El Presidente Ollanta Humala cumplió el domingo pasado dos años de gobierno con un marcado descenso en el respaldo a su gestión en todos los sectores sociales. Humala tiene en contra a la prensa conservadora, que lo sigue considerando un chavista encubierto. No le perdonan que hace dos años se haya atrevido a jurar por la Constitución de 1979. No le perdonan tampoco sus afanes “controlistas” como la ley para reducir el consumo de la comida chatarra entre los niños. Menos le perdonan haber rechazado la solicitud de indulto de Alberto Fujimori.

Estoy convencido que la prensa tiene mucha responsabilidad en que la opinión pública ignore una serie de obras importantes, desde aprovechar la energía solar para darle electricidad a los campesinos hasta la construcción de aulas climatizadas que eviten a los escolares enfrentar el frío del Altiplano. Más de 10 mil jóvenes han recibido la Beca 18 y muchos inclusive ahora estudian en el extranjero. Los medios de comunicación resaltan las filtraciones en los programas sociales y no cómo le han cambiado la vida a muchas personas, como la Pensión 65.

El Ministerio de Educación ha distribuido millones de materiales en quechua, asháninka, shipibo, aymara y awajún, así como guías para que los niños conozcan la problemática afroperuana. Decenas de Institutos Pedagógicos Bilingües, que debieron cerrar durante el gobierno de García han reabierto. Nunca en la historia del Perú, el racismo había sido enfrentado desde una instancia gubernamental, como viene haciendo el Ministerio de Cultura a través del programa Alerta contra el Racismo.

Sin embargo, Humala no solamente ha perdido popularidad por el desconocimiento existente estas medidas, sino debido a que, contradictoriamente, tuvo un papel determinante en varias decisiones que parecían orientadas a perjudicar a los ciudadanos, especialmente a los más pobres. Es difícil de entender que el mismo Presidente que entrega miles de bicicletas a los niños campesinos, para facilitarles el acceso a la escuela, promueva una medida tan excluyente como el servicio militar obligatorio solamente para quienes no podían pagar una elevada multa. Cuando la intervención de la Defensoría del Pueblo logró detener el proceso, Humala soltó disgustado frases inaceptables hacia Eduardo Vega.

De igual manera, el mismo Presidente que promulgó la Ley de Consulta Previa en Bagua, ha declarado que no se aplica para las comunidades campesinas “porque no son indígenas”. Sus declaraciones generaron la renuncia del Viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra. La semana pasada corrieron el mismo destino su sucesor, Paulo Vilca y el propio Ministro de Cultura Luis Peirano, por oponerse a las medidas del gobierno que afectarían a los pueblos indígenas en aislamiento.

Para los sectores medios, el principal rechazo lo ha generado la penosa repartija de cargos en la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Las manifestaciones de protesta fueron reprimidas por la policía de manera violenta y desproporcionada, generando que muchos universitarios por primera vez conozcan los gases lacrimógenos.

Ahora bien, debo reconocer que, pese a todo lo mencionado, en mi caso, mi impresión sobre el gobierno de Humala era hace un año mucho peor, debido al terrible número de muertos con los que se reprimía cualquier tipo de protesta: fueran los vecinos de Cañete opuestos a la ampliación de un penal, los pescadores de Paita que exigían mayor cuota de merluza o los campesinos de Espinar, víctimas de la contaminación ambiental.

No se trataba de excesos policiales aislados, sino de una política sistemática para reprimir violentamente a la población y a quienes pretendían abogar por ella. Por eso, se produjeron agresiones sin precedentes contra defensores de derechos humanos como Marco Arana, Jaime Borda o Romualdo Ttito. Inclusive una comisionada de la Defensoría del Pueblo, la abogada Genoveva Gómez, fue sometida a estos vejámenes en la comisaría de Cajamarca. Para julio del 2012, de la credibilidad del régimen por el que yo había votado un año antes, no quedaba nada.

Un año después, es evidente que el gobierno logró enderezar el camino que lo llevaba a la confrontación con la población. Para ello cambió al Primer Ministro Oscar Valdés por Juan Jiménez y a Wilber Calle por Wilfredo Pedraza en el Ministerio del Interior. Durante este año se han producido abusos policiales como los ocurridos contra los habitantes de Cañaris o hace unos días en Otuzco, así como la represión de las protestas de la semana pasada, pero de ninguna manera tienen la misma magnitud del año pasado.

La capacidad del régimen para rectificar el rumbo puede ser alentadora… pero al mismo tiempo a uno lo llena de incertidumbre. El Presidente parece seguir un camino errático, que oscila entre la debilidad y el autoritarismo, entre la lucha por la inclusión y las medidas discriminadoras, entre la sumisión a los grupos de poder económico y los desafíos ocasionales. No es tan alentador pensar que quedan tres años de incertidumbre.