Estimados amigos,
Les hago llegar un recuento del agitado año que termina, donde las cifras económicas contrastan cada vez más con el descontento de muchos peruanos y el gobierno parece haber optado claramente por los más poderosos.
Como en años anteriores, algunos de ustedes se verán como protagonistas de varios de los hechos que acá se mencionan. Me disculpan si el texto es un poco más largo de lo habitual.
Un fuerte abrazo para todos,
¡Sumaq Mosoq Wata!, ¡Feliz Año Nuevo!
Wilfredo

Reflexiones Peruanas Nº 178

2007: UN AÑO DE CRECIMIENTO, DESIGUALDAD Y AUTORITARISMO

Enero

Liberación en Ayacucho, liberación en la playa

El viernes 12, una multitud aclama en la Plaza de Armas de Ayacucho a los ocho campesinos liberados después de varias semanas en prisión, acusados injustamente como terroristas por el Ministro de Defensa Allan Wagner. Un hábeas corpus de la Defensoría del Pueblo logra que la Corte Superior de Ayacucho disponga su excarcelación.

El domingo 28, centenares de mujeres vestidas como trabajadoras del hogar (y muchas verdaderas trabajadoras) se lanzan al mar durante la protesta lúdica Empleada Audaz, en un desafío simbólico a las normas y actitudes racistas existentes en el balneario de Asia. La apropiación ilegal de las playas también es cuestionada por los manifestantes.

Febrero

Condenas y Arte

En un precedente fundamental en la lucha contra la impunidad son sentenciados los militares Collins Collantes y Luis Juárez por la desaparición de varios campesinos de Chuschi. En octubre también serán condenados los responsables del asesinato del periodista Hugo Bustios.

Sin embargo, también son condenados a 10 años de prisión Santos Quispe, alcalde de Parcoy (La Libertad), el dirigente rondero Renán García y el joven campesino Omer Castillo, acusados de haber secuestrado y torturado a un policía. Los tres niegan las acusaciones y sostienen que la empresa Minera Horizonte promovió esta condena, porque Quispe y García habían denunciado sus abusos hacia las comunidades de la zona. Castillo ni siquiera habría estado presente en el lugar de los hechos.

En Barranco, Aristóteles Picho presenta la obra de teatro Iluminados, sobre cómo se vive la intolerancia racial en una universidad privada. A lo largo del año, el racismo sería abordado precisamente por diversos espacios culturales universitarios, como el concurso de historietas convocado por la Universidad Científica del Sur y la impactante obra Alienación, presentada por Andanzas, el grupo de danza teatro de la Universidad Católica.

La Defensoría del Pueblo denuncia penalmente a cuatro docentes de un Instituto Pedagógico de Los Olivos por discriminar reiteradamente a una practicante discapacitada. El caso está a la espera de sentencia en la Corte Superior del Cono Norte de Lima. Según el artículo 323 del Código Penal, la pena para los profesores podría ser de hasta cuatro años de prisión.

Marzo

Temores de ambientalistas, realidad violenta

El abogado Javier Jahncke, de Fedepaz, cuyo compromiso con los campesinos piuranos ha generado el disgusto de la empresa minera Majaz, comienza a recibir amenazas de muerte. Durante el año, las instituciones ecologistas sufren frecuentes calumnias de parte de medios de comunicación como Correo, incrementándose los ataques conforme se acerca la consulta popular sobre Majaz.

En Jaén, dos sicarios asesinan al periodista Miguel Pérez Julca, atribuyéndose inicialmente a esta empresa minera Majaz, pero el difunto tenía muchos enemigos en la ciudad.

Otra muerte no aclarada ocurre en Huachocolpa (Huancavelica): el profesor Octavio Aquino es asesinado por una patrulla militar, aparentemente al ser confundido con un integrante de una columna senderista.

El 30 de marzo, es detenido en Estados Unidos Telmo Hurtado, responsable de la brutal masacre de Accomarca (1985), en la que muchos niños pequeños fueron asesinados. Hurtado será sentenciado a seis meses de prisión por falsificar información para seguir en los Estados Unidos y para el 2008 los sobrevivientes de la masacre esperan poder demandarlo en ese país.

Ese mismo día es proclamado Día Nacional de las Trabajadoras del Hogar, pero al no haberse modificado la legislación, estableciendo sanciones a los empleadores infractores o la posibilidad de comprobar los abusos que se cometen en los domicilios, se trata de un reconocimiento sin consecuencias concretas.

Abril

Nadie está a salvo de los excesos policiales

El Viernes Santo, es secuestrado el empresario Guillermo Li. Dos policías de la comisaría de Monterrico, disparan a quemarropa contra el vehículo de los secuestradores, matando al propio Li, a quien éstos obligaban a manejar. Días después en la carretera a Ilave, la policía realiza un operativo contra el contrabando y dispara contra el parabrisas de un camión que aparentemente no habría escuchado la voz de alto. Muere Imel Huayta, un niño de ocho años que viajaba con sus padres.

A mediados de mes, la policía mata a Marvin Gonzales, joven agricultor de Chimbote que protestaba contra el retiro del Proyecto Chinecas de la jurisdicción del gobierno regional. Días después, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispone la clausura de los canales de televisión y las emisoras que difundieron cómo Marvin era asesinado por la espalda.

El uso indiscriminado de la fuerza caracteriza la gestión del nuevo Ministro del Interior Luis Alva Castro, quien insiste en exigir a la policía “actuar sin contemplaciones” contra la delincuencia. Pese a existir tantas necesidades sociales, el gobierno destina más de seis millones de dólares a adquirir bombas lacrimógenas, pero la operación se detiene debido a la evidente sobrevaloración.

Mayo

Moldeando la opinión pública: los medios de comunicación

Los medios de comunicación peruanos ocultan totalmente las reflexiones de los obispos latinoamericanos en Aparecida (Brasil) respecto a la injusticia estructural, la discriminación racial o las consecuencias negativas de los Tratados de Libre Comercio, así como los aportes de los obispos peruanos sobre el medio ambiente. El documento final llega a las librerías peruanas en julio, sin obtener ninguna difusión periodística.

