El féretro con el cuerpo del taxista Cirilo Tuero ha sido trasladado por las calles de Abancay, en medio del dolor de familiares y vecinos. Se trata de la segunda persona en lo que va del actual gobierno muerta por la policía mientras reprime una protesta popular. El primero fue el adolescente Jonathan Condori, fallecido el 30 de agosto, durante las protestas contra los bares-prostíbulos clandestinos que existen en Sicuani.

Durante el régimen de Toledo, la represión de manifestaciones generó la muerte de 15 personas. Los últimos de ellos, asesinados este año, fueron Mario Vargas, un estudiante de Datem del Marañón que protestaba contra la postergación de su provincia; Zoilo Huertas, un pescador que participaba en una manifestación contra una empresa langostinera que causaría daños irreversibles a Puerto Pizarro (Tumbes) y Guillermo Tolentino, un campesino de Huaraz que exigía mejores condiciones laborales al “service” mediante el cual la empresa Barrick ofrece trabajo a los comuneros.

Sin embargo, la movilización de Abancay tiene varias diferencias preocupantes porque no se debía a un problema de recursos naturales o exclusión: se trataba de un conflicto de gobernabilidad. A fines de noviembre, la Presidenta Regional de Apurímac, Rosa Suárez Aliaga, había anunciado que, ante la imposibilidad de realizar ciertas obras en Abancay, ejecutaría la partida presupuestal en Andahuaylas, pero algunos integrantes del gobierno regional la convencieron para que dejara sin efecto esa medida.

Sin embargo, varios días después, alentados por algunos dirigentes políticos y por varias emisoras radiales, centenares de habitantes de Abancay salieron a las calles a protestar. Atacaron violentamente el local del gobierno regional, exigiendo la renuncia de Rosa Suárez, a la cual le quedaban apenas veinte días de mandato.

En conflictos ambientales o laborales es posible un espacio de negociación y llegar a un acuerdo, especialmente si las partes logran respetarse mutuamente como interlocutores. En el conflicto de Puerto Pizarro, por ejemplo, se acordó que no se construiría la langostinera y el conflicto de Huaraz se diluyó cuando Barrick aceptó incrementar el salario a los trabajadores y atender a los heridos. En cambio, en un conflicto de gobernabilidad, no es posible la negociación, porque no es posible compartir el poder y los beneficios económicos.

Habitualmente, quien pretende ocupar el cargo sostiene que lucha contra la corrupción o la arbitrariedad y quien no desea dejarlo argumenta estar amparado por la legalidad. La tensión se incrementa cuando el formalismo, la ineficiencia o lentitud son la respuesta de las autoridades encargadas de procesar denuncias por corrupción o fraude electoral.

En este contexto, se pasa abruptamente a mecanismos violentos, debido, además, a que los involucrados intentan adrede generar sentimientos colectivos de indignación, normalmente usando emisoras locales, que suelen inventar impunemente todo tipo de acusaciones. En algunos casos, pandilleros y delincuentes comunes se incorporan a los bandos en conflicto, sin que éstos muestren mayor rechazo a estos “refuerzos”.

De esta forma, los conflictos de gobernabilidad terminan generando graves daños a la propiedad privada, a edificios públicos y, lo más grave, a las vidas humanas. El caso más conocido es el del alcalde de Ilave, Fernando Robles, pero también las muertes del soldado Elmer Rojas en Chavín de Huántar durante las elecciones de noviembre y de la señora Casilda Infantas en la municipalidad de Chao (La Libertad), reflejan el grado de intolerancia que caracteriza a estos conflictos.

Cuando la protesta termina convirtiéndose en una sucesión de delitos, las fuerzas de seguridad deben intervenir, pero lamentablemente, las autoridades policiales parecen desconocer que existen formas no letales de dispersar a una población y el desenlace puede ser trágico.

Para enfrentar estas crisis, existen algunas propuestas: por ejemplo, durante la anterior legislatura, el congresista Yohny Lescano presentó un proyecto para modificar los artículos 191 y 194 de la Constitución y permitir que los alcaldes y regidores puedan renunciar, lo cual implicaría una válvula de escape en muchos conflictos de gobernabilidad.

A manera preventiva, Lescano planteaba también que ningún gobierno local o regional pudieran ser asumido por un candidato con menos del 20% de los votos. De ser el caso, los dos candidatos más votados deberán pasar a una segunda vuelta electoral. El proceso podría ser costoso, pero aseguraría una mayor legitimidad.

