de la discoteca Utopía generan un cambio en las autoridades, pues, desde dicha tragedia, existe mayor control sobre la seguridad en espectáculos públicos.

 

La muerte de Arturo “Zambo” Cavero refleja las dramáticas consecuencias de un problema de salud que está en aumento en nuestro país y es la obesidad, a pesar que, paradójicamente, también tenemos fuertes índices de desnutrición. Aunque ya he conocido varios casos de jóvenes obesos, para mí es más impresionante cuando se trata de niños, cuyos padres parecen incapaces para regular lo que comen sus hijos.

 

Algunos ni siquiera saben qué almuerzan sus hijos, puesto que el almuerzo es en el colegio y no en la casa, lo cual hubiera sido impensable cuando yo era chico. Además, los temores de los padres confinan a sus hijos en una vida sedentaria: ya no los mandan ni a comprar pan y no quieren que salgan al parque. A diferencia de otros países, la publicidad de dulces y comida rápida sigue mostrando niños y presentando personas ingiriendo productos. Entre nosotros, todavía, la gordura es considerada más un problema estético que un tema de salud.

 

Arturo Cavero, además, como la abrumadora mayoría de peruanos, artistas y no artistas, carecía de un seguro de salud, lo cual generó que las enfermedades que lo aquejaban fueran avanzando durante varios años. Lamentablemente, fue muy tarde cuando Alan García gestionó que fuera atendido en Hospital Rebagliati. En realidad, detrás de este gesto humanitario, aparece una triste realidad: millares de peruanos enfrentan serios problemas de salud, pero no cuentan con el apoyo del Presidente de la República para atenderse adecuadamente.

 

Lamentablemente, la muerte de Cavero, como ha sucedido con todas las muertes de niños ocurridas este año en la sierra, parecen interpelar al Ministerio de Salud. Asegurar adecuada cobertura a la mayoría de peruanos no parece estar entre sus metas. A la fecha, el Ministerio no ha gastado ni el 14% de su presupuesto asignado y, además, frente a las verdaderas necesidades de la población, priorizó la campaña de prevención de la gripe A1H1 por razones mediáticas.

 

A los pocos meses que Baylón falleció, comenté con un joven taxista las cuatro razones por las que aquél había muerto, pero me replicó:

 

-No, Baylón murió por una quinta razón. ¿Sabe cuál fue?

 

-¿Cuál? -pregunté yo. Supuse, en aquellos tiempos montesinistas, que atribuiría su muerte a una cortina de humo montada por el Servicio de Inteligencia.

 

-Porque le tocaba morir.

 

Y siguió el resto del viaje con el clásico sermón de “Nadie se muere en la víspera”, “A todo el mundo le llega su hora” y demás comentarios fatalistas. Si bien es cierto que la muerte es inevitable, existen muchas formas en que se puede evitar que llegue antes de tiempo.

 

Para los sectores urbanos, especialmente en la costa, Cavero fue un referente fundamental de peruanidad (no sé si otros peruanos, como los awajún o los aymara, lo conocían tanto). Antes que se desarrollara el orgullo por la gastronomía, cuando lo escuchábamos cantar, muchos vibrábamos y nos sentíamos muy, pero muy peruanos. Eso lo sabía perfectamente García, que lo incorporaba a sus campañas presidenciales.

 

Por los sentimientos de amor por el Perú que Cavero despertaba, por el cariño que él mismo generaba, su temprana muerte debería ayudarnos a evitar que miles de compatriotas sigan muriendo como él por causas totalmente evitables. Si el Estado no asume la iniciativa, quedará en cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, hacerlo.

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07
Jun
RP 255: ¿Por qué estalló la barbarie en la Selva?
Wilfredo Ardito Vega

A la morgue de Bagua llegan los cuerpos de treinta indígenas muertos. La policía no permite el ingreso a la Curva del Diablo para recuperar los cuerpos de los demás cadáveres. Nueve policías son degollados por los awajún en Imacita. El líder indígena más reconocido de Amazonas, Santiago Manuim, se debate entre la vida y la muerte: ha sobrevivido a ocho heridas de bala, pero debe ser trasladado a Lima. Son sepultados los restos de once policías muertos en el enfrentamiento del cinco de junio. En varias ciudades de Amazonas se impone el toque de queda desde las 15:00 (no es ningún error de imprenta).