En un operativo policial sin precedentes son desalojados los ocupantes del Mercado de Santa Anita, y separados brutalmente de sus hijos, en respuesta a la campaña mediática que los acusaba de pretender emplearlos como “escudos humanos”. Después de mucha tensión, los niños pueden reunirse con sus padres y todos pasan varios días durmiendo a la intemperie. Algunos limeños sensibles deciden ayudar a los perros que siguen en el mercado. Al finalizar el año, el mercado en disputa permanece abandonado y parece que el gran operativo buscaba sólo dar una imagen a la sociedad de respeto por el Estado de Derecho.

Numerosos transeúntes, vendedores ambulantes, estudiantes y activistas participan en San Isidro el operativo Cuerazos Peruanos contra la publicidad de las tiendas Saga Falabella y Ripley, a quienes la Mesa contra el Racismo ha otorgado el antipremio “Al Más Discriminador”. Por la tarde se repite la acción ante uno de los Saga Falabella de Chiclayo.

Entretanto, en Piura se soluciona un caso de discriminación: la cadete Shirley Juárez, a quien se obligó a retirarse de las Fuerzas Armadas por encontrarse embarazada, regresa por disposición de la Corte Superior.

Junio

La globalización ayuda a los derechos laborales

Varios campesinos de Totorococha (Cajamarca) que trabajaban para un service de Minera Yanacocha, son detenidos y golpeados por la policía. En Marcona, son también detenidos Rony Cueto y otros dirigentes sindicales por presiones de la empresa china Shougang. Sin embargo, el conflicto laboral minero más dramático es el generado por la empresa Casapalca, que despide a setecientos trabajadores. Fracasadas las gestiones ante el Ministerio de Trabajo, los mineros bloquean la Carretera Central. En su afán por liberar la pista, la Policía Nacional mata a los obreros Oscar Fernández y Julio Raymundo. Una piedra arrojada por los mineros mata al oficial Carlos Mariluz. Mueren también un niño y un paciente afectados por el bloqueo. Se logra la reposición de los trabajadores, pero persisten las irregularidades en la empresa. En octubre, la resistencia de Casapalca a una auditoría ambiental origina su expulsión de la Sociedad de Energía y Petróleo, una medida sin precedentes.

A fin de mes, las empresas textiles Gap e Inditex advierten a su proveedora peruana Topy Top que no comprarán más sus productos si no repone a 93 trabajadores despedidos por formar un sindicato. Topy Top (ahora llamada Topytop) debe aceptar. Las exigencias del Partido Demócrata para aprobar el TLC llevan a que las empresas agroexportadoras Agrokasa, Damper y Camposol acepten por fin la existencia de sindicatos. El mes pasado, ésta última habría empleado a la policía para irrumpir en las viviendas de los trabajadores y golpearlos.

La creciente intolerancia del régimen también llega al mundo de la cultura, cuando la exposición del artista Piero Quijano en la Casa Museo José Carlos Mariátegui´sufre la censura de las Fuerzas Armadas y del propio Instituto Nacional de Cultura

Julio

Protesta social y respuesta represiva

Un contundente paro es acatado los días 11 y 12 por los habitantes de la sierra y la selva, aquellos lugares donde no se perciben mayores beneficios de las cifras del crecimento económico. En Satipo, un comerciante mata a un integrante de una turba que atacaba los locales abiertos al público.

En Lima decenas de maestros son detenidos y denunciados penalmente: desde el Ministerio del Interior, se sostiene actualmente que las manifestaciones deben ser autorizadas. En los siguientes meses, profesores universitarios o manifestantes antitaurinos serán detenidos (y golpeados) por carecer de dicha autorización.

Durante las protestas, la policía mata al campesino Julián Altamirano en Andahyaylas y al profesor Sergio Alanoca en Puno, quien se convierte en la última persona en morir a manos de la policía en lo que va del año. Días antes ha fallecido en Lima la profesora Herminia Herrera. Los integrantes del SUTEP sostienen que falleció debido a la violencia policial, pero la policía insiste en que se trató de un accidente.

Como respuesta al extendido descontento social, el 22 de julio, el gobierno promulga once Decretos Legislativos que disponen hasta 25 años de prisión para quienes bloqueen carreteras y la inimputabilidad de policías y militares que maten civiles. Se distorsiona la noción de flagrancia para facilitar detenciones y se dispone que quienes participen en protestas públicas puedan ser detenidos hasta siete días sin pasar al juez. Otras medidas incrementan el rol de la policía en desmedro del Ministerio Público.

A comienzos de mes, por primera vez, un local racista, el Café del Mar, es sancionado con clausura. Otros locales de Miraflores como Mamá Batata han recibido sendas multas este año, pero un nuevo incidente discriminatorio en La Sede de Miraflores demuestra que estos hechos siguen produciéndose.

La Municipalidad de Lima comienza a cobrar por ingresar al Parque de la Reserva, donde ha instalado costosas fuentes. Las obras millonarias se suceden en el Cono Norte, la avenida Venezuela y un gigantesco foso frente al Palacio de Justicia para instalar un paradero de ómnibus. La ciudadanía reacciona pasivamente frente a los dispendios municipales y sólo expresa su incomodidad meses más tarde por la improvisación que presentan las revisiones técnicas.

Agosto

La tierra tiembla en un país desigual

Mientras los éxitos de la Selección Sub17 incrementan la autoestima de los peruanos, ninguno de los jóvenes futbolistas encaja en los rasgos físicos que la publicidad nacional asocia con éxito y capacidad. Precisamente la mayor sensibilidad hacia el racismo en la publicidad se evidencia este mes con las numerosas críticas hacia el afiche del Festival de Cine de la Universidad Católica.

Un terremoto destruye gran parte de Pisco, Ica, Chincha, Cañete y Yauyos. La lentitud del gobierno para actuar genera que muchas víctimas no sean rescatadas con vida. Una cantidad de donaciones sin precedentes llega del Perú y el extranjero sin que esté claro cuál es su destino, en medio de la desesperación de los damnificados.

