Es innegable que los cinco años del gobierno de García estuvieron marcados por el continuo crecimiento económico, pero también por las tensiones sociales y la frustración de los peruanos más pobres.

Licencia para matar

Ni en los peores tiempos de la violencia política se planteó una norma como el Decreto Legislativo 982, que en julio del 2007 dispuso la inimputabilidad de los militares y policías que maten personas empleando sus armas reglamentarias y en cumplimiento de su deber. A los pocos días de promulgada esta norma, en Trujillo el Escuadrón de Emergencias comenzó a matar personas sospechosas de ser delincuentes, convirtiéndose en un siniestro escuadrón de la muerte. Las muertes solamente cesaron cuando Luis Alva Castro dejó el cargo de Ministro del Interior, pero el pasado 8 de julio la policía asesinó a Fernando Calderón y otras cuatro personas, con una crueldad que conmocionó a la sociedad trujillana.

En el resto del país, desde Monterrico hasta Andahuaylas, casi noventa personas han fallecido abaleadas, sea porque la policía los confundía con delincuentes o porque participaban en protestas sociales (en este caso, frecuentemente se les disparaba a la cabeza). Por su parte, las Fuerzas Armadas volvieron a cometer desapariciones forzadas, entre ellas de dos niños pequeños en Ayacucho.

La impunidad de las violaciones de derechos humanos se hizo más evidente la semana pasada, cuando la empresa Monterrico Metals anunció que indemnizará a los campesinos torturados por la policía en el campamento de la empresa Majaz, durante el gobierno de Toledo. El proceso se llevaba a cabo ante los tribunales ingleses, precisamente por la falta de garantías de que los responsables fueran sancionados por la administración de justicia en el Perú.

En cuanto a los policías, más de 110 han fallecido durante estos cinco años, la mayoría de ellos por el accionar de grupos subversivos, pero casi cuarenta en diferentes conflictos sociales, siendo el hecho más atroz el perpetrado por algunos indígenas awajún el 5 de junio del 2009. En Bagua, como en muchos otros casos, el gobierno parecía buscar una confrontación, aunque se pusiera en peligro la vida de los policías. Cuando en Moquegua, el General Alberto Jordán logró evitar un derramamiento de sangre, fue destituido. El mes pasado, afortunadamente ha sido repuesto, gracias a una sentencia judicial.

Las restricciones a la libertad

Otros derechos también sufrieron severas restricciones durante estos cinco años: el Congreso dispuso eliminar la autonomía de las ONGs, lo cual fue finalmente revertido por el Tribunal Constitucional. Por su parte, la Policía Nacional sostiene que es necesario contar con “garantías” para realizar manifestaciones, entendiendo las garantías como una especie de autorización. Pese a que la Constitución establece el derecho a manifestarse en las calles, muchas personas han sido golpeadas, detenidas e incomunicadas por la policía.

En cuanto a la libertad de expresión, varias emisoras y canales de televisión fueron clausurados por emitir noticias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen. Los casos más sonados fueron los de Radio Orión en Pisco (intervenida por el Ejército), Radio La Voz de Bagua y Radio Oriente de Yurimaguas. En la mayor parte de casos, sin embargo, los medios de comunicación fueron muy poco críticos con las políticas que llevó a cabo el gobierno. Cualquier cortina de humo sensacionalista era más importante.

Prosperidad y precariedad

Si al comenzar el gobierno de García, alguien hubiera dicho que en Juliaca habría un complejo de multicines con una sala 3D, habría parecido una broma. Ahora el complejo existe y tiene dos salas 3D. Actualmente fuera de Lima hay trece tiendas de Plaza Vea, siete Tottus, cuatro Cinemark y ocho Cineplanet. Sin embargo, la mayor capacidad de consumo de un sector de la población no se traduce en beneficios para la mayor parte de los peruanos, pese a que el INEI emite cifras tranquilizantes, dando a entender que apenas un tercio de la población son pobres (hay que definir entonces qué es pobreza) o que la inflación es insignificante, pese a que todos hemos sido conscientes de ella.

