Tras un mes de estar injustamente preso, esta tarde pudo por fin salir del penal de Lurigancho el profesor Christian Grados Arias, injustamente detenido en Huaycán el pasado 1° de diciembre.

Como se sabe, tras los violentos disturbios que asolaron dicha zona de Lima, un grupo de efectivos policiales realizó una represión indiscriminada, que originó inclusive la muerte de la señora María Eva Solano.   Igualmente, la policía detuvo arbitrariamente a muchas personas que no estaban involucradas con los incidentes.   En el caso de Christian Grados, el único motivo para considerarlo "sospechoso" fueron sus rasgos afroperuanos.   Aunque varios transeúntes insistieron en que él era un conocido profesor en Huaycán, los policías comenzaron a golpearlo brutalmente.

Lo condujeron a la comisaría, junto con otras 33 personas, todos los cuales sufrieron múltiples torturas.  Pese a las visibles huellas del maltrato físico, al día siguiente el Fiscal Álvaro Castañeda pidió para todos los detenidos 9 meses de prisión preventiva, sin individualizar quiénes efectivamente habían participado en los hechos violentos.   La Juez Ada Luz Cubas aceptó irresponsablemente este pedido y los detenidos fueron trasladados a los penales de Ancón y Lurigancho.

Pasaron varias semanas para que el lunes 26 se realizara la audiencia de apelación a esta decisión.   Felizmente el día de hoy Christian Grados salió en libertad.  Otros 23 detenidos solamente saldrán si es que pagan una caución de 3,000 soles, entre ellos José Luis Cosme, quien sufre de hidrocefalia.     Algunas familias han obtenido ya el dinero, pero para otras esto es aún difícil.  

Quien enfrenta la situación más preocupante es Miguel Ángel Huarocc, pues su caso no fue considerado en la audiencia del 26.   Miguel Ángel padece de epilepsia y, como Grados, Cosme y la mayoría de detenidos, no participó en los incidentes.    Durante este mes, su salud se ha deteriorado, pues su familia ha tenido serios problemas para hacerle llegar las medicinas.

Frente a situaciones tan injustas sorprende el silencio de la mayoría de medios de comunicación.   Al menos, el Ministro del Interior debería disculparse con las víctimas y anunciar la investigación de los hechos.  De igual manera, el Fiscal Álvaro Castañeda y la Juez Ada Luz Cubas deberían responder por tomar decisiones apresuradas e irresponsables que tanto daño han causado a familias muy pobres.