El gobierno nombra al empresario fujimorista Julio Favre para dirigir el Forsur, un organismo con más interés en lograr ventajas para los empresarios agroexportadores que ayudar a las víctimas del sismo. Cuatro meses después, sólo el esfuerzo de agrupaciones religiosas, ONGs y otros grupos privados ha logrado paliar el abandono.

En los meses anteriores, el apoyo a las víctimas del intenso frío en la sierra había sido también tan improvisado, que un ex Ministro de Salud considera que se trata de una política encubierta de “control de la natalidad”.

Septiembre

Majaz: se expresa la población y también el gobierno

La mayoría de participantes en la consulta vecinal convocada por las municipalidades de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaypampa, opta por el desarrollo agrícola, frente a la cuestionada empresa minera Majaz. A pesar de este rechazo, el gobierno ha celebrado un convenio de estabilidad jurídica con Majaz y, desconociendo la consulta, pretende que el proyecto sea considerado prioritario. La propuesta, que los propios empresarios mineros consideran inoportuna, es rechazada por el Congreso.

Alan García aprovecha la oportunidad para arremeter contra el Vaticano, porque la emisora católica piurana Radio Cutivalú, no ha transmitido un aviso sin remitente y con información falsa sobre la consulta vecinal, que provenía del Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, la libertad de expresión sufre un golpe más efectivo en Pisco: un grupo de soldados clausura violentamente la única emisora radial que criticaba los maltratos que sufren los damnificados del terremoto.

La extradición de Alberto Fujimori representa un avance sin precedentes en la lucha contra la impunidad. Dos días después de su llegada, un grupo de desconocidos atenta contra el monumento El Ojo que Llora, ubicado en el Campo de Marte, generando una reacción de solidaridad en favor de las víctimas de la violencia.

Octubre

La ideología se hace pública

En otra medida autoritaria, 28 millones de personas son obligadas a permanecer recluidas durante diez horas. Ancianos y enfermos se encuentran entre las principales víctimas de un censo nacional lleno de improvisaciones.

Hablando de reclusión, es reabierto el penal de Challapalca (Tacna), cuyas condiciones infrahumanas afectan a los propios vigilantes. Había sido clausurado debido a las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El gobierno hace méritos para que la Comisión siga ocupándose del Perú: se realiza una sesión especial para debatir sobre los Decretos Legislativos promulgados el 22 de julio, mientras en Lima comienza una campaña para pedir su inconstitucionalidad.

El Presidente Alan García publica su artículo “El Perro del Hortelano”, responsabilizando a los campesinos y nativos amazónicos por el atraso del país. García plantea que sus tierras pasen a empresarios privados en abierta violación al Convenio 169 de la OIT y a la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas que el propio gobierno ha impulsado.

En los últimos meses, se ha otorgado en concesión vastas áreas de la Amazonía a empresas petroleras, sin consultar a sus habitantes. Afortunadamente, el rechazo de la población logra que el gobierno retroceda en recortar la zona reservada de Candamo. Sin embargo, insiste a través de un proyecto de ley en proponer que exista actividad minera en zonas agrícolas y urbanas.

Noviembre

Nuevas muertes en el sur del país

Decenas de estudiantes que realizaban el anhelado viaje de promoción a Macchu Pichu fallecen en sucesivos accidentes de carretera generados por la irresponsabilidad de las empresas de transporte, la falta de señalización y la ausencia de control por parte del Ministerio de Transportes en la zona sur del país. Al finalizar el año, por primera vez empresas como CIAL, Molina y Enlaces, responsables de numerosos accidentes, serán suspendidas provisionalmente.

Cuatro policías son asesinados en Tayacaja (Huancavelica), aparentemente por narcoterroristas, que durante el año matan a otros siete policías en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. El último crimen ocurrirá en pleno 24 de diciembre a pocos kilómetros de Huanta. Salvo las familias de las víctimas, el resto de la sociedad no parece muy preocupada por ello.

Crece el conflicto de Moquegua con sus tres vecinos (Arequipa, Puno y Tacna), en otro capítulo de los interminables conflictos de límites entre distritos, provincias y departamentos.

Las expresiones ofensivas del empresario y funcionario público José Chlimper hacia los estibadores en huelga le generan una prolongada ovación por parte de los asistentes al CADE en Trujillo, que precisamente abordaba la problemática de la exclusión. Los empresarios otorgan el 97% de respaldo a Alan García, quien ha presentado su solicitud para ser socio del Club Regatas Lima, avalado por Hernán Garrido Lecca, entonces Ministro de Vivienda y luego Ministro de Salud.

Diciembre

Se juzga un horror, pero otros horrores se mantienen

Fujimori recibe una primera sentencia a seis años de prisión por allanamiento de domicilio, mientras comienza a ser juzgado por las masacres de Barrios Altos y Cantuta. Al finalizar el año, también Francisco Morales Bermúdez es buscado por la Interpol, debido a su participación en el Plan Cóndor

Pese al incremento de las inspecciones laborales, ocho obreros se suman a la larga lista de víctimas accidentes laborales al morir sepultados en un derrumbe en La Victoria. El propietario del inmueble es detenido después de dos semanas. El dueño de la empresa constructora sigue prófugo. La obra no tenía ninguna licencia y ninguna medida de seguridad. Sin embargo, una nueva norma reduce los controles municipales respecto a las construcciones, pese que la informalidad fue la causa de la mayoría de muertes en el sismo de agosto.

El nombramiento de Antero Flores Araoz como Ministro de Defensa genera serios temores por sus antecedentes conservadores y sus expresiones racistas, lo cual coincide con la nueva norma que autoriza el uso letal de la fuerza por los militares aún sin declaratoria de Estado de Emergencia. El caso de Flores Araoz recibe un análisis especial en el libro de Jorge Bruce “Nos habíamos choleado tanto. Psicoanálisis y Racismo”, publicado dos días antes del nombramiento ministerial.