Pese al inconmovible triunfalismo del gobierno, los conflictos sociales y los resultados electorales mostraron el descontento existente especialmente en lugares como el Sur Andino y la selva. También se hace cada vez más evidente que también existe responsabilidad en gobiernos regionales y municipales dedicados a muchas cosas menos a lidiar con la pobreza.

Los olvidados trabajadores

Desde la Defensoría del Pueblo hasta el Poder Judicial, el sismo de agosto del 2007 sorprendió a los empleados en sus oficinas: el respeto por la jornada de ocho horas es tan raro en el Perú como el pago del sobretiempo. Es verdad que se ha incrementado considerablemente el número de inspectores de trabajo y también el de sindicatos reconocidos por el Estado. Sin embargo, la precariedad laboral continúa siendo sumamente extendida y se han producido muchos despidos de trabajadores por estar sindicalizados. Muchos trabajadores estatales siguen bajo la condición de CAS y los propios inspectores de trabajo han debido realizar numerosas protestas y huelgas.

Otra muestra evidente de la opción del régimen por favorecer a los más favorecidos ha sido la reticencia a elevar el salario mínimo de manera que refleje un poco el crecimiento económico. Aún en sectores de gran bonanza, como la agroexportación, se mantuvo la legislación fujimorista que permite incumplir los beneficios laborales. En el sector construcción, las muertes de trabajadores fueron muy frecuentes en accidentes que simplemente se deben a la falta de previsión. Algunas Municipalidades como Miraflores y San Isidro han intervenido para frenar en sus jurisdicciones un problema que continuará hasta que el principal responsable, el Ministerio de Trabajo, cumpla su función.

La mala educación

Mientras millones de niños estudian en pésimas condiciones en los colegios estatales, el gobierno decidió remodelar integralmente una minoría de colegios, los más visibles, denominados precisamente “emblemáticos”, en ocasiones generando daños al patrimonio arquitectónico, como la destrucción del Colegio Fanning.

Ni estas grandes inversiones, ni la derrota política del SUTEP, ni la construcción del nuevo Ministerio de Educación repercutieron en los niveles de matemáticas y comprensión de lectura de los escolares peruanos, que continúan entre los más bajos del mundo. Todas las familias que pueden hacerlo llevan a sus hijos a colegios privados, como primer paso para una buena educación. Lejos de promover una política educativa a nivel nacional, García decidió instituir el Colegio Mayor (que, por supuesto, se llama Presidente de la República) dirigido a solamente unos centenares de estudiantes.

Los niños de las zonas rurales siguen recibiendo la educación de la peor calidad. La situación se agravó debido a que el Ministerio de Educación dispuso un examen único para ingresar a los institutos pedagógicos, desconociendo las diferencias culturales y lingüísticas. Como resultado, los institutos pedagógicos bilingües cerraron y ahora es mucho más difícil que hace cinco años que los niños encuentren profesores que hablan su idioma.

Salud y demagogia

Mientras millones de peruanos continúan totalmente excluidos de los servicios de salud, el gobierno decidió llevar a cabo campañas muy costosas para prevenir enfermedades poco prioritarias, como la gripe porcina (magnificada a nivel internacional) o la rubeola (magnificada a nivel nacional). Entretanto, las muertes por situaciones perfectamente evitables continuaron.

En otros ámbitos de la salud, un aspecto positivo ha sido la mayor rigidez de la legislación antitabaco, respaldada la semana pasada por el Tribunal Constitucional. En cuanto al alcohol, las campañas de prevención se han centrado en sectores de clase alta y media. De otro lado, los accidentes mortales en las carreteras, han disminuido gracias a los operativos Tolerancia Cero, que, sin embargo, se han centrado en la costa.

En este campo, también el énfasis del gobierno estuvo en obras faraónicas, como el nuevo Hospital del Niño en la avenida Javier Prado, muy lejos de los potenciales usuarios y diversos hospitales inaugurados pero que no funcionan, el último de ellos en Ica.