Mientras se acumulan datos y cifras que hacen remontarnos a los peores tiempos del conflicto armado interno, me viene a la mente que hace unas semanas estaba yo dando una charla sobre las violaciones a los derechos humanos en el segundo gobierno de Alan García y señalé que hasta el mes de mayo, la Policía y el Ejército habían matado a 84 personas (ver RP 242 Memorias del Presente). En ese momento, un profesor de la Universidad de Illinois me preguntó:

-Entiendo que Fujimori reprimía para perpetuarse en el poder, pero García, ¿por qué actúa así? ¿Qué pretende obtener?

Yo no sé si obtiene algo… pero sí creo que la sucesión de incidentes represivos de los últimos 3 años y los trágicos acontecimientos ocurridos en los últimos días en la selva se deben a que en García y su régimen coinciden en dos factores.

El primero es una vocación autoritaria, para la cual el respeto a la vida humana es un elemento secundario. Recordemos que, desde su primera semana en el poder, el propio García proclamó: “Hay gente que no tiene derecho a vivir”, para justificar la reimplantación de la pena de muerte. Finalmente, no pudo lograrlo desde el punto de vista legal, pero durante estos años en el Perú la pena de muerte parece que estuviera vigente… En Trujillo, por ejemplo, hasta octubre del año pasado la aplicó el Escuadrón de Emergencias de la Policía Nacional, asesinando sistemáticamente a 46 personas. Ni los niños pequeños se salvan de morir, como le ocurrió a Imel Huayta, de seis años y a los hermanitos Rosa Linda, de apenas un año, y Moisés Pichardo, de cinco, asesinados con sus padres en setiembre pasado (ver RP 223, Masacre de Río Seco).

El autoritarismo se muestra en la restricción de la libertad de circulación por diversas razones, desde la represión a manifestaciones “no autorizadas” hasta el arresto domiciliario colectivo que se impuso para el censo de octubre del 2007. También se aprecia por el incremento de las detenciones arbitrarias, la tortura en comisarías y cuarteles, las amenazas a periodistas, la clausura de medios de comunicación críticos del gobierno (en abril del 2007 varios canales de Chimbote fueron clausurados tras mostrar como el joven agricultor Marvin Gonzales era asesinado por la policía).

Y si alguien todavía duda del autoritarismo del régimen, sería bueno que revisara los Decretos Legislativos aprobados en julio del 2007, que indican que no se juzgará a los policías que maten o hieran civiles “en cumplimiento de sus funciones” y permite la detención sin mandato judicial.

Sin embargo, no es suficiente el autoritarismo para explicar la cantidad de muertes. Mas bien, los gobiernos autoritarios suelen procurar llegar a una empatía con la población más pobre. Este no es el caso del Perú, por el segundo factor, que es el menosprecio por la mayoría de ciudadanos.

Este menosprecio está marcado por un racismo que en los últimos años parece ser el mismo que existía en tiempos coloniales: los indígenas andinos y amazónicos son percibidos como seres prescindibles. Por eso, es que, pese al crecimiento económico, las cifras de niños muertos por frío en la zona andina aumentan de año a año. Por ello, se podía ordenar a la policía disparar indiscriminadamente sobre los nativos amazónicos o los habitantes de Bagua.

Para saber lo que García piensa sobre los campesinos andinos y los indígenas amazónicos, basta leer sus artículos donde los califica de “perros del hortelano”, que no aprovechaban sus tierras comunales por lo que era mejor entregarlas a grandes inversionistas. García pasó de las palabras a la acción, enviando al Congreso una serie de proyectos de ley para debilitar los derechos de propiedad sobre las tierras comunales, imponiendo, por ejemplo, servidumbre obligatoria a favor de empresas mineras o petroleras. Aunque estos proyectos fueron rechazados por el Congreso, García logró en junio del 2008, que fueran aprobados como Decretos Legislativos, con el argumento, desmentido por algunos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, que permitiría la implementación del Tratado de Libre Comercio con dicho país.

Al gobierno no le importó mucho la abierta violación del Convenio 169 sobre derechos de los pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo, que el Perú ha ratificado desde 1993, reconociendo así el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en todas las decisiones que les afecten, el respeto por sus territorios tradicionales y sus valores culturales.