Miles de personas atiborran las nuevas tiendas Plaza Vea de Arequipa, Trujillo y Chiclayo para sus compras navideñas. El grupo Wong adquiere los supermercados Merpisa de Trujillo y El Centro de Chiclayo. A su vez, es adquirido por una empresa chilena, generando hondo descontento entre sus clientes que califican lo ocurrido de traición al Perú. La mayoría de peruanos, sin embargo, jamás habían entrado a uno de sus supermercados.

Interbank y La Tiendecita Blanca señalan que no volverán a incluir requisitos alusivos a “excelente presencia” en sus ofertas de empleo.

Todas las Reflexiones Peruanas aparecen en la página web de APRODEH, http://www.aprodeh.org.pe/, el informativo electrónico La Insignia, http://www.lainsignia.org/ y el blog reflexionesperuanas.blogspot.com

Para mí, este año, el signo más revelador del crecimiento de la economía no han sido tanto los nuevos centros comerciales en Chiclayo o Trujillo, sino ver que los vuelos al Cusco ya no estaban llenos de turistas extranjeros, sino de estudiantes ansiosos de conocer Machu Picchu.

Al mismo tiempo, sin embargo, nunca tantos viajes de promoción habían terminado en tragedias. La semana pasada, seis alumnos del Colegio Santo Domingo de Guzmán que viajaban en un ómnibus de CIAL se sumaron a la larga serie de estudiantes fallecidos debido a una confluencia de improvisación, irresponsabilidad y ausencia de control por las autoridades.

El pasado octubre, pasé unos días en Ollantaytambo y pude apreciar los contrastes que viene generando el acelerado desarrollo turístico. Hace algunos años, la única cabina de internet cobraba siete soles la hora y cerraba a las siete de la noche. Ahora han proliferado las cabinas y también los cajeros automáticos. Una nueva posta médica promueve la planificación familiar y un ómnibus dispuesto por la municipalidad traslada a los niños de las comunidades a los centros de educación inicial. Sin embargo, los campesinos siguen viajando trepados en camiones, que se estacionan en la pequeña plaza. Todos los restaurantes entregan boleta, pero los mozos reciben mucho menos que el salario mínimo: los dueños saben que la SUNAT realiza operativos de control, pero el Ministerio de Trabajo no.

El INC tampoco tiene mayor injerencia en la preservación del valioso patrimonio arqueológico: los aparatosos ómnibus con turistas extranjeros y los camiones con campesinos pasan por las estrechas callejuelas, literalmente rozando las ruinas de la hermosa fortaleza.

Una angosta pista conduce a la estación de ferrocarril y mientras caminan por allí (no hay veredas a los lados) decenas de estudiantes deben evitar los taxis y ómnibus turísticos que avanzan a toda velocidad. Es necesario pegarse a la orilla del río, donde un alambre de púas, de esos antaño comunes en Lima, amenaza a los más descuidados.

Afuera de la estación, pude ver a diferentes delegaciones escolares esperar varias horas bajo la lluvia hasta embarcarse hacia Machu Picchu. A diferencia de las estaciones ferroviarias en el resto del mundo, la de Ollantaytambo permanece cerrada hasta que llega el tren.

Sin embargo, el detalle más desagradable de Perú Rail, la empresa inglesa que tiene el monopolio del ferrocarril y, al parecer, también de las estaciones, no es ese, ni siquiera que a los escolares les toquen los incómodos vagones para peruanos, sino que, con frecuencia, de regreso de Machu Picchu, los pasajeros viajan de pie y apiñados, a pesar de haber comprado su boleto. Este año, claro, los colegiales tomaron fotos con sus celulares y la difusión de los maltratos generó la comprensible indignación de sus padres.

La alternativa para quienes no alcanzan boletos es alquilar una combi, pero la ruta es accidentada y peligrosa: el 2 de noviembre, fallecieron en un accidente dos escolares del colegio Teodosio Franco García de Ica.

En realidad, los riesgos se producen en todo el recorrido, especialmente cuando se pretende llegar al Cusco por tierra en empresas que brindan pésimos servicios, como el ómnibus de CIVA que se incendió el 24 de octubre transportando una promoción de escolares del colegio José Carlos Mariátegui de Paramonga. El 21 de noviembre, la población de Talara recibió angustiada la noticia que tres alumnas y una profesora del colegio Inmaculada Concepción habían fallecido mientras regresaban de su viaje de promoción. El ómnibus en el que viajaban provenía de Ejetur, una empresa que sólo hace recorridos en el norte del país.

Todas las muertes de este año pudieron haberse evitado. Por ejemplo, el ómnibus de CIAL cayó a un barranco en el mismo lugar donde el 29 de setiembre fallecieron catorce ancianos colombianos en otro accidente. Evidentemente, sería urgente mejorar la señalización en esa zona, aunque las autoridades sostienen que no es necesario.

Un factor que incrementa los peligros es la falta de conciencia de los profesores, quienes con frecuencia viajan por primera vez al Cusco y se encuentran también desconcertados.

Sumémosle a ello la débil intervención estatal, sin reglas claras para el traslado de niños y adolescentes y la ausencia de controles en las carreteras del sur del país. Resulta patético que en este contexto, el Presidente pretenda que el Estado reduzca su “obsesión de controlar todo”. En Ollantaytambo, Machu Picchu o Cusco, el Estado parece mas bien que no controla casi nada.

La semana pasada, la empresa Molina Unión, que tenía el mayor número de muertes a nivel nacional fue suspendida por el Ministerio de Transportes. Sin duda es un paso adelante, pero todavía hace falta mucho por hacer. Una actividad económica como el turismo sólo puede generar beneficios sostenibles cuando existe un mínimo de planificación y control. De lo contrario, el próximo año se repetirán todas estas dolorosas situaciones.

Además…

-De manera paradójica, el juicio oral al ex Presidente Fujimori ha comenzado el Día de los Derechos Humanos. Esperemos que los resultados ayuden a la lucha contra la impunidad.