A más recursos lleguen a gobiernos locales y regionales, más probables serán los conflictos de gobernabilidad y es más urgente prevenirlos. Pueden ocurrir en todo el país, pero cuando surgen en las zonas más excluidas, se aprecia que muchos habitantes participan, porque se sienten (o los hacen sentirse) directamente afectados.

Esperemos que el régimen de Alan García comprenda que existen otras maneras de enfrentar y prevenir estos conflictos, más allá de la simple represión. De lo contrario, será cada vez más frecuente que lugares antaño apacibles como Abancay se transformen en espacios de ingobernabilidad.

LA HISTORIA DE ANGIE Recibí este mensaje el 31 de octubre del 2006. Wilfredo, te cuento que la joven que me ayuda en casa se llama Angie y dicho sea de paso esta mañana me pidió un adelanto de sueldo. Ella se irá hoy a las 5 de la tarde pues tiene una cita en la peluquería para estirarse el cabello y estar regia para ir a su tono. Le he sugerido que no tome mucho, y celebre el Día de la Canción Criolla en vez del Día de Brujas. No sé si me haga caso, pero al menos cumplí con darle mi punto de vista, ja, ja, ja… Ella tiene 18 años, estudia la carrera de enfermería y tiene planeado terminarla en el mes de marzo del 2007. Luego de ello piensa en especializarse, me dice ella, un poco más en cuestiones administrativas. Su horario de estudios es de 6 a 9 pm. Los sábados y domingos hace sus prácticas en un hospital por las noches, así que nos despedimos los sábados a las 5pm y nos volvemos a ver los lunes a las 7:30 am. Angie tiene una habitación al lado de la mía con una cama de dos plazas. Le hemos puesto allí una TV con cable, un escritorio y una lámpara para que pueda hacer sus tareas. Los sábados mi esposo y yo vamos al mercado, traemos las cosas, que Angie luego acomoda y después almorzamos juntos. Por la tarde mientras nosotros descansamos un poco, Angie empieza a arreglarse para ir a sus prácticas. Los feriados en mi casa son feriados para todos. En julio y diciembre, pagamos las gratis, que para nosotros son un sueldo completo (no medio sueldo como indica la ley). Amigo, hay algo que no cumplo, y es el asunto de salud. No la he asegurado. No sé cómo hacer para que disfrute también de este derecho. Quizás la inscriba en el seguro de mi oficina. Si tienes alguna ley a mano me la pasas, please!!! Finalmente, creo que Angie es una joven inteligente y sigue una carrera que le permitirá salir adelante. Angie no sabe agachar la cabeza y cuando se ríe, lo hace con tantas ganas que estoy segura que los vecinos la escuchan. Lo que quiero decir, es que creo el ambiente de respeto mutuo en el que vivimos le ha permitido obtener una gran seguridad y ha hecho de ella una mejor mujer.

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Además…

-Cada vez parecen más sólidos los vínculos de Forza, la empresa que brinda seguridad a Yanacocha, con las actividades de seguimiento y vigilancia que padecieron el padre Marco Arana y los demás integrantes de Grufides. Por lo pronto, el diario La República, que ha dado mayor cobertura a estos hechos, no puede conseguirse en Cajamarca, porque algunos individuos llegan a los kioskos y compran toda la edición… al triple de su precio habitual.

-El Congreso de Estados Unidos aprobó sin mayor problema la prórroga de la ATPDEA, aunque hace algunos meses, muchos formadores de opinión sostenían que era imposible dicha prórroga, por lo que debía aprobarse el TLC con Estados Unidos.

-Hablando del TLC, Antero Flores Araoz, recordado por sus expresiones racistas y sus maniobras para lograr la aprobación del TLC en el Congreso peruano ha sido premiado con el cargo de Embajador ante la OEA y se ha trasladado a Washington.

-Un grupo de alumnos de la Universidad Católica ha lanzado el blog Caldo de Cultivo sobre las implicancias del racismo entre los jóvenes peruanos.

-Hablando de la PUCP, Enrique Mosqueira, alumno de Estudios Generales Letras ha escrito en el informativo universitario Punto Edu que la Semana contra el Racismo fue muy positiva, pero que en los diversos cursos que recibe se habla del racismo como algo lejano y no una realidad que afecta a alumnos y profesores.