Por meses los indígenas amazónicos protestaron contra estas normas, en medio de la indiferencia del gobierno. En abril, las organizaciones indígenas dispusieron un paro pacífico de protesta… y a los pocos días, el gobierno volvió a entregar el territorio de diversas comunidades nativas a empresas petroleras. Los Obispos de la Selva y numerosas organizaciones de la sociedad civil pidieron que los decretos fueran derogados, sin que fueran escuchados.

Es más, lejos de acceder a un diálogo serio, se dispuso el Estado de Emergencia sobre todas las provincias donde los indígenas se movilizaban. En el Congreso la discusión sobre la derogatoria de los decretos fue postergada por los parlamentarios apristas una y otra vez, mediante diversas maniobras y pretextos.

Finalmente, en la madrugada del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, Mercedes Cabanillas anunció que los indígenas habían atacado un helicóptero y matado un policía. En realidad, el gobierno comenzaba a mentir con el mayor cinismo (el ataque a un helicóptero se produjo en el VRAE), mientras se producían violentos ataques hacia los indígenas en la denominada Curva del Diablo, arrojando bombas lacrimógenas y disparando al cuerpo de los nativos. Los llamados al cese del fuego de parte de la Conferencia Episcopal y la Defensoría del Pueblo no fueron escuchados por las autoridades policiales que inclusive impidieron la atención médica de los heridos.

La terrible reacción de algunos indígenas, que mataron en la madrugada del seis a nueve policías desarmados demuestra la subsistencia de patrones culturales donde también la vida humana pasa a segundo plano. Existían terribles antecedentes recientes como el asesinato de cuatro brigadistas de salud y la masacre de Flor de la Frontera, pero, como sucedió en enero en los bosques de Pómac, la vida de los propios policías no es importante para las autoridades, salvo para usar las muertes con fines políticos.

¿Era posible otra alternativa para esta crisis? Por supuesto que sí, si se pensaba en los indígenas amazónicos como ciudadanos peruanos o como seres humanos…, pero, como sucedió en los años ochenta, quienes están en el poder están muy lejos de llegar a estas ideas. Las Fuerzas Armadas y Policiales se siguen comportando en la zona como un ejército de ocupación.

Durante los años que recorrí los ríos amazónicos, nunca encontré la tierra exótica y sensual que suele existir en la mente de algunos limeños… Me vi siempre rodeado de pobreza, abandono y sufrimiento, donde los indígenas eran especialmente explotados. Para ellos, las autoridades peruanas eran un grupo de personas egoístas que sólo querían despojarles de sus tierras. Después de los últimos acontecimientos, difícilmente alguien podría decirles que están equivocados. El gobierno no manifiesta, hasta el momento, ningún interés en derogar los Decretos Legislativos que han generado tanto sufrimiento.

Este jueves 11 de junio, la OIT ha pedido que el Estado peruano responda ante el reiterado incumplimiento del Convenio 169 sobre derechos de los pueblos indígenas. En realidad, el actual gobierno debe responder ante muchos otros hechos, entre ellos, haber eliminado toda la legitimidad que el sistema democrático podía tener para los nativos amazónicos.

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18
May
Reflexiones Peruanas Nº 252: El Racismo hacia los Indígenas Amazónicos
Wilfredo Ardito Vega

Hace unos meses, quise averiguar cómo los limeños percibían a los indígenas amazónicos. Pasaba en un taxi ante el local de AIDESEP y vi que dos dirigentes tocaban la puerta.


-Señor –le pregunté al taxista –para usted dos personas como los que están al frente…



-Son choros, ¿no? –me interrumpió él.



En esos mismos días, unos indígenas achuares que habían venido a una reunión en el Ministerio del Ambiente fueron impedidos de ingresar a un chifa de San Borja porque la propietaria creyó que eran indigentes.

Bajos de estatura, de piel cobriza, ojos rasgados, cabello negro y lacio, los indígenas amazónicos suelen sufrir diversas formas de discriminación en Lima y las ciudades de la selva.



Sin embargo, la peor forma de racismo hacia ellos es la que practican las autoridades peruanas. El propio Presidente Alan García lo ha manifestado cuando sostiene que sus tierras son “de todos los peruanos”, pretendiendo convertir a los nativos en usurpadores de sus propias tierras. En los artículos que García publicó en el 2007 tildaba a los indígenas de ser los “perros del hortelano”, responsables de la pobreza del Perú al impedir que grandes capitales ingresen a sus territorios ancestrales.