-La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha decidido entregar el Premio Periodismo y Derechos Humanos a Augusto Alvarez Rodrich, director de Perú 21. Mientras tanto, el Comandante General del Ejército ha decidido premiar al diario La Razón, según él debido a su contribución al bienestar de las Fuerzas Armadas.

-El Primer Ministro Jorge Del Castillo suspendió la Mesa de Diálogo sobre Majaz al negarse a aceptar los resultados de la consulta popular del 16 de setiembre.

-José Luis Huamán, de sólo cinco meses, falleció en Pucará (Junín) por el impacto de un cohete durante una celebración popular. Hace algunas semanas en Zorritos (Tumbes) un grupo de pobladores se enfrentó violentamente con dos Fiscales, porque ellas pretendían cumplir la ley e impedir que se lanzaran cohetes en el aniversario de la provincia.

-Nos unimos a las condolencias por el fallecimiento de la joven lingüista y dirigente shipiba Ketty Sánchez (Metsa Wesna en shipibo), ocurrido el pasado sábado en un accidente de tránsito en las afueras de Pucallpa.

-Un adolorido hombre en muletas intenta patear una pelota con el pie vendado. Esta fue la imagen que acompañó el reportaje de El Comercio después de la firma del TLC. Las carencias educativas y de infraestructura han generado serias preocupaciones por la competitividad del país aún entre los voceros del empresariado.

-Felicitamos a la cafetería Don Mamino por haber retirado los requisitos de buena presencia y fotografía reciente de sus convocatorias de empleo. Ambos requisitos, sin embargo, son exigidos por La Tiendecita Blanca, un local que hace algunos años fue acusado de prácticas racistas hacia un reconocido músico afrodescendiente.

-Quedan pocos días para ver la exposición fotográfica Pasión por las Personas en el Parque Kennedy de Miraflores, donde aparecen muchos habitantes de Lima, Cusco e Iquitos. Es inclusiva, conmovedora y optimista.

Todas las Reflexiones Peruanas se encuentran en la página web de APRODEH www.aprodeh.org.pe, el informativo La Insignia http://www.lainsignia.org/ y el blog reflexionesperuanas.blogspot.com

Hace algunos años, el Ministerio de Educación convocó a un concurso a nivel nacional para nombrar a maestros para muchas apartadas localidades amazónicas. Sin embargo, cuando los profesores ganadores llegaron a Iquitos y Pucallpa para embarcarse hacia las escuelas asignadas, enfrentaron las protestas de quienes habían perdido en el concurso, que les acusaban de “foráneos”.

Lo sorprendente fue que los manifestantes obtuvieron el apoyo de los gobiernos regionales, emisoras radiales y amplios sectores de la opinión pública. No se trataba, debe precisarse, de asegurar el derecho de las comunidades nativas a recibir educación en su idioma, porque las plazas se habían abierto en poblados mestizos. El argumento era que los puestos de trabajo debían ser sólo para los profesores del lugar. El bienestar de los niños o la capacidad de los docentes parecían totalmente irrelevantes.

Aunque en casi todas las ciudades peruanas, la mayoría de los habitantes son migrantes o hijos de éstos, con mucha frecuencia se aprecian similares manifestaciones de intolerancia. En los años cincuenta, en Lima se hablaba de colocar peajes o muros para detener la masiva migración andina. Aún ahora, algunos limeños de ascendencia europea no aceptan la convivencia con sus compatriotas y prefieren construir ghettos voluntarios en las playas del sur.

Los sentimientos intolerantes se manifiestan inclusive dentro de la misma ciudad, como cuando se colocó una valla para impedir que los habitantes de Ate ingresaran a algunas zonas de La Molina. Igualmente, algunos vecinos han querido impedir que se instalen juegos infantiles en los parques de San Borja, para evitar que vengan “niños de fuera” (es decir de San Luis, el distrito colindante). Hace unos años, una amable familia de Surco me decía que esperaba que el Parque de la Amistad no se abriera nunca al público, para que no llegara “gente de otros distritos”.

La situación se hace más complicada, cuando están en juego recursos naturales, como sucede entre diversas regiones limítrofes en el Perú. En los últimos días, por ejemplo, se ha manifestado un desacuerdo entre los gobiernos regionales de Piura y Lambayeque sobre los proyectos de irrigación para los cuales se deben usar las aguas del río Huancabamba. Hace unos años, ya los mismos Presidentes Regionales Trelles y Simon sostuvieron un conflicto en torno a la propiedad de unas islas guaneras, como también porque ambas regiones sostenían que la algarrobina era su trago oficial para las ceremonias públicas.

De hecho, los elementos simbólicos o culturales también pueden generar rivalidades y conflictos. Por ejemplo, en el Perú todavía ni siquiera es posible sugerir un quechua estandarizado, en buena medida porque en diversas regiones se sostiene que allí se habla el verdadero quechua y en el resto de lugares “se habla mal”. Estas tensiones sólo terminan perjudicando a los propios quechuahablantes.

Sin embargo, donde de manera recurrente los conflictos interregionales se manifiestan con mayor gravedad en el sur del país. Allí, además, involucran a muchos habitantes, como se aprecia por los problemas existentes entre Moquegua y sus vecinos, Arequipa, Tacna y Puno. Expresiones como bloqueos de carreteras, ataques violentos y denuncias judiciales por usurpación muestran como la escalada del conflicto termina cegando a los implicados.

En otros casos tenemos conflictos intraregionales no menos desgastantes, como el existente entre huaracinos y chimbotanos. La rivalidad entre Abancay y Andahuaylas generó en diciembre pasado la muerte del taxista Cirilo Tuero, mientras que en años anteriores se produjeron violentos incidentes en Moyobamba, en medio de la pugna que sostiene con Tarapoto.