-Un informe de la Defensoría del Pueblo ha confirmado que el Ministerio de Energía y Minas autorizó a operar a la empresa minera Majaz en el territorio de dos comunidades campesinas piuranas sin que éstas lo hubieran autorizado.

CÓMO ENFRENTAR EL RACISMO HACIA LOS TURISTAS PERUANOS

Wilfredo Ardito Vega

Hace unos meses, al llegar a Písac en el Valle Sagrado, quise cambiar un billete de 100 soles y el único lugar que ofrecía este servicio era el albergue Samana Wasi (casa de descanso). Delante mío había una docena de franceses, a quienes el encargado entregaba fajos de billetes de 10 y 20 soles por sus euros o dólares. Cuando tocó mi turno, me miró con severidad y me dijo:

-Si quieres, te cambio tu billete, pero te cobro una comisión.

-¿Por qué?

-Porque aquí trabajamos para los turistas.

-Yo también soy turista.

-¡Mentiroso, tú eres guía! - me dijo desdeñoso y pasó a atender a otros extranjeros.

Indignado, pasé al hospedaje que había reservado, el Hostal Písac y la chica que atendía primero dudó que yo fuera la persona cuyo nombre estaba escrito y luego exigió que pagara por adelantado, evidenciando siempre el desagrado por mi presencia. Súbitamente su rostro hostil se iluminó, como el de un anacoreta ante una aparición: habían ingresado dos turistas extranjeros y empezó a atenderlos sumisa y sonriente.

-Qué amable eres con ellos, ¿no? -le dije y me marché, disgustado por ser maltratado sucesivamente en mi propio país.

La mala experiencia de las congresistas María Sumire e Hilaria Supa (RP 105) ante el mostrador de Iberia, refleja el racismo existente en la infraestructura destinada al turismo. Desde los “pubs” del Cusco hasta las discotecas miraflorinas, desde las playas de Zorritos (RP 24) hasta uno que otro restaurante en Puno, mozos, empleadas de aerolíneas o porteros de hoteles asumen que “el turista” tiene rasgos nórdicos y, a veces, orientales, y cuando llega un cliente peruano es percibido con sospecha o abiertamente discriminado. Para mantener alejados a los indeseables connacionales y, a los similares latinoamericanos algunos establecimientos difunden sus servicios solamente en inglés.

Por ello, si bien Paola Bolívar, Antonella Gonzales y Roxanna Sevilla, las empleadas de Iberia que atendieron a las congresistas, deben asumir su responsabilidad legal, sería un error reaccionar como si ellas fueran las únicas personas racistas del Perú. Es peligroso también explicar el racismo por el carácter extranjero de una empresa: la abrumadora mayoría de prácticas racistas en nuestro país son cometidas por peruanos hacia peruanos.

A nuestro entender, más que calificar a Iberia como una empresa racista, debe precisarse que su responsabilidad está en carecer de una política para enfrentar el racismo de sus empleados peruanos y esta política sería esencial para cualquiera que desee realizar negocios en nuestro país (RP 45), más aún para quien presta servicios a un público tan multirracial como el que aborda los aviones hacia España.

Un problema adicional que los permanentes incidentes discriminatorios revelan es la ineficiencia de las instituciones públicas que deberían enfrentarlos. En el caso de Samana Wasi, el procedimiento ante Prom-Perú fue inútil: no encontraron ningún establecimiento registrado con ese nombre, a pesar que aparece en todas las guías turísticas y está en plena plaza de armas de Písac.

En cuanto a Indecopi, el ciudadano que intenta denunciar un caso de discriminación deberán enfrentar numerosas dificultades. En primer lugar, debe pagar una tasa para iniciar el procedimiento, lo cual es injusto y disuasivo. En segundo lugar, la Ley 27049 dispone que pruebe que fue discriminado, lo cual es sumamente difícil. Si eventualmente hay una multa para el establecimiento infractor, ésta incrementa los ingresos fiscales y el denunciante no recibe ninguna indemnización.

Adicionalmente, algunos funcionarios de Indecopi presentan un servicio tan deficiente como el que muestra la caricatura de Perú 21 o son francamente hostiles hacia quienes osan presentar un reclamo. En este contexto es muy preocupante que Jaime Thorne, el nuevo Presidente de Indecopi señale que la institución será aún “menos intervencionista”, poniéndose a tono con las tendencias neoliberales que se han apoderado de este gobierno.