Desde la expedición de Francisco de Orellana, quien hacía torturar a los indígenas que hallaba a su paso para que confesaran donde se encontraba El Dorado, la mayor desgracia para los indígenas amazónicos ha sido la codicia que despiertan las riquezas existentes en sus tierras, sean reales o supuestas.



La Independencia de los países americanos no generó para los indígenas mayores beneficios: las élites criollas de Perú, Brasil, Colombia o Ecuador invocaban derechos territoriales sobre la Amazonía y negociaban límites nacionales sin ninguna consulta a sus habitantes ancestrales.



El Estado peruano no percibía a los indígenas amazónicos ni como ciudadanos ni como peruanos y adjudicaba “las tierras de Montaña” a quien quisiera, menos a los propios indígenas. Con este respaldo legal, se produjo la ocupación de la Selva Central por los colonos europeos y, con el auge del caucho, miles de indígenas fueron capturados violentamente para trabajar como esclavos en las plantaciones de Arana, Fitzcarrald y otros individuos inescrupulosos.



Luego que las plantaciones de caucho decayeron, continuó promoviéndose la colonización indiscriminada de la Amazonía, quedando los indígenas confinados a territorios cada vez más pequeños.



Recién en 1974, el gobierno de Velasco promulgó la Ley de Comunidades Nativas e inició el proceso para titular sus tierras, aunque la actitud de los indígenas suele ser distinta del derecho occidental de propiedad: muchas veces son los nativos quienes sienten que pertenecen a la tierra.



Lamentablemente, para el actual gobierno, los títulos de propiedad parecen tener poco valor, pues se ha empeñado en otorgar masivamente concesiones a empresas petroleras o de gas sin ninguna consulta o información previa a los indígenas. Las últimas concesiones fueron otorgadas hace pocos días, mientras se producían las actuales protestas.



Las normas aprobadas el año pasado agravan la situación. Por ejemplo, el Decreto Legislativo 1064, permite realizar actividades extractivas en las comunidades aunque lo rechacen los nativos, mediante la imposición de una servidumbre. Para los indígenas amazónicos resulta doloroso ver cómo el petróleo y el gas generan grandes ganancias para otros, mientras ellos sufren la contaminación, la pobreza y el abandono.



No es necesario ir muy lejos para imaginar algo diferente. Los wampís que cruzan la frontera encuentran, en plena selva amazónica ecuatoriana, todo tipo de médicos especialistas y una infraestructura adecuada. El Perú es el país latinoamericano que invierte menos en la salud de su población indígena y este desinterés es, para nosotros, una de las muestras más fuertes de racismo. A nivel educativo, el actual gobierno ha generado una seria crisis, al impedir que muchos jóvenes indígenas puedan convertirse en profesores, obligándolos a rendir el mismo examen establecido para los estudiantes limeños, sin tomar en cuenta diferencias culturales o lingüísticas.



Resulta impresionante la contradicción entre las acciones reales del gobierno con el empeño que puso la delegación peruana ante las Naciones Unidas para promover la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, donde aparecen el respeto a los territorios tradicionales, la participación de los indígenas en las decisiones que les afecten y el cumplimiento de los derechos a la salud y a la educación. Esos mismos puntos ya están presentes en el Convenio 169 de la OIT, que el Perú ratificó en 1993, pero que las autoridades actuales parecen desconocer totalmente, pese a que la OIT ha expresado varias veces su preocupación.



En la práctica pareciera que para el gobierno actual, los indígenas amazónicos o no existen o son un estorbo. Mientras algunos limeños, que jamás han padecido la exclusión que afecta a los nativos amazónicos, consideran que las movilizaciones indígenas son un acto contra el Estado, para mí son un clamor por ser reconocidos como ciudadanos peruanos, con los mismos derechos.

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08
Dic
Reflexiones Peruanas Nº 229: Las Tentaciones de un Defensor de los Derechos Humanos
Wilfredo Ardito Vega
Asesinos protegidos por el gobierno. Miles de inocentes en las cárceles. Centenares de médicos esterilizando campesinas contra su voluntad. En ese contexto tan difícil parecía casi sarcástico, conmemorar los 50 años de la Declaración de los Derechos Humanos, pero por el mismo contexto era importante hacerlo.