Serios problemas de corrupción han aquejado a EsSalud, como la indemnización que cobró su expresidente Fernando Barrios, pese a lo cual se ha dispuesto exonerar de pago de EsSalud a las gratificaciones causando serios perjuicios económicos para la atención a los asegurados.

Aciertos y pasivos ambientales

La consecuencia más positiva de la creación del Ministerio del Medio Ambiente parece haber sido la recuperación de la casona de la avenida Javier Prado donde funciona. No hay mayor efectividad ni siquiera frente a los humos que botan los vehículos que transitan frente al Ministerio o la contaminada cuenca del río Rímac. En realidad, el Ministro Antonio Brack llevaba varios años cuestionado por su vinculación a empresas sin escrúpulos como la minera Majaz.

Un aspecto importante en este quinquenio ha sido la creación de más de cincuenta nuevas áreas protegidas, como los humedales de Ventanilla, la Bahía de San Fernando, las islas guaneras, el nevado Huaytapallana, los bosques de Zárate. De todas éstas 14 tienen carácter regional y 31 nuevas áreas de conservación privadas. Sin embargo, se derogó el reglamento sobre áreas municipales de conservación, para así evitar inconvenientes a las empresas mineras y petroleras.

Precisamente, el gobierno se dedicó a otorgar concesiones petroleras y mineras de manera obsesiva, generando frecuentes conflictos sociales con numerosos muertos. En abril de este año, por ejemplo, el proyecto de Tía María en Arequipa sólo se detuvo después que la policía mató a cuatro agricultores. Situaciones similares se han vivido en Ancash y otras regiones.

En setiembre del 2007, las municipalidades piuranas que organizaron una consulta popular para decidir si podía haber actividad minera en sus jurisdicciones fueron duramente hostilizadas por el gobierno. En la misma zona, dos dirigentes campesinos de la zona murieron asesinados por la policía en diciembre del 2009.

Por otra parte, la minería informal sigue siendo un serio problema que el gobierno pretendió enfrentar en abril el 2009. Sin embargo, se generaron fuertes protestas ante las cuales la policía mató a cuatro trabajadores y el gobierno retrocedió en sus propósitos.

En sus últimos días en el poder, García observó la ley que limitaba por 10 años la llegada de semillas transgénicas, demostrando su indiferencia frente a la diversidad biológica del país.

Los indígenas se hicieron presentes

En sucesivos artículos y entrevistas, García ha expresado abiertamente su menosprecio por la población indígena y su cosmovisión. Solamente el hecho que sus declaraciones no hayan sido adecuadamente difundidas ha impedido mayores manifestaciones de rechazo por parte de la población.

El régimen se mantuvo coherente con esta política que percibía a los indígenas como un estorbo para el desarrollo: Perú Petro inclusive negó la existencia de pueblos indígenas aislados para entregar los lugares donde éstos viven a empresas petroleras. En el caso del Parque Ichigkat Muja en territorio awajún, el área fue recortada para favorecer a una empresa minera y los guardaparques indígenas se ven inermes frente a la llegada de invasores ecuatorianos.

García promovió proyectos de ley que facilitaban la disolución de las comunidades campesinas y nativas y luego los aprobó como Decretos Legislativos, generando las protestas indígenas que desencadenaron la tragedia de Bagua. Sin aprender de lo ocurrido, al año siguiente observó la Ley de Consulta Previa que había aprobado el Congreso.

Durante este gobierno numerosos líderes indígenas amazónicos han sido injustamente perseguidos como responsables de diversos crímenes, llegando algunos de ellos a asilarse temporalmente en Nicaragua. El lado positivo de todo esto es que muchos peruanos han aprendido a respetar su lado amazónico. El otro aspecto positivo es que, pese a todo lo que García hizo, los indígenas amazónicos siguen sintiéndose peruanos. Ahora tendremos a Eduardo Payat, como primer congresista indígena amazónico en la historia del Perú.

En la región andina, en cambio, no ha surgido una identidad indígena de manera similar a los demás países latinoamericanos.