En el ámbito laboral, la exigencia de contratar a una persona del lugar sólo podría aceptarse si existe justificación objetiva o razonable, como por ejemplo, que sea necesario manejar el idioma local o estar familiarizado con la cultura o la geografía. Lamentablemente, es frecuente que estos elementos no sean tomados en cuenta y simplemente el lugar de origen valga más que la capacidad. Las consecuencias perjudican a la misma institución pública que prefiere lugareños mediocres a foráneos capaces.

Resulta chocante cómo estas percepciones discriminatorias pueden ser manipuladas: al alcalde de Ilave, Fernando Robles, sus adversarios le acusaban de haber contratado “personal de fuera” para la Municipalidad, dejando sin trabajo a los profesionales ilaveños. Algunos de los empleados cuestionados provenían de Juliaca o Puno, pero eran igualmente rechazados.

En un país tan fragmentado como el Perú, las identidades locales o regionales no deberían ser negativas. De hecho, sólo lo son cuando se expresan como rechazo a otros ciudadanos en una especie de “xenofobia interna”. Estas manifestaciones nos muestran la necesidad de construir una identidad como país. A las autoridades y dirigentes políticos les correspondería actuar con madurez a este respecto, pero algunos parecen encontrar más fácil atizar prejuicios y rivalidades.

Además…

-Indecopi ha sancionado a catorce motonaves en Iquitos, donde son constantes los abusos hacia los pasajeros en el transporte fluvial. Ninguna de las embarcaciones estaba asegurada o contaba con salvavidas. La misma peligrosa informalidad se produce en Pucallpa y en el lago Titicaca.

-El Presidente García ha planteado difundir los nombres de 1,800 personas fueron procesadas por terrorismo entre absueltos, indultados y quienes efectivamente cumplieron su sentencia. Además de ser una propuesta ilegal, parece ser una cortina de humo para que la población olvide los problemas de gobernabilidad existentes.

-Hablando de acusaciones irresponsables, hacemos llegar nuestra solidaridad a la ingeniera María Elena Foronda, directora del Instituto Natura de Chimbote, a quien Ernesto Bustamante, Decano Nacional del Colegio de Biólogos calificó de terrorista en un reciente artículo periodístico. Al parecer, el trasfondo de estas acusaciones es el respaldo de Bustamante a los cultivos transgénicos.

-Hablando de medio ambiente, este jueves habrá en Tarapoto un paro provincial contra la explotación petrolera en el cerro La Escalera.

-En un nuevo linchamiento en Yanacancha (Junín), murieron tres delincuentes, quienes al parecer habían matado a un vigilante.

-Hablando de Junín, felicitamos al Gobierno Regional y a las principales autoridades de esta región por haber suscrito el pacto contra la discriminación el pasado 21 de noviembre en Huancayo. Esperemos que otros gobiernos regionales sigan este camino.

-Hablando de racismo, EsSalud rescindió el contrato del médico Rodolfo García, quien agredió e insultó a la señora Mauricia Altamirano en su consultorio en el Rímac. Queda pendiente la intervención del Colegio Médico y del Ministerio Público en un evidente caso de discriminación.

-En una misma semana, otros dos viajes de promoción al Cusco terminan en tragedia. Entretanto, los transportistas del sur del país continúan oponiéndose a todo tipo de control por parte del Ministerio de Transportes, mientras el Ministerio de Educación se encoge de hombros ante tantas tragedias. (RP 171 Conciencia y Coacción).

-Víctima de una larga y penosa enfermedad, falleció la semana pasada la fiscal Ana Cecilia Magallanes, premiada el año pasado por su valerosa defensa de los derechos humanos y su lucha contra la corrupción en tiempos verdaderamente difíciles.

En el patio del antiguo seminario conciliar, ahora hay restaurantes y cafés equipados con sombrillas para los comensales que deseen guarecerse del resplandeciente sol ayacuchano. Por las noches, grupos de estudiantes suelen ensayar danzas andinas, para alguna presentación pública y en los claustros del segundo piso se realizan conferencias y presentaciones de libros.
Uno de los principales atractivos de Huamanga son las numerosas edificaciones coloniales, desde el Banco de la Nación hasta el Hotel Santa Rosa, que también cuenta con un acogedor patio para desayunar chaplas o almorzar bajo las sombrillas. Para actividades culturales puede acudirse a la Casona de la Higuera en la Plaza de Armas y a la casona Velarde Alvarez, sede en estos días de un Festival de Cine Europeo. Al lado de ésta, en la mansión donde ahora funciona el Banco de Crédito, se exhibe una valiosa colección de retablos, cruces y otras manifestaciones de arte ayacuchano.

A diferencia de otras ciudades andinas, bastante incómodas y hasta peligrosas para los transeúntes, en Huamanga es mucho más agradable caminar, porque las veredas de las calles principales han sido ensanchadas.

Es placentero además recorrer las calles peatonales, donde por la tarde se mezclan mujeres ataviadas a la tradicional usanza huamanguina, secretarias en uniforme y hasta algún grupo de mariachis enrumbando hacia el evento donde han sido contratados.

La presencia, cada vez más habitual, de cooperantes extranjeros, no ha alterado la fisonomía de la ciudad ni ha generado una invasión de letreros anunciando free drink o dishes to the letter. Otras influencias foráneas mas bien han sido adaptadas al gusto local, como dejar de trabajar a las diez de la mañana para acudir a una cebichería.

-Parece el Cusco de los años setenta-, me comenta con nostalgia un amigo originario de esa ciudad, contemplando la animada vida en los portales de la Plaza de Armas.

Hace unas semanas, mi visita coincidió con un festival de danzas que congregó delegaciones de todo el departamento. Un grupo de escolares de la selva ayacuchana, vestidos y pintados como supuestos asháninkas, llegaron a la plaza bailando y gritando el nombre de su colegio, mientras pisaban la placa de bronce conmemorativa que mandó colocar la Comisión de la Verdad sobre una de las veredas. Nadie les llamó la atención. Al fin y al cabo, muchos huamanguinos caminan indiferentes encima de esa placa como simbolizando el desinterés por el doloroso pasado reciente.