Están pendientes, por lo tanto, al menos cuatro modificaciones para evitar que las prácticas discriminatorias continúen: los reclamos deben ser gratuitos, la investigación de los hechos debe corresponder a Indecopi, los funcionarios encargados requieren un mayor compromiso y, en caso de disponerse una multa, al menos un porcentaje de ésta debería pasar al agraviado. Una sanción eficaz sería también suspender temporalmente la atención de los establecimientos infractores.

Finalmente, es fundamental que la Ley 28867 sea aplicada por el Ministerio Público y el Poder Judicial. El temor a la prisión puede generar un cambio en la conducta de propietarios de restaurantes, hoteles o discotecas racistas.

Si no se enfrenta seriamente la discriminación en los servicios turísticos, es preferible que el gobierno deje de establecer feriados largos con el argumento de promover el turismo interno, porque pretender conocer el Perú puede generar muchas experiencias desagradables a los peruanos.

Un episodio de racismo al revés

“POR SER BLANCO TENGO LA CULPA”

Alberto, el autor es un joven abogado mestizo, que pasó por blanco en una determinada situación. Este es uno de los muchos relatos que recibí con motivo de la RP 116 sobre el Racismo al Revés. Mis observaciones están en cursiva.

Hace un año, estaba en la carretera central a la altura de Chosica paseando con mi novia cuando una coaster que se dirigía a Huaycán me chocó por detrás. Hubo un daño al chasis del auto y el chofer me ofreció una cantidad totalmente insuficiente. Cuando quise reclamar, el cobrador y los pasajeros se bajaron y comenzaron a increparme que yo había tenido la culpa.

Era absurdo, pero yo preferí no hacerles mucho caso y le dije al chofer que si no quería pagar el daño, mejor íbamos a la comisaría. En ese momento, mientras volvía a mi auto, escuché la frase que temía:

-¡Porque tienen carro creen que pueden hacer lo que quieren! - gritaron varias personas desde el micro.

En la comisaría tenía a casi toda la coaster diciéndole al policía cosas inimaginables sobre mí e insistiendo que yo había tenido toda la culpa. Yo intentaba hacer valer mi versión, pero el policía me dijo que iba a dar por verdad la declaración de los demás, porque “eran mayoría”. Allí sí no pude aceptar y con argumentos jurídicos le dije que eso no tenía sentido. Entonces, el policía me dijo:

-Lo que pasa es que usted es un hijito de papá y cree que siempre puede hacer lo que quiere, pero aquí el policía soy yo.

Como puede imaginarse, armé un escándalo al policía y estoy seguro que tenía ganas de hacerme detener y darme una golpiza. Dijo que me llevarían al dosaje etílico, por lo que yo opté por llamar al seguro. El policía, enfurecido, insistía en que entrara al patrullero para llevarme a hacerme el dosaje y entonces se reanudó la discusión con él, esta vez en plena calle y cada vez más exaltados. Yo todavía podía ser irónico y exclamé:

-¿O sea que porque yo soy blanco tengo la culpa? –debo decir que en ese momento de mi vida, frente a esa comisaría me di cuenta que podía ser blanco para otros peruanos.

-¡Claro que sí, porque ustedes abusan de los humildes! –me gritó, totalmente seguro de sus palabras.

Después de eso, yo ya no sabía lo que estaba haciendo. Me fui a la coaster, donde estaban el chofer y el cobrador bastante tranquilos, entré y empecé a gritarle al chofer:

-¡Si no acepto el dinero que me quieres dar no es porque sea poco, sino porque me has tirado encima a los pasajeros sabiendo que es tu culpa! ¡Has actuado como un miserable, usando los sentimientos de la gente contra mí! ¿Tú acaso sabes quien soy yo, cómo pienso, qué hago con mi vida? ¿Alguna vez me has visto a mí discriminar o ser racista? ¡Lo que no te perdono es que me hayas insultado diciendo esas cosas de mí…! -y seguí gritando.

Al parecer ese estallido los conmovió a los dos. El chofer, sin decir una palabra, sacó más dinero del que había señalado inicialmente y me lo entregó. Después me dijo:

-Disculpa.