La falta de cultura

Si consideramos cultura desde una perspectiva multicultural, este gobierno manifestó total menosprecio por las culturas indígenas… y si la entendemos desde la perspectiva más tradicional, el resultado de la primera gestión del nuevo Ministerio de Cultura ha sido lamentable. El Ministro Juan Ossio avaló gastos ostentosos como el Cristo del Pacífico y el Teatro Nacional en San Borja, a pocos metros del teatro que ya existe en la Biblioteca Nacional, sin pensar en aquellos lugares de Lima o, con mayor razón, del resto del país, donde no se cuenta con una infraestructura similar.

Ossio también avaló la decisión de García de desmantelar el Museo Postal y Filatélico para instalar en su lugar la Casa de la Gastronomía, una exposición francamente improvisada, que muy bien hubiera podido ubicarse en tantas casonas del Centro Histórico que requieren ser refaccionadas. De hecho, frente a la pasividad del Ministerio de Cultura continuaron las demoliciones de valiosos inmuebles y otros, como el Palais Concert se encuentran severamente amenazados.

Sin embargo, podemos rescatar la apertura del Museo Afroperuano en la Casa de las Trece Monedas y de la Casa de la Literatura Peruana en la Estación Desamparados.

Discriminación: entre la retórica y los hechos

En los primeros días de su gobierno, García promulgó la ley 28867, que sanciona con prisión la discriminación, y había sido aprobada por el Congreso anterior, pero la norma no fue adecuadamente difundida por las autoridades gubernamentales. Como resultado, no fue sino cuatro años después que se produjo la primera sentencia condenatoria, gracias al empeño de la Defensoría del Pueblo.

En materia laboral se promulgó el Decreto Supremo 016-TR-2006, que establece severas sanciones para la discriminación en cualquier momento de la relación laboral, y la discriminación también es sancionada por el nuevo Código del Consumo (artículo 38). Debe señalarse que, en buena medida debido al accionar de la sociedad civil, las ofertas de empleo discriminatorias casi han desaparecido, así como también las prácticas de selección racial en establecimientos abiertos al público, en este último caso debido a la ejemplar sanción que INDECOPI aplicó al Café del Mar.

En diciembre del 2009, García decidió públicamente pedir perdón al pueblo afroperuano por los agravios sufridos históricamente, pero no se aprobó ninguna política concreta en su favor. En cuanto a los indígenas, que son un número mucho más grande, la política fue mas bien de permanente menosprecio. Durante estos años, además, regresaron a la televisión el Negro Mama y La Paisana Jacinta, sin que se le aplicara ninguna sanción por parte de las autoridades.

En materia de las trabajadoras del hogar, las reformas han sido mas bien simbólicas: al establecer el Día de las Trabajadoras del Hogar y prohibir que se les obligue a usar uniforme fuera de los domicilios. Es verdad que en las zonas de clase media y alta existen sustanciales mejoras en el cumplimiento de sus derechos. Las agencias de empleo se encuentran más controladas. Sin embargo, la mayoría de trabajadoras del hogar laboran en sectores populares, donde no cuentan con ningún beneficio laboral.

Probablemente, los cambios más concretos en materia de discriminación se han dado en el Club Regatas, al disponerse que no se puede restringir la calidad de socias a las mujeres. Sin embargo, la mayoría de mujeres peruanas continúa padeciendo diversas formas de machismo.

La promulgación de más de cincuenta Ordenanzas municipales y regionales contra la discriminación no implicó de parte del Poder Ejecutivo o el Legislativo la aprobación de una norma general contra este problema ni tampoco políticas educativas o campañas mediáticas para enfrentarlo. Solamente se tiene la ley contra la injuria racista, que debería promulgarse en los próximos días.

¿Hacia la gran transformación?

García contó con los recursos necesarios para enfrentar los serios problemas de exclusión que vive nuestro país, pero terminó representando a los grupos de poder y enfrentado con millones de excluidos. Al gobierno de Humala le tocará atender las demandas que éstos tienen y no han podido satisfacer. ¿Será posible lograrlo?