En realidad, cada vez son más los ayacuchanos que no tienen nada que recordar: muchos niños y adolescentes jamás escucharon un coche bomba, nunca vivieron el toque de queda ni vieron cadáveres en la puerta de sus casas.

-El próximo año, ingresa a la universidad una generación que no sabe y no quiere saber nada de esos tiempos –me comenta un periodista, aunque la mayoría de adultos comparte también la vocación por el olvido.

A pesar de ello, es imposible negar las actuales consecuencias actuales del período de violencia: Huamanga creció muchísimo debido a la llegada de los desplazados y ahora uno puede tardarse más de una hora en recorrerla en combi. En lugares donde sólo había tunales han surgido barrios nuevos como Ñawimpuquio, donde funciona la nueva sede del Ministerio Público. Al lado de ésta se viene concluyendo un edificio de cinco pisos: el mayor laboratorio de antropología forense del país.

Mientras los obreros colocan las tradicionales tejas sobre el techo del edificio, un amigo fiscal me comenta:

-Hay miles de entierros clandestinos y poco a poco los sobrevivientes se están animando a denunciar.

Para los campesinos, naturalmente, no es fácil decidirse: son una población que por décadas sufrió la crueldad de los hacendados, para luego padecer los crímenes de los senderistas y los militares.

Además, detrás de la cordialidad de los huamanguinos se mantienen relaciones verticales y racistas.

-En los colegios particulares, los niños de apellido español todavía discriminan a sus compañeros con apellido autóctono - relata un abogado.

Ubicados en la base de la pirámide social, los campesinos no sólo enfrentan pobreza y discriminación, sino abierta explotación. Muchas familias huamanguinas reciben en su casa a una muchacha campesina para que realice tareas domésticas, pagándole apenas 100 soles mensuales o menos aún.

-Las empleadas mejor pagadas apenas se reciben 180 soles –me refieren mis colegas.

Nadie ha oído hablar de pago de gratificaciones a una trabajadora del hogar, no digamos los demás derechos laborales. En realidad, mencionar el sueldo mínimo de 530 soles resulta sarcasmo para la mayor parte de ayacuchanos… aún en la ciudad. En el campo, los peones o jornaleros reciben cinco soles o menos.

Si desean un verdadero desarrollo, los huamanguinos no deberían pensar solamente en conservar la belleza de su ciudad, sino promover mejor calidad de vida para los más vulnerables. Aunque no quieran recordarlo, después de lo que sucedió en esas tierras, esa debería ser una prioridad.

Además…

-Quienes, en cualquier lugar del Perú, tengan apoyo de una trabajadora del hogar no se olviden que este jueves 1º le corresponde descansar o deberán pagarle por el trabajo de ese día.

-Ese mismo día se celebra en el Parque Municipal de Surco el tradicional festival T’anta Wawa donde panaderos de todo el Perú exponen y venden panes tradicionales.

-Mientras la agresión a una joven ecuatoriana ha generado una firme reacción de las autoridades de su país, incluyendo el propio Presidente Correa, la Cancillería peruana se muestra bastante pasiva frente a los casos de xenofobia sufridos por peruanos en Barcelona y otros lugares.

-La Comisión de Energía y Minas del Congreso decidió archivar definitivamente el proyecto de ley 1640, que pretendía declarar de interés nacional veinte proyectos mineros, algunos de ellos sumamente cuestionados como Majaz y Miski Mayo. Sin embargo, aún no se debate el proyecto 1628, que permitiría destinar áreas agrícolas y urbanas para la actividad minera.

-Hablando de proyectos dudosos, el Presidente García pretende disponer un seguro obligatorio para posibles negligencias médicas. En realidad, este seguro debería ser asumido por los hospitales o clínicas, dado que las desgracias ocurren por fallas muy diversas. Lo más importante sería que el Estado invirtiera seriamente en salud, incluyendo los sueldos que se paga a médicos, enfermeras y técnicos.

-Varios inspectores del Ministerio de Transportes estuvieron a punto de morir por la violenta acción de los conductores de buses-camión en Tacna, que se resisten a sanciones y controles.

-Hablando de protestas violentas, los pobladores de Carmen Alto en Ayacucho golpearon brutalmente a los encuestadores del censo de la semana pasada, como si tuvieran alguna responsabilidad en los problemas de límites de ese distrito (RP 168).

- Según ha denunciado el Presidente Regional de Ancash, César Alvarez, el reciente atentado en su contra habría sido originado por personas ligadas al partido de gobierno.

-El restaurante Vivaldino, en Larcomar, puede hacerse acreedor de una severa sanción por publicar ofertas de empleo con criterios discriminatorios por edad y rasgos físicos.

Estimados amigos,
Les hago llegar este texto sobre una práctica cuya subsistencia cada vez genera más polémica en Lima.
Saludos cordiales y una buena semana para todos,
Wilfredo

Reflexiones Peruanas Nº 169

TOMANDO AL TORO POR LAS ASTAS

Wilfredo Ardito Vega

Si la Municipalidad de Lima se decidiera a convocar a un referéndum para decidir la prohibición de las corridas de toros, éstas se convertirían, sin duda alguna, en parte del pasado, porque cuentan con la oposición de más del ochenta por ciento de limeños.

Los defensores de las corridas sostienen que se trata de una arraigada tradición que debe ser preservada. Sin embargo, diversos cambios culturales muestran que la mayoría de habitantes de la capital consideramos que existen otros valores más importantes.

Entre estos cambios destaca una mayor sensibilidad frente al sufrimiento de los animales, como quedó demostrado en julio pasado, al ser revelados los maltratos cometidos en algunos circos contra leones, monos y elefantes. En respuesta, varios distritos prohibieron la instalación de circos y se aplicaron diversas multas por la abierta infracción a la Ley 27265, que prohibe la crueldad hacia los animales.

Si uno lee esta norma, puede llamar la atención que subsistan las corridas de toros, donde no cabe ninguna duda sobre el sufrimiento que generan banderilleros o picadores. Sin embargo, la tercera disposición final de la misma ley establece que no tiene aplicación para las corridas ni las peleas de gallos.