Ante esa reacción, de un momento a otro, pasamos a hablar más tranquilos en la coaster, casi como amigos a pesar de todo lo que nos habíamos dicho. Estuvimos conversando un rato sobre el racismo y el daño que nos hace a los peruanos.

No sé si Alberto les comentó que había participado en varias protestas contra el racismo. Quizás les contó cómo por las noches dejaba la Ley sobre Trabajadoras del Hogar a escondidas en las casas de sus vecinos, para que sólo las empleadas las pudieran ver. Quizás les dijo que su segundo apellido era andino, acaso más andino que los apellidos de ellos. Quizás el chofer y el cobrador le contaron sus propias experiencias. Quizás logró que lo vieran como un igual, a pesar del auto, la coaster, el calor, el policía y los pasajeros.

De esto hace más de un año, pero fue muy doloroso para mí. Yo venía de haberme sensibilizado mucho a partir de las novelas de Manuel Scorza y había idealizado a un sector de la población peruana. Esta experiencia me hizo sentirme de golpe diez años más viejo. Comprendí que entre los peruanos discriminados no sólo hay personas llenas de bondad sino también centurias de prejuicios y deseos de revancha esperando por explotar.

Wilfredo Ardito Vega

El domingo, cuando se confirmaron los primeros resultados electorales, me di cuenta que no tenía a nadie a quién felicitar. Todas las personas de mi entorno cercano viciaron su voto (la gran mayoría), votaron por Ollanta Humala (algunos, aunque cada vez hay más que van confesando), o si se decidieron a votar por Alan García (muy pocos) lo hicieron resignados y sin entusiasmo, sólo para evitar que Humala ganara.

Al mismo tiempo, claro, habrá otras personas que no conocen a nadie que haya votado por Humala y les desconcierta la marcada preferencia por él en la sierra, la selva y el sur del Perú. Sin embargo, lo más destacable, a mi modo de ver, es que en estos departamentos no primó el “voto por el mal menor”, tan común en las segundas vueltas peruanas: Humala ya había ganado allí el 9 de abril y abrumadoramente: todos los congresistas de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac son de UPP.

De hecho, muchas calamidades asociadas al primer gobierno de García, son pesadillas urbanas poco familiares a los campesinos: nunca supieron qué era el dólar MUC, no tienen todavía luz eléctrica como para extrañar los apagones y ya les habría gustado colocarse en alguna cola para conseguir los comestibles de los que normalmente carecen. Lo que generó el respaldo para Ollanta Humala fue que encontraron en él la esperanza que su vida podría mejorar frente a la exclusión que padecen.

A quienes siguen creyendo que los votantes de Humala están conducidos por el odio o el resentimiento, conviene señalar que es muy positivo que los habitantes de los departamentos “humalistas” hayan respaldado una alternativa que se presentó dentro del sistema democrático. Aunque a veces no queramos darnos cuenta, la violencia subversiva se encarnó en un contexto de pobreza y exclusión. Si estos problemas no se enfrentan, la violencia siempre puede resurgir, esta vez con un elemento de identidad regional y étnica que no existía hace unos años y que, en principio, no debería ser percibida como peligrosa o preocupante por sí misma.

Ante este panorama, es fundamental que el gobierno de Alan García haga todo lo posible para enfrentar las demandas de esa población. Es decir, paradójicamente, atender más los lugares donde no ganó. Sin embargo, desarrollar políticas sociales puede afectar los intereses de los poderes fácticos existentes en nuestro país. Por ejemplo, para obtener recursos para inversión social, sería necesaria una mayor presión tributaria… ¿será justo entonces que algunas empresas mantengan cómodos convenios de estabilidad?

Los poderes fácticos no apoyaron a García con sus recursos y sus medios de comunicación para verlo renegociar contratos, revisar el TLC o dar normas en favor de los trabajadores. Esperan mas bien que él se convierta en su nuevo hombre de confianza, siguiendo el camino de Fujimori o Toledo (eso es lo que está detrás de la frase “mantener la confianza de los inversionistas”). Pero favorecer marcadamente a los sectores empresariales, puede terminar fortaleciendo a UPP como fuerza de oposición, tomando en cuenta, además, que este partido seguramente conseguirá controlar numerosos gobiernos regionales y locales en las elecciones de noviembre.