Aquel 10 de diciembre de 1998 había una ceremonia en la Plaza San Martín, organizada por la Defensoría del Pueblo, cuando los vigilantes contratados para la ocasión impidieron ingresar a un grupo de familiares de personas fallecidas durante el conflicto armado: los rasgos físicos, la talla y la vestimenta mostraban su extracción distinta de los demás invitados.

Este penoso incidente, que entonces causó honda vergüenza a muchos integrantes de la Defensoría, demuestra los peligros a que se puede llegar cuando los Derechos Humanos pasan a convertirse en actividades protocolares.

En realidad, una de las peores tentaciones a la que puede sucumbir un defensor de los derechos humanos es la “protocolización”: que se conviertan en un tema para recepciones o cocteles, consultores y diplomáticos. Naturalmente, todos tienen derecho a hablar de derechos humanos, pero es fundamental evitar elitizar un tema que debería ser masivo.

Hace unos años, en un viaje a Centroamérica, conocí lo que una amiga abogada denominaba el “jet set de los derechos humanos”, enmarcado en una interminable sucesión de veladas y cenas de gala, amenizadas por violinistas y arpistas (hasta eso he visto). Eran los tiempos que ningún hotel limeño habría aceptado ser sede de una actividad de derechos humanos, por considerarlo un tema de comunistas o terroristas. Ahora, los hoteles más lujosos ansían ser tomados en cuenta por la cooperación internacional para talleres sobre exclusión, inclusión o democratización.

Una segunda tentación para un defensor de derechos humanos es que a más cercano uno está de personas con poder, corre el riesgo de volverse más cauteloso para no arriesgar su imagen o su prestigio. ¿Cómo voy a criticar a ese país si su Embajador ha hablado tan bien de nuestro trabajo? Si el propio defensor de los derechos humanos comienza a tener poder, el riesgo se hace mucho mayor.

En el caso del Perú, una tercera tentación es concentrar las críticas en determinadas posiciones políticas. Por eso, muchos peruanos siguen vinculando solamente a los gobiernos de García y Fujimori con crímenes contra los derechos humanos, sin reparar que en tiempos de Belaúnde ocurrieron, de manera deliberada y sistemática, las peores masacres de nuestra historia republicana. Por eso también las quince personas muertas por acción policial en tiempos de Toledo no han sido tan difundidas.

La cuarta tentación es confundir el trabajo por los derechos humanos con la ejecución de un proyecto o un plan de trabajo. Naturalmente, ningún plan puede prever que siete personas sean detenidas acusadas de terrorismo en Tumbes, que cuatro jóvenes de San Juan de Lurigancho sean torturados en la comisaría de Miraflores o que una familia sea brutalmente asesinada en Río Seco. La esencia de la acción por los derechos humanos es estar disponible para situaciones inesperadas. De hecho, la mayoría de violaciones a los derechos humanos son casos imprevisibles y en nuestro país, la tendencia a cometer abusos hacia los más débiles sigue lamentablemente presente como para que se pueda confiar mucho en los planeas anuales.

La quinta tentación es la burocratización y limitarse a llenar fichas o formularios. Hace unos años, unas amigas denunciaron los cupos que cobraba la policía en el control fronterizo de Tacna con diversos pretextos. El funcionario encargado de la Defensoría del Pueblo dijo que no podía hacer nada hasta que ellas no realizaran un nuevo viaje a Tacna e identificaran a los policías. Afortunadamente, fue reprendido por su formalismo y ya no está en la Defensoría.

La sexta tentación implica especializarse tanto en algunos derechos humanos que uno termina habituándose a que otros sean violados, desde los derechos laborales, hasta los accidentes de carretera, desde la situación de las trabajadoras del hogar, hasta los derechos de los adultos mayores. A veces pareciera que el compromiso con los derechos humanos termina cuando uno sale de su oficina.

Finalmente, la séptima tentación es aligerar los derechos humanos, hacerlos light, organizando pasacalles, conciertos o afiches que no irriten a nadie… ni tampoco a los violadores de los derechos humanos. Sinceramente, pretender hablar de los derechos humanos sin pedir la libertad de Roque Gonzales, sin pedir justicia para los asesinos de la familia Pichardo o del policía Giuliano Villarreal me parece inmoral.

Este miércoles, seguramente a nadie impedirán el ingreso por sus rasgos físicos o su vestimenta a las actividades por los 60 años de la Declaración Universal, pero el riesgo de caer en las tentaciones mencionadas sigue presente en todos los que creemos defender los derechos humanos.

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