Otro cambio interesante es la gran cantidad de limeños que en la actualidad acuden a restaurantes vegetarianos, por razones de religión, salud, sensibilidad o economía. “Es el país latinoamericano donde tienen más acogida”, me comenta una visitante de Washington, al constatar cuán difícil es encontrar mesa en los locales vegetarianos cerca de mi oficina. Uno de estos restaurantes ha duplicado sus instalaciones ante la creciente demanda.

Hace pocos años, los extranjeros vegetarianos se quedaban sin conocer la comida peruana, pero ahora existen todo tipo de opciones adaptadas para ellos, desde ají de gallina hasta papa rellena. Hace unos días en el Cusco, pude disfrutar de un lomo saltado con carne de soya, que sólo se diferenciaba del verdadero, porque era más fácil de masticar.

Si cada vez más limeños consideran innecesario matar animales para alimentarse o lastimarlos para que realicen piruetas, con mayor razón rechazan que el sufrimiento y la muerte de un animal se conviertan en un espectáculo.

Para mí, sin embargo, las corridas tienen un elemento aún más perturbador y es que las elegantes damas y los sonrientes caballeros que acuden a Acho saben que es altamente probable que ante sus ojos una persona muera o agonice atravesada por los cuernos del toro. Por ello, desde el punto de vista de los derechos humanos, las corridas me parecen totalmente inaceptables.

Además, el carácter elitista de las corridas, las ha convertido precisamente en impopulares, en todos los sentidos de la palabra. Una situación similar ocurre en el Reino Unido con la cacería de zorros, tan arraigada entre los aristócratas y tan rechazada por el resto de la población. En el Perú, además, las corridas incrementan los prejuicios hacia las personas de clase alta, consideradas crueles, insensibles frente al sufrimiento y propensas a la ostentación.

En este contexto, llama mucho la atención que en Lima las corridas sean asociadas al Señor de los Milagros, especialmente porque constituyen mas bien un rezago del sanguinario circo romano, donde murieron los primeros cristianos. De hecho, hace más de cuatro siglos, el Papa San Pío V dispuso que fueran prohibidas en los países católicos, pero los reyes de España ignoraron esta disposición.

Precisamente, muchos aficionados, entre ellos Mario Vargas Llosa, respaldan las corridas como una afirmación de la herencia española, pero ni en estos tiempos ni nunca, para la mayoría de peruanos la hispanidad ha sido un arraigado motivo de orgullo.

Ahora bien, aún aceptando que las corridas son una tradición hispánica, esto no quiere decir que deban ser preservadas. Si una práctica tradicional ofende los valores de la mayoría de la población, el Estado debería intervenir.

El año pasado, todas estas consideraciones llevaron a doce congresistas a presentar el proyecto de ley 496, que prohibe las corridas de toros y las peleas de gallos. Casi un año después, la Comisión de Educación no ha emitido ningún dictamen al respecto.

Acaso en otros lugares del Perú, la población mayoritariamente acepte las corridas de toros en fiestas patronales y otras celebraciones. En Lima, simplemente, por respeto a la voluntad de sus habitantes, hace mucho que las autoridades debieron haber actuado, siquiera para prohibir a prohibir a menores de edad el ingreso a las corridas. No es fácil, sin embargo, desafiar a la privilegiada minoría que en estos días acude a las tiendas Wong a comprar sus entradas.

Mientras los antitaurinos vienen organizando una marcha de protesta contra la corrida del domingo 28, la reticencia de las autoridades a “tomar el toro por las astas” refleja que para ellas las opiniones de algunos peruanos valen más que las de otros.

Además…

- Felicitamos a la Agremiación de Futbolistas Peruanos, por su incorporación a la lucha contra el racismo en el Perú. A quienes deseen, les puedo enviar la divertida fotografía sobre la suscripción del convenio que suscribieron con la Mesa contra el Racismo.

- Felicitamos a los trabajadores de Camposol, Agrokasa, Talsa y otras dos empresas agroexportadoras por haber logrado conformar sus sindicatos, resistiendo despidos, hostilidad e inclusive violencia física. El Comercio publica hoy lunes 22 un informe sobre abusos similares hacia trabajadores en Luz del Sur, Kola Real y Gloria.

-Pese a las observaciones de la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno decidió reabrir el penal de Challapalca, ubicado en la sierra de Tacna a 4,300 metros de altura. Los primeros 25 presos fueron trasladados la semana pasada.

-Hablando de la CIDH, ha sido lamentable que en una reciente audiencia el doctor Francisco Eguiguren Praeli, vinculado a la defensa de los derechos humanos, haya pasado a defender las políticas del Estado peruano que ponen en riesgo la vida de los pueblos indígenas en aislamiento.

-La Clínica San Pablo puede enfrentar severas sanciones por violar la Ley 26772 con su reciente oferta de empleo en que solicita “buena presencia” y “fotografía reciente” para tecnólogos médicos, enfermeras, obstetrices, secretarias y técnicos dentales.

-Hablando de racismo, la Parroquia de San Marcos, en San Juan de Lurigancho, organizará el próximo domingo 28 a las 11:00am una Misa contra el Racismo. Esperemos que este ejemplo sea imitado por otras parroquias.

-Siguiendo con la discriminación, resulta bastante curioso que el Presidente Alan García pretenda incorporarse al Club Regatas, una institución de prácticas machistas y marcada discriminación hacia las trabajadoras del hogar.

-El proyecto de ley presentado por la congresista Hilaria Supa para que el DNI sea gratuito y permanente fue rechazado en la Comisión de Constitución a propuesta del congresista Javier Velásquez Quesquén.

-Dentro del ciclo Lo Cholo en el Perú, la Biblioteca Nacional llevará a cabo un Festival de Cine Cholo. El sábado 27 a las 5pm se proyecta la exitosa película El Abigeo, del puneño Flaviano Quispe, que tiene mucha acogida en las ciudades andinas. La entrada es libre.