Es posible que algunos conflictos sociales que aquejaron al régimen de Toledo se acrecienten en los próximos años. Por ejemplo, varios alcaldes apristas como el de Huancayo, han pretendido privatizar los servicios de agua generando fuerte rechazo de la población. En el tema medioambiental es preocupante la cercanía de varios dirigentes apristas con empresas mineras controvertidas, como el caso de Majaz en Huancabamba. ¿Cuál será la reacción del régimen en los numerosos conflictos existentes entre empresas mineras y comunidades?

Una preocupación cercana es la posible reacción frente a las movilizaciones populares. Durante el primer gobierno de Alan García la represión policial era sumamente violenta. El 9 de febrero de 1989, por ejemplo, decenas de campesinos desarmados fueron asesinados por la policía en la Plaza de Armas de Pucallpa. Durante esos años, hechos similares se produjeron en otros lugares del país. Algunos dirigentes campesinos temen también la reactivación de grupos paramilitares.

Volviendo a Humala, a mediano plazo se podrá apreciar si el proyecto nacionalista logra consolidarse o es sólo una agrupación de oportunistas sin mayor ideología, como Perú Posible. En caso se dé el primer caso, es posible que atraiga a muchas personas que conozco y que no votaron por él, no por considerarlo demasiado radical respecto al TLC o los recursos naturales, sino todo lo contrario, porque no creían que fuera a cumplir sus planteamientos (me disculpan los demás lectores, pero así son muchos amigos míos).

Terminando este texto, por fin un amigo me escribe desde Europa diciendo que va a volver al Perú, porque espera insertarse en el nuevo gobierno. Al menos, en este ambiente de incertidumbre, es satisfactorio tener a quién felicitar.

Además…

-La discoteca Café del Mar, cuyas prácticas racistas generaron el último plantón del grupo Basta de Racismo, fue multada por Indecopi con 125,000 soles.

-En el Día del Medio Ambiente, felicitamos a la Universidad del Pacífico porque en sus instalaciones no se venden cigarrillos, pero lamentamos la prórroga del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental a la empresa Doe Run. La salud de los niños de La Oroya le importa muy poco al régimen que termina.

Control de Santa Rosa, frontera con Chile. 23 de febrero del 2006. A mediodía se detiene un ómnibus de Ormeño en dirección a Buenos Aires. Los pasajeros descienden para presentar sus documentos. Cuando le toca el turno a dos jóvenes limeñas, el policía a cargo de las requisitorias les pide sus Libretas Militares.

-No las hemos traído.

-Entonces no viajan –contesta el policía -. Y yo me quedo con sus pasaportes.

Les exige que se aparten para atender a los demás pasajeros y entonces, solícito, se acerca el chofer del ómnibus.

-No se preocupen. Él quiere plata –el chofer fija una tarifa, recoge el dinero y regresa luego con los pasaportes.

“Era evidente”, recuerdan las agraviadas, “que el chofer actuaba en complicidad con el policía y parece que les informaba sobre quienes parecían más vulnerables”. A los demás pasajeros, viajeros más frecuentes en esa ruta, no tuvieron mayor inconveniente y hasta el momento las quejas al Ministerio del Interior y a la empresa Ormeño han sido inútiles.

Mejor suerte tuvo el año pasado un cooperante finlandés detenido y trasladado a la comisaría de Ventanilla, mientras se dirigía hacia un colegio. Una vez enterado de lo sucedido, avisé a la Defensoría del Pueblo del Callao y luego llamé a la comisaría.

-¿Acaso un extranjero puede andar libremente por el territorio nacional? ¿Qué estará haciendo? Tenemos que acreditar su situación –fueron las primeras palabras del comisario.

Súbitamente, perdió toda altivez, al punto que yo en un principio pensé que se trataba de otro policía.

-No se preocupe, hemos comprobado la identidad del señor y se puede retirar –me dijo. Le habían avisado que estaban llamando de la Defensoría.

En realidad, al finlandés le habían pedido 200 soles y estaban convencidos que, asustado, pagaría.

Cuando los extranjeros parecen vulnerables, suelen despertar la codicia de algunos integrantes de la Policía Nacional. Un chofer de Talara recuerda una experiencia similar: “Yo llevaba cuatro extranjeros al aeropuerto de Piura y nos detuvo en pleno desierto la Policía de Carreteras. Al ver que los pasajeros no eran peruanos, les pidieron 50 dólares a cada uno”. Luego de media hora de tensión, llegó el comisario de Talara y dispuso que el vehículo continuara su marcha. El chofer había logrado llamar por celular a su jefe, con mucha influencia en la ciudad.

