Cuando Daniel Salas salió de su casa en el Cusco el pasado 20 de agosto, no sabía que jamás regresaría.  El joven hincha de Cienciano tenía 16 años y trabajaba como cobrador de combi.  Aquel sábado por la noche, se convirtió en la primera víctima mortal de la violencia policial durante el gobierno de Ollanta Humala.

La muerte de Daniel, producida cuando la policía buscaba dispersar a la barra del equipo cusqueño no recibió mayor atención por parte de los medios de comunicación limeños que han dado relevancia a casos como los de Ciro Castillo o Walter Oyarce.  En mi opinión, esa indiferencia generó que las autoridades del nuevo gobierno no sintieran mayor presión frente a la necesidad de evitar la pérdida de vidas humanas en las intervenciones policiales.

De esta forma, en los últimos cuatro meses, otras seis personas han muerto por acción de la policía para reprimir protestas contra el gobierno.   El 3 de diciembre se produjo en Cañete la muerte de Pierre Gonzales, quien participaba en una protesta contra la ampliación del penal.  El 14 de marzo fallecieron Carlos Lanci, Julio Ticona y Francisco Areque durante las protestas de los mineros informales en Puerto Maldonado.    Dos semanas después, murieron en Sechura Christian Alvarado y Louis Bances, en un violento enfrentamiento donde los que protestaban incendiaron la comisaría e hirieron de gravedad al comisario César Castro.

Siete personas fallecidas en los primeros ocho meses de gobierno es un saldo muy elevado considerando que en un tiempo similar durante el régimen de García hubo tres víctimas mortales y durante todo el gobierno de Toledo hubo quince.  Además, muchas personas han quedado heridas, siendo el caso más grave el de Elmer Campos, un campesino de Celendín que protestaba contra el proyecto Conga y ha quedado parapléjico.

Muchas personas elogian o critican a Humala señalando que su gobierno es continuista respecto al de García.  Yo creo que existen muchos cambios importantes, desde la política de educación bilingüe hasta la preocupación por el racismo, desde la atención a los adultos mayores hasta las relaciones internacionales.  Es evidente también que, en líneas generales, está continuando la política económica de García.   Sin embargo, para mí el peor continuismo se refiere a la violenta represión a las movilizaciones sociales que tantas muertes generó durante el gobierno anterior.

El 28 de marzo, el mismo día que Louis Bances fallecía en Sechura, la Defensoría del Pueblo publicó su Informe 156, en el que señala que en los diferentes conflictos sociales ocurridos entre enero del 2006 y setiembre del 2011, 195 personas habían fallecido.  Se incluyen en ese registro también los asesinatos de policías cometidos a mansalva en el Bosque de Pómac y la Estación 6, pero la abrumadora mayoría de muertes fueron cometidas por policías contra ciudadanos desarmados.

La Defensoría recuerda además que muchas víctimas fatales no tenían relación con las protestas, como Deyvi Huayllani, la niña de 14 años muerta en junio en Huancavelica o Antonio Campos, fallecido en Juliaca en la azotea de su casa.  Esto demuestra la irresponsabilidad con la que actúan los efectivos policiales.  También el padre de Cristian Alvarado sostiene que su hijo no tenía ninguna relación con las protestas de Sechura.

No es una casualidad que las muertes de civiles se hayan multiplicado por diez durante el régimen de García. Los policías actúan con mayor violencia cuando reciben mensajes de sus superiores que los exhortan a actuar sin contemplaciones contra el crimen y les aseguran que gozarán del respaldo de su institución si cometen algún exceso.   Por eso no es casualidad que, en los gobiernos de Toledo y García, las muertes de civiles se incrementaban cuando determinados personajes eran Ministros del Interior o Directores de la Policía Nacional.

García además promulgó el Decreto Legislativo 982, que estableció la inimputabilidad para los policías y militares que maten o hieran civiles en cumplimiento de sus funciones.    Allá por el año 2007, muchos legisladores del Partido Nacionalista promovieron su inconstitucionalidad y su derogatoria… pero ahora que están en el gobierno, ya no se sienten incómodos frente a una norma que consagra la impunidad.

El problema es que el continuismo de Humala está llevando también al continuismo del descontento.  Las nuevas políticas de inclusión social no logran amainar la preocupación de quienes sienten que pueden perder todo lo que tienen porque el gobierno decidió favorecer a una empresa petrolera o minera.   Además, el sentimiento de que Humala traicionó sus promesas puede llevar a que exista más indignación de sus antiguos electores… y más violencia.   Esperamos que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional sigan las recomendaciones de la Defensoría para evitar el abuso de armas letales.

Daniel Salas ya no anuncia la ruta ni cobra los pasajes en la combi donde trabajaba, pero conocer y difundir su historia puede ayudar a que no se repita.