Una situación similar pasaron hace dos años unos amigos ecuatorianos que asistían a un encuentro sobre Justicia de Paz en Tumbes. El vehículo en que viajaban fue interceptado tres veces, en el trayecto desde Aguas Verdes, por diferentes grupos de policías, que pretendían exigirles dinero con cualquier pretexto. Sin embargo, los visitantes, abogados y dirigentes indígenas, no se dejaron amedrentar.

Con mucha frecuencia, la Policía de Carreteras permite que ómnibus interprovinciales o camiones pasen ante sus ojos cometiendo todo tipo de flagrantes infracciones, mientras ellos esperan que llegue un conductor particular para extorsionarlo. Un médico que viajaba con su familia a Trujillo recuerda que en Virú un policía pretendió buscar cualquier irregularidad en el vehículo y al no encontrarla, le impuso una multa por carecer de las banderitas refractarias, obligatorias sólo para las unidades de transporte público… un pretexto absurdo, porque en realidad quería una coima.

Las extorsiones también pueden ser cometidas contra los lugareños. El año pasado, en varias comisarías cusqueñas detuvieron a campesinos indocumentados, para pedirles dinero a cambio de su libertad (extraño fruto de un artículo del Código Procesal Penal, felizmente aún no vigente).

Hace cinco años, un policía evangélico me comentaba, haciendo referencia a su magro sueldo “Yo rezo para no llegue el día que tenga que delinquir”. En todo este tiempo, ni las remuneraciones, ni la imagen ni el comportamiento de la policía han mejorado significativamente. Es más, se dispuso la campañas “A la Policía se le Respeta”, asumiendo que los ciudadanos son los corruptos. El único cambio fue de uniforme, es verdad, pero costó mucho, para lo poco que duró y generó además mayor frustración entre los policías.

Los policías extorsionadores creen que sus víctimas, por ser extranjeros, pobres o personas de paso, no tienen suficientes conexiones como para pedir ayuda. Sin embargo, dirigirse a la Defensoría del Pueblo sí puede ser una buena opción. En el caso de Virú, por ejemplo, se consiguió identificar y sancionar al policía abusivo. Días después de la detención del finlandés, el comisario de Ventanilla me llamó para rogarme que retirara la denuncia, pero el proceso continúa.

En todo caso, si usted viaja por el Perú, le conviene tener a la mano los teléfonos de las oficinas defensoriales y las organizaciones de derechos humanos. A estas entidades corresponde diseñar mecanismos para actuar rápidamente ante los abusos policiales y capacitar a la población para enfrentarlos… al menos, mientras las extorsiones continúen.

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Además…

-El Congreso aprobó la Ley 28736, que pretende proteger a los indígenas en aislamiento, pero permite que en sus tierras realicen actividades extractivas.

-La clínica de San Isidro que señalamos en la RP 94 sostiene ahora que los resultados de las pruebas de VIH a trabajadoras del hogar se entregan a ellas y no a los empleadores. Al parecer va a suspender estos exámenes.

-Felicitamos a los vecinos de Sullana por haber logrado impedir la tala de árboles en su Plaza de Armas (RP 93).

-Siguen las protestas en los hospitales de Essalud por el incumplimiento en la entrega de medicinas para enfermedades como esquizofrenia y epilepsia. Lo que sí se cumple es el sueldo del Presidente Ejecutivo (16,800 soles).

¿Cuánto valoran los peruanos la democracia? Según algunos analistas, el creciente respaldo a Ollanta Humala, a quien algunos medios de comunicación muestran como un personaje peligrosamente autoritario, daría entender que muy poco.

En realidad, deberíamos precisar qué entendemos por democracia. A mediados de junio del 2002, el gobierno puso a Arequipa bajo el control militar, impuso el toque de queda y el estado de emergencia para “defender la democracia”. Tres días después, cuando el gobierno dio marcha atrás en la privatización de las empresas eléctricas, los arequipeños salieron a las calles a festejar “el triunfo de la democracia”.

En el primer caso, el régimen de Toledo, como antes Belaúnde, García y Fujimori, se referían a una democracia delegativa en la que el Presidente y el Congreso tienen cinco años libertad para actuar según les parezca. El pueblo de Arequipa, en cambio, identificaba democracia con el respeto a la voluntad popular, siguiendo una concepción de de democracia participativa.

En realidad, es la primera forma de democracia aquella de la cual muchos de los peruanos más pobres (y otros no tan pobres) están decepcionados.Una democracia participativa no es ajena a los peruanos. En muchas comunidades nativas y campesinas se practica de manera permanente. Pocos días antes del conflicto de Arequipa, el municipio de Tambogrande en Piura, decidió dar un ejemplo similar, al convocar a los vecinos a un referéndum respecto a si debía existir explotación minera dentro del distrito. Ante diversos observadores peruanos y extranjeros, el No obtuvo el respaldo mayoritario, pero el gobierno de Toledo se apresuró a decir que no la decisión del pueblo no tendría ningún efecto.

Por otro lado, debe reconocerse que en el Perú existe una larga tradición de respeto a los “caudillos”. En el siglo XX, Leguía, Odría, Velasco y Fujimori fueron buenos ejemplos de devoción popular, no por una combinación de represión y manipulación, sino porque supieron entregar a la población beneficios más tangibles que muchos gobiernos democráticos… y a mayor es la necesidad de una persona, más aprecia lo tangible frente a lo formal.

Además, en el caso de los campesinos andinos, entre quienes Ollanta Humala tiene notables preferencias electorales, su relación con la democracia ha sido sumamente breve. La mayoría no estuvo sometida efectivamente a las autoridades estatales, sino a los terratenientes, hasta que Velasco dispuso la Reforma Agraria que ningún gobierno democrático había querido llevar a cabo (¿para qué hacerla, si los analfabetos no votaban?).

Cuando once años después, los militares dejaron el poder, los campesinos no tuvieron mucho tiempo para disfrutar de democracia, porque comenzó la violencia de Sendero Luminoso. Al gobierno del demócrata Belaúnde no se le ocurrió otra forma de enfrentarlo que mediante una represión indiscriminada. Resulta paradójico que el “patriarca de la democracia” haya logrado que el Estado se equiparara en crueldad con el propio Sendero, al permitir las masacres más crueles y sistemáticas de la historia peruana, según señala el Informe de la Comisión de la Verdad.

El flagelo terrorista sólo fue detenido durante el régimen autoritario de Fujimori… y ese Estado autoritario fue el que se expandió por centenares de distritos donde había estado por muchos años ausente. Millones de campesinos sintieron que alguien por fin se había acordado de ellos, como yo escuchaba decenas de veces en aquellos años. Por todo ello, en muchos lugares del Perú, la experiencia democrática se restringe, básicamente, al régimen de Toledo, que tuvo el desatino de pretender profundizar la política neoliberal de Fujimori, sin contar con sus recursos populistas.

Si bien Toledo no alentó masacres como las ocurridas bajo Belaúnde, sí llevó a cabo una política en que los derechos de los campesinos y nativos eran ignorados y sus tierras concedidas a empresas extractivas. Desde Cajamarca hasta Ucayali y desde Cusco hasta Loreto, las protestas sociales mostraron un régimen sumido en una patética falta de legitimidad. El único beneficio que parecía dar la democracia eran los espectáculos patéticos que brindaban los políticos ante los medios de comunicación.

En el fondo, a algunos que advierten espantados sobre el inminente autoritarismo, les agradaría que alguien como Ollanta Humala usara su firmeza al servicio de los grupos de poder.

Seguramente, ya están pensando cómo cooptarlo. A los peruanos que valoramos la democracia nos corresponde darnos cuenta que esta no es compatible con el racismo, la impunidad, la desigualdad y la miseria. Por lo tanto, delegativa o participativa, aceptemos que vivimos en una democracia imperfecta y que el gran reto para todos, electores y elegidos, es construir una democracia sin exclusión. El próximo domingo, lo recomendable es no votar por venganza o por temor, sino por quien tenga esa misma mira.

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Un proyecto presentado por el Congresista Jacques Rodrich y respaldado por todas las bancadas incrementa las sanciones a quienes discriminen y, por primera vez, sancionaría la discriminación hacia los homosexuales, los discapacitados, las personas mayores, las trabajadoras del hogar y un largo etcétera. Es el 14510 y lo comentaremos pronto.